La segregación educativa entre el sistema público y privado uruguayo se amplía y afecta tanto a nivel de primaria como de secundaria, aunque es en la escuela y en particular en Montevideo donde se registran los mayores índices de desigualdad entre ambos subsistemas.
La profundización de la segregación escolar puede explicarse por un mayor nivel de ingreso de las familias uruguayas y la extensión de la jornada escolar en los colegios privados —que aumenta la matrícula en ese sistema educativo— y la política de “universalización” a la que apostaron los últimos gobiernos, que incorporó a más niños en situación vulnerable a la educación pública, explicó a Búsqueda la autora del estudio, Lucía Ramírez Leira, investigadora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República (Udelar).
El trabajo, basado en la tesis de Maestría en Economía de Ramírez Leira por la Universidad Nacional de La Plata, observó la segregación escolar según el nivel socioeconómico entre los centros públicos y privados uruguayos desde 1992 a 2017, aunque “ampliado al presente”, centrándose en los alumnos provenientes de las familias del 20% más pobre de la población del país respecto al total de los estudiantes a lo largo de todo el período analizado.
Según la autora, la segregación escolar provoca “profundas consecuencias sobre la sociedad”: contribuye a la generación de fenómenos de exclusión y desintegración en otros ámbitos; da lugar a “desigualdades persistentes” y “trampas de pobreza”; y estrecha las posibilidades y contactos de los grupos más vulnerables, afectando su probabilidad de exposición a mensajes y conductas necesarias para una movilidad social ascendente.
Además, cuando “distintas clases sociales no se ‘mezclan’ en espacios comunes, no pueden conocerse ni aprender las necesidades y motivaciones del que es distinto, favoreciendo el prejuicio y la estigmatización, e incrementando las posibilidades de un mayor conflicto social en el futuro”.
También, “genera peores resultados en los desempeños educativos de los grupos más desfavorecidos”, y esto a su vez se traduce en mayores tasas de deserción.
Para esta investigación se recurrió a la Encuesta Continua de Hogares de Uruguay, cuyos microdatos fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y armonizados por el Cedlas y el Banco Mundial.
Brecha, oferta y universalización
El estudio comprobó un “aumento importante” de la segregación escolar uruguaya durante las últimas tres décadas. Sin embargo, la evolución durante todo el período no es uniforme, ya que ese crecimiento se concentra en los últimos 15 años, detectando un mayor nivel de desigualdad en el presente que hace 30 años.
De hecho, la segregación actual es mayor incluso a la de 1992 y 2003, en primaria y en secundaria, y si bien el fenómeno se registra en todo el país, es en la capital donde se presenta el mayor nivel de segregación escolar, indica el estudio.
A modo de ejemplo, “el índice de disimilitud estudiado para Montevideo refleja que el 41,3% de la población vulnerable debería cambiarse desde la escuela pública hacia la privada si se deseara tener escuelas homogéneas en su composición de estudiantes vulnerables y no vulnerables”, explicó la autora. Estos valores implican un aumento del 30% respecto a 1992 y de 65% respecto a 2003.
Las causas del fenómeno están asociadas a cambios en los niveles de ingresos de las familias, y a una mayor propensión hacia la educación privada, sobre todo en secundaria, evaluó la autora. Esta preferencia “probablemente está sustentada en un aumento en la brecha de percepción de calidad educativa” y en que los colegios ofrecen “servicios más adaptados a las necesidades de las familias ante los cambios en la participación laboral”, como por ejemplo la extensión de la jornada escolar.
Ramírez Leira también resaltó un aspecto que no incluyó en su estudio, que es “el mayor acceso de alumnos de hogares pobres al sistema enmarcado en la política de universalización que amplió la cobertura”, sobre todo en educación media (liceos y UTU). La mayor segregación en este caso “sería una consecuencia, obviamente no deseada, de cambios positivos”, valoró.
Desde 2007 la tasa de escolarización de los quintiles más bajos ha crecido a niveles mayores que la de los quintiles más altos, y “esto modifica la composición socioeconómica de la población que asiste al sistema educativo”, explicó. En 2017 la proporción de alumnos vulnerables en el total de la matrícula era superior que en cualquier otro año considerado.
Ante este panorama, la mayor cantidad de estudiantes vulnerables asistiendo al sistema educativo (la mayoría de ellos se incorporan al sistema público), “genera automáticamente un aumento en la medición de la segregación”, indicó.
Destacó, por otra parte, que el sector público hizo mayores esfuerzos para mejorar su oferta educativa con la extensión de la jornada en escuelas y en cada vez más liceos. Y sugirió otros cambios como posibles explicaciones. Entre ellos, planteó que “si la estructura educativa de los padres está cambiando en el tiempo, y si se asume que padres más educados poseen mayor preocupación por la calidad de la educación de sus hijos, estos migrarían hacia la educación privada si es que perciben mejor calidad” en esos centros.
En cualquier caso, los resultados del estudio son “concluyentes” sobre el aumento de la segregación escolar tanto para los niveles de educación primaria como para secundaria, si bien es en la escuela donde se amplía esta desigualdad entre públicos y privados, con independencia del índice y el año analizados.
“Al menos en el caso uruguayo, cualquier explicación teórica de los cambios en la segregación acontecidos durante el período debería darle importancia a las transformaciones ocurridas en los ingresos de las familias”, insistió la autora.
De todos modos, cada vez menos alumnos de distinto nivel socioeconómico interactúan en las aulas. La evidencia sobre “el alto nivel de segregación” en Uruguay y su “tendencia al aumento”, debe “contribuir a incrementar los esfuerzos para revertir este fenómeno, y evitar las consecuencias negativas que puede provocar un sistema educativo segregado, tanto en términos de logros educativos como de desintegración social”, dice la investigación.
Si bien “influir sobre los ingresos de las familias no está al alcance, al menos directamente, de la política educativa”, esta debería “enfocarse en revertir la brecha de calidad percibida entre el sistema público y el privado, equiparando oportunidades de aprendizajes y aumentando recursos, y aún más frente a las diferencias marcadas durante el 2020 por la no presencialidad a causa de la pandemia”, concluyó la autora.
