En año de transición, un virus llevó a la economía uruguaya a una crisis que parecía corta y deja problemas para el 2021

escribe Ismael Grau 
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Después de tres períodos frentistas en los que la economía creció fuerte al principio y terminó anémica, el 2020 iba a ser un año de transición: una variopinta coalición de centroderecha asumiría el poder con la promesa de corregir desequilibrios macro y revitalizar al sector privado. Pero un nuevo coronavirus que parecía un lío de los chinos, se hizo pandémico y contagió también a Uruguay. Así, con el distanciamiento social como único antídoto para contener los contagios hasta que lleguen las vacunas, el país vivió su primera crisis desde el 2002. En los meses de parálisis aumentaron las actividades virtuales y el desempleo, aparecieron las ollas populares y se deterioraron los números fiscales debido a los gastos extra en salud y apoyo a los más afectados. La estrategia gubernamental funcionó al principio, pero la “libertad responsable” descarriló en el final del año y el crecimiento exponencial de la enfermedad puso bajo amenaza la recuperación de la economía.

Los últimos indicadores disponibles muestran que el Producto Bruto Interno —PBI— se contrajo 6,7% a setiembre, al comparar con los primeros nueve meses de 2019, que el déficit fiscal anual a noviembre representó 5,3% del PBI (sin considerar los ingresos extraordinarios por los “cincuentones”) y que la deuda neta de reservas aumentó a 36,4% del Producto. A su vez, los ingresos de las personas perdieron 11% de su poder adquisitivo hasta octubre, tanto por los problemas en el mercado laboral como por una inflación alta (9,41% en todo 2020, informó el martes 5 el Instituto Nacional de Estadística). Salvo este último, los números de Uruguay en general resultaron menos malos que los de la mayoría de los países de la región en el año en que explotó el Covid-19, aunque plantean desafíos hacia el 2021, cuando, además, la tolerancia de las calificadoras de riesgo frente a ciertos desajustes macro se irá acabando.

Verano, pandemia y nuevo gobierno

En los primeros días del 2020 el asunto del coronavirus parecía una cosa lejana (hasta que se esparció por todo el planeta y la Organización Mundial de la Salud la declaró oficialmente una “pandemia”) y la agenda económica uruguaya era otra, mientras la transición avanzaba entre gestos de colaboración y algunas críticas a la herencia que quedaría desde marzo; Ajuste Fiscal ganaba el Gran Premio Ramírez en el Hipódromo de Maroñas y daba rienda suelta a las bromas políticas en las redes. También iba tomando forma la campaña para las elecciones departamentales: Daniel Martínez, todavía aturdido por la derrota en el ballotage, confirmaba su postulación por el Frente Amplio (lo que, en febrero, también anunciaría la mediática economista Laura Raffo como candidata de la coalición multicolor).

Los indicadores que se iban conociendo ratificaban la prolongación de un estancamiento económico al cierre de 2019: caída de la producción industrial y de la venta de autos nuevos (42.322 incluyendo camiones y ómnibus, la cifra más baja desde 2009). También un déficit fiscal anual en niveles que no se veían desde hacía 30 años.

El campo ya padecía la falta de lluvias, un problema que llevaría a una “emergencia agropecuaria” cada vez más extendida en el territorio. Para el turismo empezaba una temporada amenazada por la decisión del recién instalado gobierno de Alberto Fernández de gravar con un impuesto de 30% las compras con tarjetas hechas por los argentinos fuera de su país. Aun así, las primeras cifras de visitantes de esa nacionalidad eran aceptables.

Los movileros de la televisión le hacían guardia al presidente electo para relatar las reuniones con jerarcas designados y las selfies que se sacaba con quien llegara hasta la puerta de su sede de campaña, en Bulevar Artigas. El 22 de enero Luis Lacalle Pou presentó el borrador de su “ley de urgente consideración” —la LUC, con casi 460 artículos de sesgo liberal— y despertó críticas desde el saliente oficialismo frentista.

En Europa, el Reino Unido iniciaba la transición hacia el Brexit con la incertidumbre por los daños que traería esta secesión económica (que se concretó, finalmente, en el inicio de este 2021).

En febrero los japoneses de Rating & Investment ratificaron el grado inversor —investment grade— a la deuda uruguaya. Poco después también la agencia FitchRatings mantuvo la nota, aunque expresó cautela ante la “difícil tarea fiscal” que tendrían por delante las autoridades entrantes.

Con el Covid-19 ya extendido fuera de la ciudad de Wuhan y la economía china afectada, comenzó el susto en los mercados financieros mundiales: los índices accionarios oscilaban y el dólar, convertido en resguardo de valor, se apreciaba, también en Uruguay. El banco central federado estadounidense sorprendía recortando sus tasas de política monetaria ante los “riesgos crecientes para la actividad económica”.

El 1° de marzo Tabaré Vázquez, mientras peleaba contra el cáncer, le entregó el mando a Lacalle Pou y bajó una escalera en la Plaza Independencia tomado del brazo de su atlético sucesor, un gesto de convivencia democrática que recibió elogios.

Frente al drama del desborde de los sistemas sanitarios, varios países europeos empezaron a aplicar confinamientos obligatorios y sus economías se congelaron. Ante la alarma por esas noticias, en Montevideo se disparó el precio de los tapabocas, guantes de látex y alcohol en gel.

El nuevo Poder Ejecutivo esbozaba sus prioridades —como el decreto 90, ordenando cortes en gastos e inversiones en el Estado— cuando una fiesta de casamiento en Carrasco, con asistentes recién llegados de Europa, produjo el primer brote de Covid-19 confirmado en el país. Un apesadumbrado presidente dio la noticia en una conferencia de prensa que sería la primera de muchas en esas semanas: para contener la expansión del virus el gobierno descartó la cuarentena obligatoria pero decretó una “emergencia sanitaria” que prohibió los espectáculos públicos, cerró las fronteras e instó al distanciamiento físico. Al mismo tiempo, Ernesto Talvi y su Cancillería empezaban a organizar el retorno de uruguayos varados por el mundo; Daniel Salinas en Salud Pública buscaba aumentar los hisopados y armaba un hospital para contingencias; el Ministerio de Desarrollo Social de Pablo Bartol recibía un récord diario de 19.000 llamadas de pedidos de ayuda; Trabajo habilitaba el “seguro de paro” parcial y otras medidas paliativas; y la ministra Azucena Arbeleche presagiaba en Búsqueda un impacto económico “muy significativo” pero “transitorio”, mientras hablaba de su “obsesión” por evitar un corte en la cadena de pagos (N° 2.065). El peligro de que ello ocurriera se insinuaba, por ejemplo, con la devolución de los coches recién comprados en automotoras, algunos cheques que rebotaban al pretender cobrarlos y sectores de actividad —como la hotelería y el gastronómico— que ya entonces se decían “liquidados” (N° 2.067). Esos problemas se fueron lubricando con prórrogas tributarias, refinanciaciones y nuevos préstamos bancarios respaldados por un capitalizado sistema de garantía estatal.

Para solventar el mayor gasto en subsidios por enfermedad o desempleo, el Parlamento votó sin fisuras el “Fondo Solidario Covid-19” nutrido, en parte, con un impuesto temporal a los sueldos públicos y pasividades más altos.

Los supermercados debieron salir a decir que no habría faltante de artículos de higiene y alimentos después de que algunos se quisieron aprovisionar como para soportar el Covid desde refugios nucleares. Para fines de marzo el temor al virus estaba instalado; los uruguayos se habían acostumbrado a esperar las conferencias oficiales y a los informativos de televisión estirados a tres horas acompañando con el zócalo de “Urgente” cada nuevo reporte de contagios y fallecidos, que por entonces eran unos pocos.

Vida virtual, LUC y pobres

En abril, el británico Boris Johnson le mostró al mundo que hasta un primer ministro podía terminar en el CTI, contagiado, sobre todo si se subestima al virus; después les tocó al mandatario brasileño Jair Bolsonaro y al estadounidense Donald Trump, aunque en sus casos la enfermedad fue leve.

Con el teletrabajo y tele-estudio cada vez más extendidos —también entre los uruguayos—, las acciones de la compañía Zoom Video Communications ya había duplicado su valor. En tanto, el consumo diario de petróleo en el mundo se desplomó de 100 a 70 millones de barriles, y como la capacidad de almacenamiento se agotaba, el crudo con entregas a mayo era negociado a precios negativos: el proveedor estaba dispuesto a pagar hasta US$ 37 a quien comprara. Fue un episodio momentáneo, hasta que comenzó cierta reactivación económica.

Otra vez desde una conferencia en la Torre Ejecutiva Lacalle Pou inoculó la idea de ir hacia una “nueva normalidad” y, para bajarla a tierra, conformó un grupo asesor de científicos que se ganó la confianza de la gente. El primer paso fue, días después, la reapertura de unas 340 escuelas rurales. Protocolos con requisitos sanitarios y cuidados específicos se irían adoptando en distintos rubros, para retomar la actividad.

Mientras, el clima político subía de temperatura: la oposición frentista, que había evitado incendiar el pradera cuando empezó la crisis, cambió el tono ante la decisión de Lacalle Pou de presentar al Parlamento el proyecto de la LUC aun en ese contexto incierto. Cálculos académicos estimaban que unas 100.000 personas cayeron en la pobreza en los primeros meses de la pandemia, y el Frente Amplio reclamaba al gobierno crear una renta básica social y otras medidas; Isaac Alfie, director de Planeamiento y Presupuesto, replicaba señalando que miles ya estaban al límite de la pobreza estadística desde antes.

La estrategia de regular el ritmo de los contagios e ir reabriendo la economía siguió su marcha, aunque en mayo se alcanzó un record de más de 190.000 “seguros de paro” en sus distintas modalidades. Ese mes levantaron sus cortinas los comercios céntricos y 18 de Julio dejó de parecer siempre en domingo.

El equipo económico promovió un congelamiento por tres meses de los precios al público de unos 4.000 artículos de la canasta familiar; el argumento fue tratar de evitar que subas puntuales en la cotización del dólar terminasen generando inflación (cuya tasa anual a ese mes trepó a 11%). Simultáneamente, el Ejecutivo acordó con empresarios y el PIT-CNT un período “puente” de un año para postergar la negociación salarial (N° 2.071).

El 12 de mayo Talvi alcanzó el estrellato con el desembarco de los tripulantes y pasajeros del crucero australiano Greg Mortimer que, muchos contagiados con coronavirus, durante días habían mirado la costa montevideana sin poder poner pie en tierra.

Ese fue el peor mes para el sector exportador uruguayo, cuando los envíos se desplomaron 26% frente a un año atrás. Después siguieron habiendo bajas mensuales, aunque menores (las exportaciones cayeron 12,5% en todo 2020, informó el lunes 4 el Instituto Uruguay XXI).

Algunas empresas que venían tecleando, se complicaron todavía más con la pandemia. El 2 de junio el síndico pidió la liquidación de Citrícola Salteña, pero el gobierno actuó para evitar que se perdiera la cosecha y esperar por nuevos inversores. Otras, como los hoteles Sheraton Punta Carretas y Aloft, que estuvieron sin clientela por el cierre de fronteras, terminaron vendidos. Pero si bien a mediados de año casi 6.000 unipersonales y otras empresas habían declarado su inactividad, la cifra de concursos de acreedores incluso disminuyó (hubo 65 en todo 2020, cuando habían superado el centenar en cada año desde 2017 según el conteo de la Liga de Defensa Comercial).

De hecho, el gobierno de Lacalle Pou disfrutaba de una luna de miel estirada por una buena gestión del Covid-19, con relativamente bajos números de casos y una economía que iba reabriendo de manera ordenada (incluidos los shoppings); cada dos por tres medios del exterior ensalzaban la estrategia de la “libertad responsable” aplicada en el ignoto Uruguay. Por entonces hubo miel también con los mercados, y a fin de junio se concretó una operación de deuda por el equivalente a US$ 2.000 millones que las autoridades calificaron como “exitosa” y atribuyeron a esa percepción favorable sobre el manejo del coronavirus.

El adiós de Talvi y los argentinos

El 1° de junio, la sorpresiva renuncia de Talvi a la Cancillería —y pocas semanas después, también a la actividad política— dejó a la deriva a Ciudadanos e instaló dudas sobre la solidez de la coalición multicolor. Algunas desinteligencias también le traían problemas al oficialismo: por esos días, con mucho menos brillo Miguel Loinaz —un excéntrico y acaudalado abogado con pretensiones de político— dejó el cargo de presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo tras reconocer en Búsqueda que no trabajaba “full time” y que su pareja le llevaba “papeles” y otros “quilombos” personales desde un escritorio en la sede de la institución (N° 2.074). Poco antes, también había tenido una salida express el titular de Antel por haber incorporado como funcionarios a 857 que antes trabajaban en el ente bajo contratos a término, contraviniendo la política de “austeridad”.

En esas semanas desde el oficialismo dejaban trascender casos de supuestas irregularidades y mala gestión de la administración frentista en distintos ámbitos (aunque las promocionadas actuaciones de la Auditoría Interna de la Nación, publicadas en octubre, dieron para un tibio juicio de “desidia” por parte de Arbeleche). Se aprontaba el proyecto de Presupuesto quinquenal que incluiría recortes y desregulaciones en algunos mercados.

Julio empezó con el dato de que la recaudación tributaria se había hundido 19% en valores reales el mes previo. Por las prórrogas de pagos y la emergencia sanitaria que frenó la actividad, la cobranza de algunos impuestos cayó más de 40% al comparar con un año atrás.

Mientras un sonriente Francisco Bustillo asumía como nuevo canciller, era comidilla política una conversación telefónica filtrada en las redes sociales entre un alterado empresario de la farándula y la vicepresidenta de la República en la que se insinuaban pedidos de favores.

Con Argentina convulsionada por una cuarentena que se eternizaba y profundizaba su recesión económica, en una ronda con medios de ese país Lacalle Pou fue alabado por el manejo del Covid-19 y, de paso, promocionó nuevas facilidades para dar residencia fiscal a extranjeros. Las consultas de argentinos queriendo hacer el trámite se incrementaron, como el fastidio con Uruguay de la administración de Fernández.

La inflación siguió cediendo en julio, aunque la tasa de 12 meses se mantuvo levemente por encima de 10%. El salario en todas las ramas del sector privado había perdido poder adquisitivo en el primer semestre.

En agosto, el arbitraje en La Haya promovido por inversores indios a raíz de su frustrado proyecto minero en Uruguay se cerró con un fallo favorable al Estado, al hacérsele lugar a su “objeción de jurisdicción”.

Enfrente, Argentina tomó algo de aire al lograr un acuerdo de refinanciación de su deuda con privados; le quedaba discutir su programa con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, la inestabilidad política y económica nunca amainó (para colmo de males, luego perdería a Quino y Maradona, dos de sus ídolos).

El último día de agosto el plan presupuestal “multicolor” entró al Parlamento; las proyecciones macroeconómicas oficiales (incluida una caída del PBI de 3,5% en 2020 y un rebote de 4,3% en 2021) resultaron “optimistas” para la mayoría de los analistas. Después del desplome de 10,6% del PBI en abril-junio informado a mediados de setiembre, Arbeleche y su equipo defendían el proyecto animados por algunos indicadores de reactivación. Pero el repunte operaba con rezago sobre las finanzas públicas: las cifras oficiales mostraban que, en parte como consecuencia del Covid-19 y los gastos adicionales que acarreó, el déficit fiscal anual a agosto había llegado a significar 6,1% del Producto y que el stock de deuda pública bruta creció a 74%. De todos modos, el deterioro financiero en muchos otros países estaba siendo más profundo, tranquilizaban las autoridades.

En tanto, el Banco Central abandonó en setiembre el esquema de agregados monetarios y pasó a una política con eje en las tasas de interés, con la ambición, para dentro de un par de años, de ubicar la inflación en registros más saludables para el funcionamiento de la economía uruguaya.

Muchos descubrieron la acepción del término “unicornio” para el mundo de los negocios cuando se anunció que la plataforma de pagos dLocal, creada en Uruguay, alcanzó una valoración de mercado superior a US$ 1.000 millones.

Al mismo tiempo que el exsecretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma hacía dribblings ante las sospechas acerca de sus misiones oficiales al exterior junto a una joven colaboradora, los exmandatarios Julio María Sanguinetti y José Mujica —dos viejos leones de la política amenazados por el coronavirus— dejaban las bancas en simultáneo bajo el aplauso unánime del Senado. Y con mesas de votación sanitizadas, el último domingo del mes puso fin al extenuante ciclo electoral e infló el pecho a los dirigentes blancos: el Partido Nacional le arrebató tres intendencias al Frente Amplio, que solo retuvo Montevideo y Canelones —con Carolina Cosse y Yamandú Orsi como potenciales nuevos líderes—, además de Salto. Pero entre los otros socios de la coalición multicolor también hubo perdedores.

Referéndum y “primera ola”

En octubre el Poder Ejecutivo simplificó trámites y amplió beneficios del régimen de promoción de inversiones buscando estimular la generación de empleos. Por fuera de eso y aprovechando el repliegue de Petrobras, el grupo español DISA se quedó con sus estaciones de servicio en Uruguay.

El PIT-CNT resolvió juntar firmas para someter a referéndum la LUC y embretó al Frente Amplio, su aliado político. En torno a otra sigla —UAM, la futura Unidad Agroalimentaria Metropolitana— y los cambios a su conducción, giraba parte del debate legislativo por el Presupuesto.

En noviembre, en Estados Unidos el veterano demócrata Joe Biden ganó una ajustadísima votación al aspirante a la reelección Donald Trump, aunque pasaron semanas hasta que el caprichoso presidente admitió, a medias, su derrota. Ese resultado y la carrera de los laboratorios por desarrollar la vacuna contra el Covid-19 apuntalaron los mercados accionarios incluso después de que surgieron nuevas “olas” de contagio en varias economías avanzadas.

En Montevideo y el interior del país alguna marcha, tamborileos callejeros y fiestas clandestinas pusieron en guardia a las autoridades sanitarias y policiales, al mismo tiempo que una comisión de expertos con amplia representatividad comenzó a preparar una reforma para la desfinanciada seguridad social uruguaya; proyecciones, como la de una población que se reducirá a 2,7 millones hacia el 2100 y será proporcionalmente más envejecida, iban sumándose al diagnóstico (N° 2.097).

Al inicio de diciembre el país hacía duelo por la muerte del expresidente Vázquez, se anunciaba la venta de Redpagos y Midinero al grupo español Prosegur y Cabildo Abierto se desmarcaba de la coalición para aprobar, aliado con el Frente, un proyecto que limita la actividad forestal con argumentos ambientales. En medio de todo eso empezó a gestarse la “primera ola” de contagios de Covid que tomó la fuerza de un tsunami; la ilusión de los agobiados uruguayos de tener un respiro en las playas —y de los operadores turísticos de ver entrar algo de plata— se esfumó a medida que se iban quebrando récords de casos y los fallecidos acumulados desde marzo se acercaban a los 200. Con caras de inocultable preocupación y fatiga, volvieron las conferencias en la Torre Ejecutiva y se anunciaron nuevas restricciones, mientras se buscaba, con algún desatino, proveedores de vacunas para Uruguay. De esa forma, después de un tercer trimestre con cierta recuperación de la actividad (el PBI creció 7,9% frente a abril-junio, si bien se contrajo frente a un año atrás), lo que parecía una crisis económica profunda pero pasajera que Lacalle Pou y sus socios tenían controlada, ahora va camino a extenderse unos cuantos meses en el año que se inicia.

Economía
2021-01-06T18:37:00