Invirtiendo más dinero y apoyado en las intendencias, el gobierno busca “apretar el acelerador” para erradicar los asentamientos

El norte de erradicar los asentamientos ha sido un objetivo de gobiernos de diverso color político. El Frente Amplio sin hacer promesas numéricas se propuso solucionarlos, pero año tras año la cifra de asentamientos creció hasta llegar a los más de 600 al cierre de 2021. Lacalle Pou sí se jugó con un plan ambicioso y desde su campaña electoral en 2014 como candidato a presidente por el Partido Nacional impulsó el “asentamiento cero” en 10 años.

El subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tabaré Hackenbruch, dijo a Búsqueda que “lo importante de este plan es que efectivamente se duplicó lo que por quinquenio se ha gastado y lo que se invertirá ahora representa la inversión de los últimos 10 años que hizo el Frente Amplio”.

En su opinión, el éxito del Plan Avanzar está basado en una política de mayor inversión económica, junto con “más brazos ejecutando”, porque estarán diversas dependencias del gobierno y las 19 intendencias trabajando en conjunto. “Por eso creemos que se va a avanzar más rápido”, sostuvo el dirigente colorado. Y destacó que al mismo tiempo se apuntará a la fiscalización y el control a nivel departamental con planes específicos que se elaborarán para prevenir la formación de nuevos asentamientos. “En resumen, este plan es apretar el acelerador y es poner más brazos en la ejecución. No es que haya un receta mágica”, resumió.

Hackenbruch resaltó que se trabajará en simultáneo en los 19 departamentos porque se consolidó “una visión nacional de la problemática” junto con los ministerios. Consideró que la estrategia del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) busca “darle la derecha” a las intendencias como conocedoras del territorio; y por ello adelantó que en un plazo de 60 días se enviará al Parlamento un proyecto de ley que modifique la Ley de Ordenamiento Territorial, para que los gobiernos departamentales “tengan mayor incidencia en lo local” sobre “cómo será el desarrollo de los suelos y los fraccionamientos”.

El subsecretario estimó que en 60 a 90 días estarán comenzando las primeras obras una vez se lleven adelante los procesos licitatorios y se adjudiquen los trabajos. Lo definido por el Plan Avanzar implicará que un tercio de los asentamientos sean relocalizados y los otros dos tercios serán regularizados en el lugar donde están instalados, aunque advirtió que esto puede cambiar.

Hackenbruch afirmó que si bien la vivienda “es una condición necesaria”, con eso “no es suficiente”; y apuntó que por ello se destaca la coordinación con otros ministerios, para que se “acompañe de obras de infraestructura que generen mejor convivencia en el barrio”, como la instalación de escuelas y centros CAIF.

Por último, el jerarca planteó que “el tema de discusión de fondo” sigue siendo el acceso a la tierra y “cómo aumenta la mancha urbana en las ciudades”. Por eso, por un lado, se contempla cómo quieren las intendencias que crezcan las ciudades y, por otro, cómo se puede garantizar que la tierra valga “un precio razonable”, según Hackenbruch. “Las personas cuando ocupan lo hacen porque no pueden acceder a una vivienda, o más que nada a un terreno, a un precio razonable”. Hoy un terreno en un barrio en Montevideo o en Canelones cuesta arriba de los US$ 20.000 o US$ 30.000, ejemplificó, “y eso no es accesible”.

Tabaré Hackenbruch. Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

“Son caramelos”

Desde la oposición celebraron la idea, pero mostraron su preocupación por la “enorme cantidad de dudas” que dejó la presentación. Por eso la bancada de diputados frenteamplistas tiene previsto exigir un mayor detalle cuando el MVOT comparezca ante la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja del Parlamento el 15 de junio. En diálogo con Búsqueda, la diputada Cecilia Cairo dijo que no conoce el detalle de la implementación, pero que solo considerando los US$ 240 millones que anunció el gobierno como inversión para atender a más de 15.000 familias puede concluir que el monto por cada hogar “son caramelos”.

“Todo lo que se haga para mejorar las condiciones de vida de la gente yo voy a estar de acuerdo. Lo que quiero es que cuando los vecinos me preguntan, la información sea realista y no ingenua”, afirmó. “No conocemos cómo es el fideicomiso, si es administrativo o financiero, se comenzó con US$ 15 millones que fue lo que votamos, pero no conocemos cómo se llega a los US$ 240 millones. Si se divide por las 15.000 familias da unos US$ 15.000 por familia. Nada. No existe ese monto para hacer una casa, ni siquiera con el doble de eso”, agregó la legisladora.

La organización no gubernamental Techo sigue de forma permanente el problema de los asentamientos y, como sus propias autoridades lo indican, buscan ser “un parche” con la construcción de soluciones habitacionales que permitan a la gente tener un lugar de mejor calidad “mientras tanto” llega la respuesta definitiva del Estado. Es por ello que para Santiago Rodríguez, su director, es “una buena noticia que se ponga el tema en agenda y que se destinen más recursos económicos.

Sin embargo, manifestó su disconformidad con el hecho de que durante la elaboración del plan de obras y la presentación pública no se los invitó a participar, siendo una organización que conoce del trabajo en el territorio. “Siempre está bueno abrir la cancha a la sociedad civil, que es la que tiene un conocimiento y cercanía al territorio de forma constante. Vamos de forma semanal a visitar a cada vecino, a ver qué necesidades tiene”, afirmó Rodríguez. La semana próxima Techo será recibido por la ministra Moreira y la organización elevó un pedido hace tres semanas para reunirse también con la directora de la flamante Dirección Nacional de Inclusión Social y Urbana, Florencia Arbeleche, pero aún no tuvieron respuesta.

Consultado sobre su opinión del Plan Avanzar, Rodríguez aseguró que “falta información” sobre cómo lo implementarán en concreto en el territorio. “¿Cómo va a ser la metodología de trabajo? ¿Qué rol van a jugar las intendencias, que es fundamental saber? ¿Qué sistema constructivo? Esas son cuestiones que necesitamos saber para valorarlo”, sostuvo.

En la misma línea, la Coordinadora Nacional de Asentamientos consideró “un error” que no se incorporara su opinión. La representante de la organización Carina Zeballos dijo a Búsqueda que “sin dudas es para celebrar y reconocer que vecinas, vecinos, niñas y niños de asentamientos como el de Mendoza y Andares o el Che, que están en situaciones terribles, con ratas, con plombemia, van a dejar de vivir así y van a tener una vivienda”.

“Sabemos que atrás de esos 120 asentamientos que tendrán sus soluciones hay vecinas y vecinos organizados hace años luchando por mejorar sus condiciones de vida”, agregó. Aunque advirtió que “quedan más de 500 asentamientos en los que habrá que ver qué se hace”, y para ello la organización pedirá una reunión con la ministra de Vivienda en los próximos días, porque, en su opinión, “tierras y viviendas vacías hay para resolver la problemática de todas las personas”.