Jueces obligan al Estado a dar viviendas dignas a tres familias por entender que se vulneran los derechos de los niños

Las tres familias debían abandonar a más tardar el domingo 4 el asentamiento Nuevo Comienzo, ubicado en el barrio Santa Catalina, al oeste de Montevideo, de acuerdo a una sentencia del Juzgado Penal de 44° turno. Ese fallo se dio en el marco de un problema que involucra a unas 300 familias que viven en la extrema pobreza y que desde enero de 2020 ocupan un predio privado. Eso provocó el reclamo de los propietarios del terreno, que presentaron una denuncia penal por usurpación y hurto de energía eléctrica. La investigación penal derivó en la formalización de 30 personas y en intimaciones a abandonar la zona.

En los tres casos, las dos juezas y el juez que intervinieron coincidieron en poner en foco su preocupación por la situación de los niños y la necesidad de que vivan en viviendas dignas. Fundamentaron su decisión en artículos de la Constitución, del Código de la Niñez y Adolescencia y en el contenido de pactos internacionales ratificados por el Estado uruguayo.

El juez Daniel Erserguer, por ejemplo, sostuvo que es “imperiosa y urgente” la necesidad de que el Estado dé una solución porque surge “claramente” que se han “vulnerado los derechos de los niños involucrados, en clara contravención a todo el marco normativo nacional e internacional de protección a tales derechos, siendo por demás notorio el apartamiento del Estado uruguayo a lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia y en la Convención de los Derechos del Niño”.

La jueza Liliana Brusales consideró que se vulneraron “los derechos de la infancia” dadas las “condiciones” en las que están viviendo los menores. “Carecen de una vivienda decente y segura, así como de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento”, a lo que se suma las “ya difíciles circunstancias que los niños encaran para sobrevivir y avanzar en la vida”, afirmó la magistrada. Los niños, “al ser el colectivo más vulnerable en todos los aspectos (salud, explotación, etc.) deberían de contar con toda la ayuda por parte de los gobiernos para que el derecho al hogar sea una realidad. Tienen el derecho a tener una vivienda, una casa donde protegerse del frío y donde vivir con su familia”, agregó la jueza.

La magistrada Ana Bueno Muñecas también señaló que del análisis de la documentación presentada quedó probada la “situación de vulnerabilidad” de la madre y sus hijos. Existe “riesgo” de vida para esos niños, afirmó, con base en un informe de una arquitecta.

l Condiciones “infrahumanas”. En las tres sentencias se describe la situación en la que viven las familias y los problemas que enfrentan. En uno de los casos se trata de una madre con cinco niños a cargo, que está desocupada. Sus únicos ingresos son la asignación familiar y la Tarjeta Uruguay Social (TUS) del Ministerio de Desarrollo Social, que en total le aportan $ 4.500 por mes. El padre de los niños no brinda ninguna ayuda. Los planes y programas del Ministerio de Vivienda no son aplicables a esta familia, ya que requieren un mínimo de ingresos de entre $ 16.000 y $ 18.000 por mes.

Otro caso, analizado por la jueza Brusales, involucra a una pareja con dos hijos. Vivían en “condiciones infrahumanas”, en una casa precaria donde en un mismo espacio está la cocina y el dormitorio. Tiene piso de chapa y tablas, y el baño es una construcción aparte, que cuenta con inodoro, pero hay que llevar agua en balde hasta ahí. Tenían energía eléctrica porque estaban “enganchados” a la red. Esas no son las mejores condiciones para que se críen dos niños, sostuvo la magistrada en el fallo. El padre es albañil y hace changas, mientras que la madre hacía limpiezas, pero ahora está desocupada.

El tercer caso es el de un madre con dos hijos y otra joven con un niño a cargo. Vivían en una casa de “extrema precariedad”, construida con chapas, tablas, nylon y materiales de desecho. El piso de la vivienda es en parte tierra y en parte pavimento de arena y portland. En cuanto a las condiciones de higiene y salubridad, un espacio de la habitación es para el baño, donde hay un inodoro. Pero la vivienda no tiene agua potable ni saneamiento, por lo que “ambas condiciones hacen imposible los cuidados básicos de la salud e higiene”. Una de las madres tiene un empleo con un salario de $ 17.000 y percibe la TUS por $ 4.100 y la asignación familiar por $ 1.700. La otra madre tiene la asignación de $ 1.700 y un ingreso de $ 700 por el programa Bienvenido Bebé.

El abogado Ceretta dijo que lo mejor sería no tener que ir a un juzgado para solucionar este tipo de problemas. “Lo mejor es que haya una política pública y una respuesta del Estado. En situaciones límites, donde hay personas que no están en condiciones de salir de la precariedad absoluta, que viven en el barro, si no les podemos dar un empujón a ellos, ¿a quién se lo damos entonces?”.

Señaló además que se está ante una situación de vulnerabilidad que ya es “estructural”. “Ellos son tercera generación que tiene problemas de vivienda. Vivieron en ranchos toda su vida, corriendo de un lugar a otro. Por eso se necesitan políticas públicas para atender esta situación”, agregó.