Gobierno regulará por decreto el hidrógeno verde porque se necesita “rapidez” y “reglas claras”

Según dijo la ingeniera ambiental, desde el gobierno buscan que la regulación esté lista en 2024, con el fin de “aprovechar el momento correcto” a escala global. “Si llegamos muy tarde, podemos perdernos alguna oportunidad, entonces debemos trabajar con celeridad. Además, el sector privado necesita tener las condiciones claras para ver hacia dónde avanzar”, indicó.

Desde que se creó por resolución presidencial el programa H2U en 2022 –integrado por siete ministerios, la Oficina de Planeamiento y Prespuesto (OPP) y entes como Ancap, UTE, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, la Administración Nacional de Puertos y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación–, el grupo procuró avanzar en los aspectos regulatorios y en la implementación de una hoja de ruta del hidrógeno, que fue presentada en su versión final el pasado noviembre. El documento fija objetivos particulares acerca del tipo de productos derivados del hidrógeno que Uruguay podría producir tanto para el mercado doméstico como exportador.

El equipo interinstitucional se propone avanzar en cinco ejes de trabajo, agregó González: la generación de capacidades; cómo atraer inversiones y qué exigirles; la infraestructura; la regulación, y cómo impulsar el diálogo ciudadano. Para ello, llevaron adelante diferentes estudios, talleres, trabajo de campo e investigación académica.

“Los proyectos de hidrógeno ya entran todos dentro del marco normativo ambiental uruguayo. Sin importar su tamaño, tienen que cumplir con los permisos ambientales otorgados por el Ministerio de Ambiente, con los permisos a nivel territorial y de Bomberos, con todo lo que implica un desarrollo industrial”, explicó. De todas maneras, dijo que sí piensan impulsar “alguna regulación específica” dentro de esos cinco puntos, que establezca, por ejemplo, cuáles serán los incentivos fiscales, los aspectos energéticos o cómo se trabajará con la ciudadanía.

“Se van a tocar distintas aristas con base en un enfoque transitorio de promoción, como se ha hecho en el pasado con otro tipo de regulación. Ya no es que Uruguay le venderá energía a UTE, es un mercado en el que la región tiene grandes ventajas, entonces para poder posicionarse primero Uruguay tendrá que buscar equilibrios”, comentó.

La regulación todavía se encuentra en una etapa prematura. El MIEM trabaja internamente en un borrador que luego se analizará con los demás ministerios. Con el Ministerio de Ambiente ya trabaja en la posibilidad de hacer una “evaluación ambiental estratégica” de la hoja de ruta del hidrógeno; con el Ministerio de Transporte, en una consultoría para determinar aspectos logísticos y de articulación con el sector portuario, y con la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), en las condiciones de seguridad de las plantas, entre otras iniciativas.

El subsecretario de la cartera de Ambiente, Gerardo Amarilla, dijo a Búsqueda que los emprendimientos de hidrógeno hoy entran dentro de la ley de impacto ambiental, no solo porque necesitan tener una viabilidad ambiental de localización, sino porque al ser plantas industriales, que producen además metanol, etanol, combustibles sintéticos, fertilizantes y amoniaco, requieren un estudio de impacto.

“No se precisa una modificación legal, por decreto se pueden incluir actividades nuevas. En lo que sí están trabajando técnicos de los ministerios de Ambiente e Industria es en establecer las reglas de juego. Qué se va a hacer con el residuo, qué tipo de gases se van a permitir y bajo qué parámetros, las emisiones al agua y el aire. También el uso del agua, que, si bien el volumen de consumo es nada comparado con otras industrias, hay que ver cuáles serán, por ejemplo, las limitaciones”, explicó el jerarca. La idea, agregó, es tener un marco global de antemano y no “estar regulando a medida que avanzan los proyectos”.

También es importante evaluar dónde estarán ubicados los emprendimientos para determinar de dónde se tomará el agua para la producción, así como los requerimientos especiales que necesitarán para el transporte de los diferentes productos que surjan de esta actividad.

Infraestructura, no agua

Consultada sobre los miedos que rodean a la producción de hidrógeno por el consumo de agua que puede implicar, la ministra de Industria, Elisa Facio, aseguró que Uruguay “no es un país que tenga un problema de recursos” (falta de agua), sino que “tiene problemas de infraestructura”. “Necesitás para crecer generar infraestructuras para viabilizar las inversiones”, dijo a Búsqueda.

La ministra, que asumió tras la salida de Omar Paganini, que pasó a la Cancillería, tiene como una de sus prioridades del año de gestión que resta el impulso del hidrógeno verde.

Para Facio, “es clarísimo” que el destaque en energía eléctrica que tiene Uruguay se debió a que se crearon muchos parques eólicos y solares, la interconexión con Brasil y sobre todo, que UTE desarrolló toda la red de transmisión para sostener y distribuir la energía. “Las industrias del hidrógeno usan muy poquita agua. Algunas que se prevén instalar en Paysandú “el proyecto más grande anunciado hasta ahora“ tomarán agua del río Uruguay, pero supone una millonésima parte de su caudal”, afirmó.

González estuvo de acuerdo con este punto y aseguró que el consumo de agua para la producción de hidrógeno es “menos del 4% de lo que ya se consume, por ejemplo, a nivel industrial”. Para la experta, el gran problema de Uruguay es la gestión del agua, es decir, el manejo temporal (épocas muy lluviosas y otras de sequía) y espacial (zonas donde se demanda más recursos que otras).

En ese marco, el MIEM empezó recientemente a trabajar con la Universidad de la República en un estudio para mejorar la gestión del agua en el país, vinculada a la producción de hidrógeno verde. “Entendemos las preocupaciones que puede generar, por lo que creamos un instrumento específico para ver cómo hacerla de forma razonable, vinculada a la hoja de ruta del hidrógeno”, explicó. Según dijo, se buscará determinar, entre otras cosas, qué zonas son más adecuadas para los emprendimientos o qué recursos o fuentes son más apropiados que otros dependiendo del caso.

En esa línea, Amarilla dijo que “lo que tal vez hace un poco de ruido” es que se permita utilizar agua subterránea para producir energía, una “reserva estratégica” a la que entiende habría que darle otra utilidad.

El gobierno pretende empezar en 2025 con los primeros proyectos piloto, asentar las primeras regulaciones y la primera generación de capacidades a nivel nacional con el fin de crear las condiciones para tener en marcha en 2030 proyectos de mayor escala que puedan abastecer tanto el mercado doméstico (sobre todo el transporte de larga distancia, la carga pesada y producción de fertilizantes verdes) como internacional (con productos derivados como el amoniaco). Según estimaciones oficiales, esta actividad puede llegar a implicar una facturación de US$ 1.900 millones para el país a partir de 2040.