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El Comité contra la Tortura (CAT, por la sigla en inglés) de las Naciones Unidas celebró la adopción de 10 “mejoras legislativas” e identificó “17 temas de preocupación” en la materia en los 44 puntos de sus observaciones finales al informe que Uruguay presentó el 5 y el 6 de mayo en Ginebra.
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Así resumió a Búsqueda la evaluación al país Jan Jarab, representante para América del Sur del Alto Comisionado de ONU Derechos Humanos. La no tipificación de la tortura como delito, la inquietud por “varios cambios legislativos recientes”, en referencia a la Ley de Urgente Consideración (LUC) y a un proyecto de ley para darles prisión domiciliaria a privados de libertad mayores de 65 años, incluyendo aquellos condenados por delitos de lesa humanidad, y la situación en las cárceles fueron elementos señalados.
Integrantes del gobierno uruguayo que participaron en esa instancia, en un equipo encabezado por la vicecanciller Carolina Ache, expresaron a Búsqueda su disconformidad con varias de estas consideraciones, en el entendido de que las respuestas que brindaron al CAT no fueron tenidas en cuenta para las conclusiones, como sí pasó con los informes sombra elaborados por organizaciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y Amnesty International. “Se ve que no convencimos”, ironizó uno de ellos.
Por un momento, el cuarto informe periódico del Uruguay ante el CAT (el tercero había sido presentado en 2014) pareció un debate sobre la LUC, en Ginebra y luego de haber sido aprobada en referéndum el 27 de marzo. En las observaciones, publicadas el 12 de mayo, se manifestó preocupación por las disposiciones de esa norma que “facultan a la policía a interrogar de forma autónoma a una persona detenida”, la ampliación de la discrecionalidad “del uso de la fuerza“ por policías y militares, y la autorización “a funcionarios policiales jubilados a portar armas de fuego”. También el comité destacó su “alarma” por las acciones policiales basadas en “criterios subjetivos y arbitrarios sobre la ‘apariencia delictiva’ de los hechos”. Cuestionó además los elementos referidos a la legislación penal a menores. Recomendó al Estado tomar medidas para asegurar “razonabilidad, necesidad y proporcionalidad” en el uso de la fuerza e investigar casos denunciados de “uso excesivo de la fuerza”.
En su intervención ante el CAT, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, había asegurado que en Uruguay “no han sucedido algunas de las cosas que se señalaban que iban a suceder con la LUC”, como “gatillo fácil” y “mano dura”. No ocultó su discrepancia con las observaciones. “Pusieron en las recomendaciones cosas que ya dijimos que estábamos haciendo, como respuestas a supuestos abusos policiales. No les gustan determinados artículos (de la LUC), pero es una ley ratificada por votación popular en un país democrático”, señaló.
González indicó que el CAT tomó sobre todo los insumos de los informes sombra y apenas algo de lo vertido por los representantes del gobierno. “Esto es un lugar en el cual viene una persona que el día anterior estudió a Cuba y al día siguiente a no sé qué otro país del mundo y hace recomendaciones que posiblemente hayan estado escritas antes de (la participación de) nosotros. La incidencia de nuestra parte en lo que se puso fue muy baja”, afirmó. “Hay que presentarse en la que viene, llevar todos los datos y ser transparentes. Si hay una devolución que no nos gusta, mala suerte. Nosotros somos parte de la ONU”, añadió.
Carolina Ache. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Información dada y recibida
Para elaborar sus recomendaciones, el CAT “se basa no solo en el informe oficial del Estado, sino también en información recibida por parte de la sociedad civil, de instituciones nacionales de derechos humanos y del equipo del país de las Naciones Unidas”, aseguró Jarab sobre el modo de trabajo de los llamados “órganos de tratado” de la ONU. Además de Uruguay, el comité estudiaba la situación en Cuba, Islandia, Irak, Kenia y Montenegro.
“Si bien estas instancias son positivas e indispensables, y sin cuestionar la labor del comité ni poner en entredicho su honestidad, yo me pregunto si el sistema que utilizan es el más adecuado para profundizar en la realidad de cada país”, dijo por su lado el presidente del INAU, Pablo Abdala, quien también debió hacer una suerte de defensa de la LUC en Suiza. El CAT pidió “aplicar las medidas privativas de libertad a menores infractores como último recurso” y lamentó que Uruguay “no haya proporcionado información estadística sobre suicidios” en estos centros de detención.
“El informe dice eso y yo hice una expresa referencia al tema, señalando que habían disminuido significativamente, siendo que son mejoras parciales. Y también proporcionamos datos sobre adolescentes privados de libertad, donde hoy hay 293 mientras hay más de 300 con medidas socioeducativas, indicadores altamente favorables si se comparan con 10 o 15 años atrás”, indicó. El titular del INAU tuvo consideraciones parecidas a las de González sobre el informe. “Es muy fino el límite sobre qué es producción del comité y qué de lo que le llegó, pero me parece que el informe final quedó bastante condicionado”.
Buena parte de los cuestionamientos de la ONU se basaron en la situación carcelaria. Esto era previsible, ya que Uruguay está 14o en índice de prisionización —383 presos cada 100.000 habitantes— entre 223 países (Búsqueda Nº 2.168). “Para el nivel de desarrollo que tiene el país, es sorprendente ese número. Eso es fuente de problemas en los ámbitos sanitario, social, educativo y laboral. Esto no es nuevo, lleva ya unos 10 años. Pero la buena noticia (del informe) es que las Naciones Unidas le plantearon al Estado, en su punto 42, la necesidad de elaborar una estrategia nacional de reforma del sistema penitenciario”, señaló el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, quien no fue crítico del informe de la ONU. “Eso también lo establece la LUC (en su artículo 87) y creemos que lo debe liderar el Ministerio del Interior”.
“Es un informe que no trae buenas noticias. Tenemos una situación respecto a la tortura que no es la que quisiéramos”, afirmó por su lado Wilder Tayler, director del Inddhh. A su criterio, para el instituto fue una suerte de “reinvindicación”: “Desde el gobierno no van a poder decir que el CAT es un comité de base del Frente Amplio”. De las observaciones, destacó el punto 12, donde se establece la preocupación por “un discurso oficial de apoyo incondicional” a la Policía, retórica a la que Tayler calificó de “manija”, y también el 34, que cuestiona los ataques “a la legitimidad del Inddhh” por parte de actores políticos del oficialismo.
