Así, “se ha naturalizado la celebración de audiencias en total indefensión” de una de las partes, afirman los defensores en una carta que enviaron a la Adepu semanas atrás para pedirle que denuncie públicamente el problema. “Como abogados y sobre todo como defensores públicos entendemos que debemos ser los primeros en denunciar la situación”.
“No se puede combatir la violencia con violencia institucional”, dicen en la carta. “Tener que comparecer ante un juez solo y sin tener la oportunidad de que un abogado instruya, asesore, explique los motivos de la comparecencia, los fundamentos de una orden de restricción, los argumentos para que vuelva a su casa con una tobillera, o no pueda ver a sus hijos, son circunstancias que contienen un grado de violencia de tal magnitud, que jamás van a colaborar en el combate a la violencia sino todo lo contrario”, advierten.
Además, aunque la Ley 19.580 contra la violencia de género prevé que si hay niños involucrados, ellos puedan expresar si desean continuar viendo a su padre bajo supervisión, esto no ocurre porque tampoco se les asigna defensor.
Los jueces “celebran las audiencias igual y consignan la indefensión de la parte por falta de defensores públicos”, relatan. “Esta situación ha sido puesta en conocimiento de todos los superiores jerárquicos pero hasta el momento continúa incambiada”, reclaman. Los abogados señalan que “el derecho a contar con asesoramiento y asistencia letrada cuando toca comparecer ante la Justicia es un derecho humano fundamental consagrado en toda la normativa nacional, constitucional e internacional” y el “Estado uruguayo está obligado” a garantizarlo. “Estamos ante una dinámica institucional que violenta derechos fundamentales”, advierten.
El problema no es excluyente de Familia Especializada, pero impacta especialmente allí porque en aproximadamente el 90% de las audiencias se requiere la asistencia de la Defensoría Pública para todas las partes, ya que se trata de personas sin recursos, víctimas de violencia o menores de edad (todos casos en los que el Estado debe proveer un abogado gratuito).
La situación de la capital se replica en el interior del país, asegura Adepu en el comunicado. Con la dificultad extra de que en el resto de los departamentos los defensores atienden todas las materias.
El presidente de Adepu, Joaquín Gamba, dijo a Búsqueda que la asociación ha reclamado sin éxito en el Parlamento la asignación de más presupuesto para la creación de cargos de defensores. Y ante la “absoluta indiferencia” del sistema político y judicial, decidieron poner el tema en conocimiento de la opinión pública. Además, la asociación está estudiando “la posibilidad de acudir a los organismos internacionales para denunciar la omisión del Estado uruguayo”, informó.
Recursos de nulidad “masivos”
Un hombre está encadenado a un árbol en la entrada de la sede de los Juzgados de Familia y Familia Especializada. Es miércoles 15 en la mañana y es el segundo día que protesta. Reclama que desde hace ocho meses no ve a su hija de siete años por una decisión de la Justicia. Más allá de los detalles de su caso, entre los defensores lo mencionan como ejemplo de la frustración que genera no comprender las medidas que impone la Justicia, o no disponer de los mecanismos adecuados para cuestionarlas debido a la falta de asesoría legal.
“A cada rato tenemos padres encadenados en la puerta. Y en parte pasa porque no saben qué hacer, a quién acudir. No tienen un abogado que les explique, que los oriente. Quedan solos en todo el proceso, se enojan, no entienden las decisiones de la Justicia y no tienen herramientas para recurrirlas. Es muy complejo y genera mucha violencia”, comentó a Búsqueda una fuente de la Defensoría.
En el comunicado que difundirán por estas horas, los defensores plantean este problema. “El último a quien se le asigna defensa es al denunciado, a quien además de imponérsele un sinfín de medidas limitativas a su libertad ambulatoria —medidas que son tomadas fuera de audiencia, por teléfono, notificadas por funcionarios policiales de la Unidades de Violencia de Género—, no tiene ningún tipo de asesoramiento jurídico”. Ese asesoramiento es importante para que los denunciados entiendan las consecuencias de incumplir las medidas, ya que pueden incurrir en un delito y terminar formalizados por la Justicia penal.
“Finalmente, cuando se les fija audiencia ante el juez y pueden ser escuchados, se encuentran con la realidad de que no hay recursos para brindarle asistencia letrada”, prosigue. A esto se suma “el hecho de que muchas de estas personas son analfabetos o apenas si terminaron la educación primaria”.
Gamba contó que “a veces no saben que si el ómnibus que toman para ir a trabajar pasa cerca de la casa donde está su pareja, la tobillera va a sonar y están infringiendo la medida de alejamiento. O quieren ver a sus hijos y no son conscientes de que si no respetan las medidas pueden terminar en Fiscalía”, explicó.
La escasez de defensores también impacta en los procesos que se tramitan bajo el Código de la Niñez y la Adolescencia. En estos casos, que involucran a menores de edad con derechos vulnerados, se prioriza asignarles a ellos un defensor, pero otros quedan sin asistencia, como por ejemplo los padres. “Son procesos que pueden terminar con el niño siendo separado de su familia y enviado al INAU, y los padres no tienen un abogado que los represente”, ilustró Gamba.
Fuentes de la Defensoría dijeron a Búsqueda que están evaluando comenzar a presentar recursos de nulidad “masivos” en los casos de indefensión. Explicaron que hasta ahora no lo hacen porque los recursos no son suspensivos y por tanto no consiguen detener las medidas cautelares. Debido al tiempo que lleva que un tribunal de apelaciones lo estudie y lo resuelva, el reclamo resulta poco efectivo y termina sobrecargado la ya exigida tarea de los defensores. De todos modos, creen que puede ser una medida “estratégica” para visibilizar el problema. “Vamos a tener que organizarnos muy bien para poder sostenerlo. Pero lo estamos evaluando”, dijo una fuente.
Un “cubo” de pocos metros cuadrados
Familia Especializada es una de las ramas de la Justicia en las que ha crecido más la demanda, debido a la aprobación de leyes que ampliaron la protección de los derechos de las mujeres y a una mayor tendencia a denunciar por parte de las víctimas. Eso llevó a que la Suprema Corte de Justicia transformara sedes dedicadas a otras materias en Juzgados de Familia Especializada. Así, en los últimos dos años se crearon cuatro sedes nuevas, llegando a 12 en total.
No obstante, los defensores reclaman que el aumento de la cantidad de juzgados no estuvo acompañado de la creación de más cargos de defensores. La Corte sí reforzó el equipo con tres funcionarios y tres procuradores que prestan apoyo a la Defensoría mediante pasantías de colaboración.
La infraestructura con la que cuenta la Defensoría también es reveladora de las debilidades de la institución. En el edificio donde están ubicados los juzgados especializados, sobre las calles Rondeau y Valparaíso, los defensores no tienen despachos o cubículos individuales donde recibir a las víctimas. Deben entrevistarlas —sean mujeres y niños que vivieron violencia o abusos— en el mostrador o en los pasillos, sin ninguna privacidad. Cuentan con una oficina que se instaló con paredes de yeso y sin techo en medio de la agitada planta baja del edificio. En esos pocos metros cuadrados se acomodan como pueden funcionarios, procuradores y defensores. En el primer piso hay una segunda oficina con tres computadoras que comparten los defensores para escribir los escritos. Tampoco tiene separaciones o espacios que permitan entrevistar a las víctimas.
Los reclamos por más recursos y mejor infraestructura no son nuevos. En diciembre de 2019, en una iniciativa “sin precedentes”, jueces, defensores públicos y técnicos que trabajan en la materia acudieron juntos a la Suprema Corte para plantear la “preocupación generalizada” por las “adversas condiciones laborales” en las que se brindaba el servicio, “que vulneran gravemente los derechos de los justiciables” (Búsqueda Nº 2.052). Los defensores denuncian que, dos años después, la situación no mejoró.
El Poder Judicial (PJ) tiene planes para resolver esto, aunque hasta ahora no se han concretado y los defensores temen que se siga postergando. Hace dos años adquirió un inmueble de 4.000 metros cuadrados donde se proyecta instalar un Centro de Justicia de Familia y Género. Una vez que el edificio esté acondicionado, el espacio será suficiente para que las diferentes dependencias tengan oficinas y salas de reuniones adecuadas, aseguran desde el PJ.
El miércoles 15 sobre el mediodía el edificio bulle de gente y las pequeñas salas de espera destinadas a las víctimas no dan abasto. Los pasillos están llenos de personas, la mayoría mujeres y niños, que a falta de sillas se sientan en el piso a esperar por horas su turno ante la Justicia. Los defensores también protestan por eso. “No puede ser que este sea el trato que le damos a una víctima de violencia que viene a buscar ayuda”, lamentó una defensora, y siguió: “La hacemos esperar en una sala amontonada o en el piso, y no tiene un espacio tranquilo para contarle a un abogado lo que le pasó. Tenemos que hablar a los gritos para escucharnos”.
