La mano en el bolsillo

La columna de Raúl Ronzoni

6 minutos

Nº 2227 - 1 al 7 de Junio de 2023

En Uruguay las mutualistas son asociaciones civiles (personas jurídicas de derecho privado) que mediante el aporte de sus asociados tienen como obligación prestar asistencia médica integral sin fines de lucro. Esto último constituye un elemento esencial.

Vale decir que casi todos los uruguayos tenemos acceso a esa cobertura salvo quienes no tienen recursos propios y son atendidos por el sistema estatal de salud. También reciben esa atención integrantes de determinadas organizaciones, entre las cuales está el Hospital Policial (HP), que es administrado por la Dirección Nacional de la Sanidad Policial del Ministerio del Interior (MI).

Esta explicación, que para muchos puede resultar conocida, vale la pena reafirmarla ante los abusos cometidos en los últimos tiempos por varios gobernantes contra el HP, que asiste a los efectivos policiales y a los integrantes del Cuerpo Nacional de Bomberos.

También tienen derecho a la asistencia los hijos de funcionarios con discapacidad (declarados como tales por la Comisión de Discapacidad de Sanidad Policial) sin límite de edad. Asimismo, alcanza a los padres o las madres de funcionarios en actividad o retiro que no perciban ingresos mayores a un salario mínimo. Por más que intenten explicaciones, no hay vuelta que darle.

Esa asistencia no es una dádiva del Estado. Existe gracias al aporte de los involucrados. El artículo 86 de la Ley 13.640 de 1967 estableció que su funcionamiento se debía financiar con el 2% del salario que se les retiene a los funcionarios. Veintidós años después el gobierno entendió necesario aumentar ese porcentaje en un medio por ciento porque el HP padecía una crisis financiera que amenazaba con resentir el servicio. En la actualidad la retención es de 4% y sin embargo el HP tiene un déficit mensual de $ 21 millones.

Cuando el 25 de setiembre de 1853 se fundó la Sociedad Española Primera de Socorros Mutuos, significó el principal mojón del mutualismo en Uruguay pero también marcó el camino para toda América, como lo recuerda un detallado estudio de 2007 del doctor Julio Martínez: La salud, el mutualismo y la seguridad social en el Uruguay. Pasado presente y futuro.

Tanto esa sociedad como otras fueron utilizadas en ocasiones por sus directivos para prestar asistencia médica a personas que no eran asociadas porque tenían mejor atención en esas mutualistas que en el Estado. Cuando esto ocurría los directivos tomaban esas decisiones como si fueran los dueños de las mutualistas.

Los uruguayos, en general proclives a reclamar por sus derechos, nunca desarrollaron un movimiento social o judicial para impedir que en algunas mutualistas se les metiera la mano en el bolsillo para asistir a quienes no eran afiliados debido a razones de amistad o política, así como por integrar organizaciones privadas cuyos directivos también tienen fuerte peso mutual.

En esta historia de intereses y pretensión de impunidad lo más grave ocurrió con abusos de gobernantes para obtener asistencia en el HP. El mayor, por su extensión en el tiempo y la inversión, fue el caso de Víctor Hernández, herido de bala en Rocha durante la celebración del cumpleaños del comisario Marcos Martínez. En esa ocasión, a modo de festejo, se efectuaron varios balazos al aire sin que ni la Policía ni la Justicia penal hayan podido identificar a su autor.

Hernández quedó paralítico y luego de estar internado en el Hospital de Clínicas, mediante una gestión del entonces director general del ministerio, hoy senador, Charles Carrera, pasó al HP.

No solo se trató de su internación. También se le dio alojamiento a él y a un acompañante durante 1.252 días durante los cuales intervinieron 20 especialistas y se le suministraron medicamentos de diverso valor.

Por orden directa de Carrera el Estado le pasó mensualmente a Hernández 20.000 pesos en tickets de alimentación. En la investigación parlamentaria sobre esta cuestión las encargadas de la tesorería, Mary Navarro y Alicia Carrizo, dijeron que nunca hubo un caso similar porque el único destino de los tickets es la canasta de fin de año para los policías, reveló el senador blanco Jorge Gandini. El gobierno exige que Carrera afronte los gastos generados por Hernández, que totalizan US$ 260.000.

Familiares de Hernández dijeron que la internación en el HP el 24 de julio de 2013 como suboficial ayudante se produjo para comprar su silencio porque hubo funcionarios policiales involucrados en los hechos que derivaron en la parálisis. La intervención de Carrera es indesmentible; el programa Santo y seña de Canal 4 reveló audios de conversaciones entre Carrera, Hernández y sus familiares.

Por más que Carrera le atribuya a la denuncia una “persecución política” del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, como abogado tiene más claro que otros la ley, que es terminante sobre a quiénes les corresponde la asistencia. Otra cosa son la demagogia y la cháchara vacía.

La generosidad sanitaria ministerial, que se concretó metiéndoles la mano en el bolsillo a los funcionarios que aportan de sus salarios para sostener el HP, se extendió a la esposa de Carrera, Andrea Epifanio, y a la diputada Susana Pereyra, esposa del entonces ministro Eduardo Bonomi. Ambas fueron registradas para su atención como “oficial subayudante”, una engañifa para justificar sus atenciones.

En el caso de Pereyra consistieron en consultas en la policlínica durante siete años, consultas de emergencia y el retiro de la farmacia del HP de 41 medicamentos. Todo significó un gasto de $ 507.000 que nadie pagó.

Los “garrones” reiterados no solo afectan a la oposición. En agosto del año pasado el director general de Secretaría del MI, Luis Calabria, renunció luego de revelarse que él, su esposa e hijos tuvieron asistencia en el HP. La esposa y los hijos se realizaron hisopados y Calabria realizó una consulta oftalmológica.

El 11 de mayo renunció el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del MI Santiago González luego de saberse que en una ocasión recibió atención de urgencia por un problema lumbar y se le recetó un medicamento.

Unos y otros podrán argumentar sobre el mayor o menor volumen y costo de las diferentes atenciones reseñadas. Lo terminante es que la ley debe de ser igual para todos y establece lo que se puede o no se puede hacer, lo que es legal o no lo es, en especial cuando se ejerce el gobierno. El tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, lo estableció en forma breve pero terminante: “Igualdad de derechos para todos, privilegios para nadie”.

En la Justicia la investigación penal prescribió en noviembre del año pasado. En el área civil, el Tribunal de Apelaciones de 1er turno desestimó el mes pasado la demanda de Hernández por US$ 100.000 contra el Estado. Dijo que no existen elementos determinantes de omisiones por parte del Ministerio del Interior ni de que la bala haya salido del domicilio del subcomisario.

Diez años después aún queda tela para cortar. La decisión definitiva estará en manos de la Suprema Corte de Justicia. El abogado Rodolfo Ferreira presentará en estos días un recurso de casación contra la sentencia del tribunal civil, que deberá considerar el máximo organismo judicial. Mientras, Víctor Hernández seguirá el resto de su vida sentado en una silla de ruedas.

Así nos va.