El vale todo de la Operación Océano

La columna de Pau Delgado Iglesias

5 minutos

Nº 2133 - 29 de Julio al 4 de Agosto de 2021

“Mi cliente les compró bizcochos antes de tener sexo, pero ellas le mintieron, él no se dio cuenta que tenían la misma edad que su hija”; “mi cliente daba clases a adolescentes en el Elbio Fernández, pero estas chiquilinas tienen tanta cirugía arriba que él no se dio cuenta que eran casi como sus alumnas”; “mi cliente fue juez de menores y le gusta decir que es un viejo verde, pero esas jóvenes le mostraron una cédula falsa”; “mi cliente fue fundador de Trillonario.com, pero no hubo abuso de poder: la familia de la muchacha tenía casa en la playa”; “mi cliente era dueño de un colegio en Punta del Este, pero ella no era vulnerable, hablaba muy bien inglés”; “mi cliente es psicólogo/odontólogo/fotógrafo/ingeniero; ellas, ellas no son nadie, pero viajaron a Machu Picchu, y además los abogados estamos hartos del concepto de asimetría de poder”.

Así, más o menos, el tipo de argumentos esgrimidos por algunos de los abogados penalistas más caros y conocidos del país, en su defensa a los acusados por el mayor caso de explotación sexual a niñas, niños y adolescentes en la historia uruguaya.

Aunque se sabe que todo acusado se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario (in dubio pro reo), esto de ningún modo puede llevar a culpabilizar a las víctimas. Sin embargo, esa parece haber sido la principal estrategia de la defensa de los imputados a lo largo de toda la investigación: básicamente repetir una y otra vez que las víctimas mintieron y que la culpa es de ellas por engañar a sus clientes. Los abogados se han centrado en hablar mal de las jóvenes y desprestigiarlas de todas las formas posibles: por su apariencia física, por lo que dicen en sus chats, o por el destino de sus viajes. Lamentablemente, gran parte de la prensa local replica titulares con fruición amarillista, haciéndose eco de muchos disparates.

Aunque quieran jugar las cartas de la “mala víctima”, es importante recordar que ninguna de las difamaciones contra las adolescentes va a lograr exonerar de responsabilidad a los adultos por los delitos que hayan cometido. La bibliografía es extensa en este sentido. Como se puede ver en la página de Unicef Uruguay sobre explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (unicef.org/uruguay/nohayexcusas), investigaciones realizadas en el país muestran que argumentos como los que viene usando la defensa de los acusados, son el tipo de excusas más utilizadas por los explotadores para justificar sus actos: “No sabía que era menor”, “Ella me provocó” o “Hay gurisas que aparentan más edad, y con eso te engañan”, entre varias otras. El mensaje de Unicef es claro y contundente: por más que pretendan excusarse, estos adultos están cometiendo un delito y son los únicos responsables por ello. Parece increíble que los abogados más cotizados del país usen para sus clientes los mismos argumentos que Unicef recoge en su página bajo el rótulo “excusas y mitos”.

Como lo explica en un artículo la doctora Lucía Fernández Ramírez (2021), la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes “es un delito cometido por adultos (incluso estadísticamente adultos de avanzada edad y con niveles educativos de medio a alto) y de ninguna manera es posible depositar la responsabilidad en la víctima o considerar la posibilidad de que haya consentimiento válido de su parte”.

Para la configuración del delito, alcanza con que los acusados hayan pagado o prometido pagar (o dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza) a cualquier persona menor de edad o incapaz, de cualquier sexo, para que ejecute actos sexuales o eróticos. Al mismo tiempo, es importante recordar que las niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de explotación (según el artículo 40 de la Ley 19.643 y el artículo 126.5 del Código de la Niñez y la Adolescencia).

Pero cuando abogados poderosos representan a acusados poderosos, lo que parece tan obvio se vuelve más complejo. Así, en el camino desaparecieron misteriosamente archivos con documentación sobre la víctima principal y aunque se inició una investigación penal sobre la posible responsabilidad de Interpol, los abogados “aprovecharon” para atacar a la Fiscalía y pedir la nulidad del caso. Aunque la jueza rechazó la nulidad, los abogados apelaron y ahora la decisión está en el Tribunal de Apelaciones. La estrategia de los penalistas no se basa entonces solamente en descalificar a las víctimas: también se viene haciendo un gran esfuerzo por desacreditar a la Fiscalía, y en particular a la fiscal Darviña Viera. De hecho, en agosto del año pasado algunos de los abogados la denunciaron ante la Fiscalía de Corte por “supuestas filtraciones a la prensa sobre la investigación”. La denuncia fue archivada por falta de argumentos.

Así avanza esta causa: entre imputados que contratan agencias de comunicación “para comunicar a la opinión pública los hechos de la investigación desde su óptica” (como señaló el fiscal de Corte, Jorge Díaz), abogados que hacen un permanente abuso de las vías procesales para dilatar y entorpecer el caso, y un esfuerzo constante por desprestigiar a víctimas y Fiscalía, siempre con la ayuda de varios medios de prensa. Seguramente, si algo va a poner al descubierto la Operación Océano, es qué tanto se puede confiar en la Justicia de este país.