La suba de penas contra el microtráfico tiene un impacto “dramático” en las mujeres, advierten en ámbitos nacionales e internacionales

Mientras el gobierno construye más celdas para mujeres con niños, el caso “paradigmático” de una madre condenada a cuatro años por llevar a la cárcel marihuana preocupa debido al “daño” que implicará para sus hijos, que tendrán que ir al INAU

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Nº 2137 - 26 de Agosto al 1 de Setiembre de 2021

escribe Victoria Fernández

Dona Samer Fleitas tiene 39 años y cuatro hijos menores a su cargo. No hay padres presentes ni otros familiares que apoyen en el cuidado de los niños. Aunque siempre vivieron en un contexto de precariedad, van a la escuela y tienen sus chequeos médicos al día. Los técnicos que dan apoyo a la familia aseguran que es una madre presente, que siempre se las rebuscó para mantenerlos y cuidarlos sola. Tiempo atrás, impedida de cumplir el horario como empleada en un lavadero por no tener donde dejar a su hijo más chico, perdió su último trabajo formal. Vendió comida, hizo limpiezas, pero su situación socioeconómica empeoró. A principios del año pasado la familia se quedó en la calle, y pasó a vivir en un centro del Ministerio de Desarrollo Social.

Mientras tanto, Dona se vinculó con un hombre a través de Facebook y al tiempo fue a visitarlo a la cárcel. Le llevó 56 gramos de marihuana, que intentó ingresar ocultándolos en su cuerpo. Pero el escáner del ex-Comcar lo detectó, y Dona fue detenida. Nunca antes había cometido un delito. En julio, la Justicia la condenó a cuatro años de cárcel.

Aunque su condena fue apelada, sus perspectivas no son alentadoras. Es que las normas penales aprobadas en la Ley de Urgente Consideración (LUC) previeron un aumento de las penas contra el tráfico de drogas, y su caso encuadra en los delitos especialmente agravados: entrega de sustancias estupefacientes prohibidas en establecimientos carcelarios. Por tanto, tiene una pena mínima de cuatro años de cárcel. No negociables. Aunque se trate de una persona sin antecedentes penales, la Fiscalía no puede pedir al juez una condena menor. Tampoco puede acordar que parte de la pena se cumpla en libertad bajo vigilancia.

Además, la LUC estableció que esos delitos ya no pueden redimir pena por estudio o trabajo. Así que serán cuatro años, sin descuentos. El objetivo de esta política, explicaron a Búsqueda desde el Ministerio del Interior, es desestimular el ingreso de drogas para combatir el “gran problema” de adicción entre los presos.

El caso de Dona no es el único, pero sí es para muchos “paradigmático”. Por la dureza de la sanción para el delito cometido, y por el impacto que tendrá en sus hijos. Como no hay otros adultos cercanos para hacerse cargo de ellos, deberán ingresar al Instituto del Niño y el Adolescente (INAU). En el caso del menor, que tiene dos años, la ley habilita que pueda ir con ella a la cárcel, aunque la unidad penitenciaria para mujeres con hijos está llena y los técnicos que trabajan con la familia temen que no haya cupo para él.

El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, y la organización Gurises Unidos, que trabaja con niños y adolescentes de contextos vulnerables, se presentaron ante la Justicia como amicus curiae en la causa contra Dona, con el objetivo de poner foco en el impacto que el castigo penal tendrá en sus hijos, de dos, cuatro, nueve y 16 años. En el documento citan, entre otras normas internacionales, las Reglas de Bangkok para el tratamiento de las reclusas, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011, que “señalan la pertinencia de encontrar alternativas a la prisión cuando el interés superior del niño esté en juego”.

También describen el impacto que el proceso penal ha tenido en sus hijos: desde el inicio, cuando Dona debió cumplir prisión preventiva domiciliaria con tobillera electrónica y fue su hijo adolescente quien asumió las principales tareas de cuidado, pasando por la actual incertidumbre de no saber qué pasará con ellos cuando el proceso culmine y la madre deba ir a la cárcel; hasta el futuro, en el que deberán criarse en centros de INAU, separados de sus hermanos y de su mamá.

“En la resolución de privar a una madre de libertad no solo está en juego la pena a la mujer, sino también el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir con su madre”, plantean al juez, y piden que considere “la aplicación de medidas alternativas” para aquellas mujeres que, como Dona, son madres de niños y “no cuentan con ninguna red familiar o afectiva que evite su institucionalización”.

El juez penal Fernando Islas, que el 19 de julio condenó a Dona al mínimo legal de cuatro años de cárcel —la Fiscalía había pedido cinco—, escribió en su sentencia que compartía “in totum” lo planteado en el amicus curiae. Sin embargo, sostuvo que las condiciones de cumplimiento de la pena debían ser valoradas, en caso de que la condena quede firme, por el juez de Ejecución, en una etapa posterior.

Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

“Enorme desproporción”

El endurecimiento de la política de persecución del narco y microtráfico que impulsó el nuevo gobierno tuvo un impacto particular en las mujeres, coincidieron los distintos actores consultados. Es que la LUC revivió una norma de 1974 que había quedado en desuso, el artículo 36 del decreto ley 14.294, que penaba el ingreso de drogas a las cárceles con una mínima de cuatro años. En 1998 se aprobó la Ley de Estupefacientes N° 17.016, que en su artículo 60 legisló nuevamente el agravante de ingreso de droga a la cárcel (sin fijar mínimos ni máximos), por lo que la norma anterior dejó de aplicarse.

Pero, tal como explica en la sentencia el juez Islas, el artículo 74 de la LUC dio una nueva redacción al artículo 36 del decreto ley 14.294, que “se entendía derogado tácitamente”. Para el magistrado, en la exposición parlamentaria quedó “en evidencia la intención del redactor del proyecto de ley y del legislador de que tome fuerza y vigor nuevamente el artículo 36”.

Así, mientras el ingreso de una baja cantidad de drogas a una cárcel por parte de una persona primaria solía recibir una pena de libertad bajo vigilancia, o unos 20 meses de cárcel si tenía antecedentes, hoy debe imponerse al menos cuatro años de cárcel (puede ir hasta los 15), sin posibilidad de que los operadores gradúen el castigo según la gravedad y las circunstancias del caso.

¿Por qué esto afecta más a las mujeres? Porque son ellas las que suelen cometer ese delito, sea para llevar droga a una pareja o un hijo preso, o a un desconocido a cambio de dinero.

Fiscales, defensores y jueces penales ven con preocupación esta situación, según las consultas realizadas por Búsqueda. En particular, cuestionan que no puedan considerar la primariedad ni acordar penas alternativas, ya que muchas veces son mujeres que no tienen vinculación previa con el delito. “Los actores de Fiscalía estamos conversando sobre el tema y nos hemos reunido para discutir cómo manejarlo y tratar de que sea lo más justo posible”, informó una fuente de esa institución.

En algunos casos, si la defensa demuestra que fueron presionadas o extorsionadas para llevar la droga a la cárcel, hay fiscales que evitan pedir la formalización. Pero no son muchos los casos en que esto puede probarse, y las fiscalías tienen posiciones diferentes. Otra estrategia que han aplicado algunos fiscales es considerar que no son autoras del delito sino cómplices de quien les pidió o exigió la entrega, lo que les permite pedir un tercio de la pena mínima. “Hacemos malabares. Pero la norma nos deja muy poco margen de maniobra para poder evaluar el caso a caso”, comentó un integrante de la Fiscalía. “La dosimetría penal en este delito está al máximo. Así sean 20 gramos de marihuana, tenemos que pedir cuatro años”.

Hubo una comparación que se repitió entre defensores y fiscales consultados para ilustrar lo que entienden como una “enorme desproporción en la dosimetría penal”: el Betito Suárez, conocido narcotraficante con múltiples antecedentes, recibió en mayo una condena de dos años y cuatro meses, porque en su caso la Fiscalía podía acordar una pena menor (no se configuran las agravantes previstas en la normativa actual y entonces la mínima es de dos años). “Un narcotraficante con antecedentes puede conseguir dos años, pero una mujer primaria que llevó un porro a la cárcel tiene que ir cuatro años. Es un sinsentido”, comentó uno de ellos.

Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

“Más daño que sanación”

El caso de Dona es “representativo de los dilemas de la política criminal del siglo XXI y de los gigantescos desafíos que tiene nuestro sistema”, dijo Petit, que celebró que el juez Islas recogiera el contenido del amicus. “Creemos fundamental que se preserve la relación con la madre, buscándose un mecanismo alternativo de prisión domiciliaria asistida. O que la madre sea internada en un lugar que también asegure la crianza de los niños”, agregó, y aseguró que las normas nacionales e internacionales de protección de la infancia “abren las puertas” para considerar esas alternativas.

“Es complejo y desafiante para la sede, pero encerrados en ese expediente, además del drama humano en juego, está el dilema de qué hacer con delitos de drogas de baja intensidad cuyo castigo penal lineal puede provocar más daño que sanación”, dijo.

“No es un caso aislado, es un caso bastante paradigmático”, coincidió la directora del Instituto Nacional de Mujeres, Mónica Bottero, en referencia a la situación de Dona. “Por supuesto estoy de acuerdo con el planteo del comisionado. Me parece que debería considerarse en casos de mujeres con niños, que no tienen antecedentes penales, o tienen antecedentes de repetir las mismas conductas, poner medidas alternativas a la prisión. Por ellas y por los niños”.

“No estamos planteando que no se cumpla la pena, sino que pedimos generar una pena que no impacte de este modo en los niños”, dijo Gonzalo Salles, director de la ONG Gurises Unidos, que trabaja con los hijos de Dona a través de un convenio con el INAU. “El impacto de la privación de libertad de esta mamá en los gurises va a ser terrible”, agregó. En ese sentido, dijo que Gurises Unidos está en “sintonía” con el objetivo que se ha trazado el INAU de pensar políticas alternativas a la institucionalización de los menores. Por eso, añadió, “el sistema tiene que tener la flexibilidad suficiente para buscar una solución alternativa a este caso”, afirmó.

“Es un tema preocupante”, reconoció el presidente del INAU, Pablo Abdala, consultado por el daño “colateral” que provoca el aumento de mujeres condenadas en los niños. Por un lado, porque “puede ser la causa de que niños y adolescentes ingresen al sistema de protección, y eso debe preocuparnos”, señaló. “El otro aspecto es lo que el contexto en sí mismo genera en el estado de ánimo de los hijos de privados de libertad. Hay un gran debe en el Estado sobre esa realidad”, explicó. “El sistema tiene una carencia. El tema ha ido quedando relegado, y tenemos que ponernos a trabajar”.

Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

“Ultima ratio”

Desde Naciones Unidas también observan con preocupación el tema. Jan Jarab, representante en América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo a Búsqueda que “la privación de libertad debe funcionar como ultima ratio”, y que “insistir en medidas privativas de libertad y no permitir alternativas va contra la posición común de la ONU”.

“La comunidad internacional aboga por la mitigación de las consecuencias penales de delitos menores relacionados con las drogas y por la introducción de un sistema más balanceado de sanciones”, afirmó. Los recientes cambios en la política de persecución al narcomenudeo y su impacto en la población femenina “nos parecen preocupantes”, añadió. “De hecho, cuando se estaba discutiendo la Ley de Urgente Consideración, alertamos de manera reiterada —ante ambas cámaras del Parlamento— que cambios de corte punitivo generarían retrocesos desde la perspectiva de derechos humanos y serían contraproducentes a nivel de seguridad”.

“Estos cambios (que lamentablemente han proliferado en América Latina) tienen un impacto desproporcionado en la población femenina: son principalmente mujeres quienes resultan procesadas por ingresar microdosis de drogas a las prisiones, muchas veces bajo presión de hombres. Con penas desproporcionadas, las mujeres se convierten en chivos expiatorios de la política de persecución al narcomenudeo. Pero al parecer, esta mirada de género no fue tomada en cuenta en la adopción de la LUC”, planteó.

Jarab opinó que “sería fundamental reestablecer por ley la posibilidad de medidas alternativas en estos casos, pero también impulsar una perspectiva de género”, y señaló que el tema podría ser abordado por el Consejo de Política Penitenciaria creado en la LUC.

Bottero comparte la necesidad de buscar vías alternativas. “Las mujeres presas, en general, son mujeres pobres que entraron al delito por una pareja o por una necesidad imperiosa de mantener a sus hijos. Ahí hay un sesgo de género para trabajar”, señaló.

El comisionado penitenciario definió como “dramática” la cantidad de mujeres jóvenes que, “por diversos motivos de vulnerabilidad, terminan en prácticas de supervivencia ilegales vinculadas al micronarcomenudeo, muchas veces presionadas por otras figuras, mayoritariamente hombres”.

“Los que trabajamos en territorio tenemos claro que el número de mujeres que empiezan a ser procesadas por este tipo de delitos va en aumento”, afirmó la licenciada en Psicología Fernanda Caballero, de Gurises Unidos. Explicó que no siempre llevan drogas a sus parejas, sino que también lo hacen para conseguir ingresos: “A veces no los conocen, son contactadas por redes sociales, son detectadas como mujeres vulnerables que necesitan ingresos, entran como parejas y en la visita conyugal le dan la droga. Y muchas veces no dimensionan la gravedad o el riesgo de lo que están haciendo”.

Un aspecto que varios subrayan es que la marihuana hoy es legal, lo que hace que sea más confuso para estas mujeres comprender la gravedad penal de la acción que cometen. Por eso distintos actores del sistema penal han solicitado que se coloquen de letreros al ingreso de cada centro carcelario para que las personas sean informadas sobre las consecuencias de intentar ingresar con droga a los centros, aunque esto aún no se implementó.

En el Ministerio del Interior explicaron que si bien están trabajando junto a ASSE en temas de salud mental para combatir las adicciones en la población carcelaria, “es a largo plazo”. Por eso, “se pensó en el aumento de penas para desestimular el ingreso de sustancias estupefacientes a las unidades” y se “reforzaron los controles en el ingreso, lo que llevó a que se incaute más droga”.

La Unidad de Comunicación del ministerio informó que entre enero y junio se incautaron 6,842 kg de marihuana, 1,510 kg de pasta base y 152 g de cocaína en los ingresos a las cárceles.

Por otra parte, indicó la cartera, “muchas veces” las mujeres primarias “no tienen casa y, por lo tanto, no se puede sustituir con prisión domiciliaria” la pena.

“Estamos dispuestos a generar un espacio de debate real sobre el tema de las mujeres y las mujeres con hijos, porque esto no es solo del Ministerio del Interior o particularmente del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), sino que es de la sociedad en su conjunto”, añadió en su respuesta. “El tema, según lo vemos, seguirá creciendo y es necesario tener una discusión multidisciplinaria porque hay un problema importante y real que es el creciente número de mujeres delinquiendo, más concretamente en la venta de drogas”.

Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

Más espacio en las cárceles femeninas

Aunque no está aún cuantificado, el incremento de mujeres condenadas por delitos de narcomenudeo lo constatan desde el Ministerio del Interior, la Fiscalía y la Defensoría Pública, y acompaña el fenómeno generalizado del aumento de la población carcelaria, que se encuentra en su máximo histórico: 13.792 prisioneros, lo que ubica a Uruguay entre los países con más presos per cápita de América. De hecho, se observa en el aumento de los ingresos a las unidades carcelarias N° 5 y N° 9 de la zona metropolitana, la primera para mujeres solas y la segunda para mujeres con hijos (la única especializada en esa población en todo el país).

Con más mujeres formalizadas o condenadas, y penas más largas, la capacidad de ambas unidades está más exigida, y el riesgo de que se genere hacinamiento, particularmente en la unidad donde están los niños, despierta preocupación en diversos ámbitos. Semanas atrás la Defensoría Pública Penal transmitió su inquietud al INR del Ministerio del Interior por la falta de espacio en la unidad N° 9, informó Subrayado, debido a varios casos de mujeres con niños que fueron acusadas por la Fiscalía y posiblemente reciban penas de cárcel. A partir de eso se instaló una mesa de diálogo entre ambas instituciones, la oficina del comisionado penitenciario y el Poder Judicial (la Fiscalía también fue convocada pero el fiscal de Corte, Jorge Díaz, entendió que el tema no era de su competencia).

El director del INR, Luis Mendoza, informó a Búsqueda que en la unidad para mujeres con hijos, instalada en un viejo hospital, lo que le da características más amplias y confortables que una cárcel tradicional, hay actualmente 30 mujeres (una embarazada) y 29 niños. Un número mayor implicaría tener que renunciar a espacios comunes para actividades educativas y de recreo, fundamentales en un establecimiento con niños.

Por eso, está en construcción y pronto a inaugurarse un piso superior con 40 plazas nuevas. El plan, explicó, es que en la planta baja haya capacidad para 28 mujeres en prisión preventiva, y los 40 lugares del segundo piso sean para presas con condena. Esto permitiría, además de ampliar la capacidad, cumplir con el Código del Proceso Penal que ordena que presos preventivos y condenados estén separados. En la unidad N° 5, a su vez, se está construyendo una nueva sala de preegreso que también ampliará la capacidad.

Mendoza dijo que con estas obras en marcha transmitió tranquilidad a la Defensoría de que pronto habrá más espacio, aunque dijo que la abogacía pública teme que incluso se superen las nuevas plazas. “Hasta 68 podemos recibir en condiciones óptimas. Eso es lo ideal para que estén las condiciones adecuadas, en cumplimiento con las reglas Mandela (para un trato humano de los reclusos). Si vienen más, van a entrar, pero van a estar más amontonadas. Vamos a tener problemas porque vamos a tener que destinar a alojamiento lugares que son para juegos y otras actividades. Estaremos violando las reglas Mandela”, dijo.

“La unidad está llena”, señaló Petit con preocupación. Y si bien el piso superior tiene más espacio, “no deberían usarlo para llenar más cupos, porque tampoco tiene sentido tener un lugar con 50 niños”, opinó. “Crear más cárceles para mujeres con hijos no es el camino. Sobre todo en estos delitos que son leves y que no solamente pueden tener otra alternativa, sino que esa alternativa va a tener mucho mejor pronóstico, menos reincidencia y sobre todo va a evitar el daño a los hijos”.

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Guía inspirada en cuentos de Teo

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2021-08-25T23:48:00