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La nueva Ley Orgánica Militar que prepara el gobierno solo permite ingresar a las Fuerzas Armadas a los ciudadanos naturales
La creación de “tareas principales”, una mayor influencia del Poder Ejecutivo, cambios en la situación de reforma y nuevos grados forman parte de las propuestas
Apenas tres días después de asumir como ministro y con el presidente Luis Lacalle Pou presente en un acto del Estado Mayor de la Defensa, Javier García dijo públicamente que una de sus prioridades era modificar la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Sostuvo que la normativa elaborada en 2019 por el Frente Amplio cargaba prejuicios políticos sin un enfoque profesional de las necesidades militares del país. Como senador un año antes, García se había opuesto a la ley con argumentos similares: una visión parcial, ideológica y no nacional, notoriamente partidaria y absolutamente rechazable, mezquina, un botín de plenario con antimilitarismo adolescente y fuertes inconsistencias que necesitaban ser revisadas.
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El Ministerio de Defensa, que García encabeza, considera que esas debilidades podrán ser corregidas si se aprueba el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica Militar que elaboró y que está a la espera de comentarios de la oposición para después ser enviado al Parlamento.
Búsqueda accedió a un borrador del documento, que entre sus cambios restringe los requisitos para ingresar a las Fuerzas Armadas. Estipula que únicamente serán aceptados los ciudadanos naturales —nacidos en el país o hijos de padre o madre uruguayos— y ya no los ciudadanos legales con tres años de ejercicio. Fuentes oficiales indicaron que la exigencia es necesaria para “una institución con la envergadura” de las Fuerzas Armadas, “inherente a la soberanía de la República”.
Otro cambio apunta a la misión que tienen el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Crea la categoría de “tareas principales”, en la cual agrega y modifica funciones que actualmente no existen o son catalogadas de subsidiarias. En línea con la Política de Defensa Nacional presentada por el Consejo de Defensa Nacional (Codena) en diciembre, estas tareas son proteger las infraestructuras críticas o vitales que establezca el Poder Ejecutivo, contribuir a la prevención y neutralización de ataques terroristas y piratería, y contribuir a la ciberdefensa del Estado y del espectro electromagnético.
Una última función es “realizar la instrucción militar y premilitar autorizada por las normas vigentes”. La ley actual solo menciona la instrucción militar, lo que generó un punto caliente de debate respecto a los liceos militares —definidos como enseñanza premilitar— cuando la norma se discutía en el Parlamento en 2019. “En este proyecto de ley que se va a aprobar se quita la característica de brindar formación premilitar que tienen las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, se abren las puertas para la eliminación, a texto expreso, de los liceos militares”, sostuvo entonces García como senador.
Javier García. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Alto nivel político
Antes de la modificación de 2019, la Ley Orgánica Militar databa de 1974. Establece los principios y disposiciones que rigen la composición, jurisdicción, organización, misiones, personal y logística de las Fuerzas Armadas. El gobierno actual comenzó a diseñar la nueva norma en una comisión interna dentro del Ministerio de Defensa, formada entre otros por las autoridades de la cartera y los comandantes en jefe de las tres fuerzas. Luego recibió el input de los partidos de la coalición.
Finalizada esta semana, fue enviada a los representantes del Frente Amplio en la Comisión de Defensa del Senado. Allí, el 31 de mayo, García explicó cuál era su cometido. “Fui siguiendo una teoría de círculos concéntricos para que antes de que entre al Parlamento, el Frente Amplio pueda tener la posibilidad de opinar sobre este proyecto. La idea es que pueda decir si tiene iniciativas y ver las posibilidades de enviar, en una segunda instancia, un proyecto al Parlamento con todos los acuerdos que se puedan lograr. Queremos que entre con aportes de la oposición. ¿Por qué? Porque la defensa no es de corto plazo, sino que requiere mediano y largo plazo”.
Por lo pronto, el anteproyecto solidifica y delimita el vínculo entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Uno de los artículos, referente a la estructura administrativa militar, indica que para el cumplimiento de sus misiones las fuerzas contarán con el apoyo de la Dirección General de los Servicios de las Fuerzas Armadas, así como de los organismos administrativos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, el Supremo Tribunal Militar, las Fiscalías Militares y los Tribunales y Comisiones Calificadoras correspondientes y los que pueden crearse en el futuro. Según las fuentes, se pretende dar una “integralidad de conjunto al Ministerio de Defensa con las Fuerzas Armadas”, ya que las direcciones nacionales de la cartera “son parte de la apoyatura que necesitan las fuerzas” para llevar a cabo sus tareas.
El artículo siguiente afirma que la estructura operativa militar “se organiza bajo la dirección del nivel estratégico al más alto nivel político”, lo que, de acuerdo a las fuentes, busca “reafirmar el concepto constitucional” del mando político siempre por encima de las Fuerzas Armadas.
Un tercer punto se enfoca en el rol del Poder Ejecutivo en las cantinas militares y otras actividades parecidas. Elimina una disposición de la ley actual por la cual el Ejecutivo, con carácter excepcional, puede autorizar la realización de actividades, lo que en el gobierno entienden que queda librado a la interpretación y puede ocasionar que el ministro de Defensa de turno inhabilite las cantinas militares. En su lugar el Ejecutivo podrá autorizar la participación de las Fuerzas Armadas “en el desarrollo de actividades de carácter productivo, industrial, comercial o de servicios que contribuyan a los fines del desarrollo y de la Defensa Nacional”. Se refiere, por ejemplo, a las propias cantinas, al Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento de la Armada, la venta de explosivos y una idea que García piensa coordinar con Cancillería para abrir comercialmente mercados en los países donde actúan los contingentes uruguayos en misiones de paz de las Naciones Unidas.
Por último, el anteproyecto restituye formalmente en la Ley Orgánica Militar la situación de reforma. Es la condición por la cual un oficial pierde el derecho a ocupar cargos dependientes del Ministerio de Defensa y a usar el título o el uniforme, a causa de la alteración grave de sus facultades mentales, mala conducta pública o privada y la sentencia dictada por jueces o tribunales militares. En esa condición se encuentran, por ejemplo, los represores José Nino Gavazzo, Jorge Silveira y Gilberto Vázquez.
Aunque estaba definida en la norma de 1974, dejó de estarlo en la ley de 2019, que refiere a las sanciones aplicables por la situación de reforma pero no a la situación en sí. El hecho fue recriminado entonces por la oposición, que vuelve a incluirla en uno de los artículos del anteproyecto.
En cuanto a las limitaciones permanentes o transitorias que genera la situación de reforma sobre los derechos inherentes al estado militar, el gobierno eliminó una que el Frente Amplio había agregado, más allá de que nunca se usó: el acceso a la seguridad social militar, incluyendo, entre otros beneficios, retiros y pensiones, sanidad, servicio fúnebre integral, asistencia y tutela social, siendo estos extensivos a la familia.
