La participación de Movistar y Claro en la demorada subasta de espectro 5G en Uruguay dependerá de las condiciones para su llamado, lo que implica que pueden desistir de hacerlo. Así lo señalaron a Búsqueda voceros de las multinacionales Telefónica y América Móvil, que en el país tienen el 52% del mercado de la telefonía celular. La dilación en el llamado, que originalmente el gobierno preveía para setiembre, es una de las explicaciones de esta postura. Pero no la única.
Esa demora también contribuyó a la aparición de otro jugador, nacional y privado. Y mientras las multinacionales barajan la posibilidad de no presentarse, Dedicado sí quiere participar. El jueves 8 esta firma anunció mediante avisos publicitarios tener la “primera red 5G comercial del Uruguay”, posibilidad que fue cuestionada por el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, en Montevideo Portal.
Desde la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec), afirmaron a Búsqueda que esta empresa está autorizada a prestar servicios de transmisión de datos pero —al igual que señaló Gurméndez— no de telefonía celular, precisando que el 5G es telefonía celular de quinta generación.
Consultado por Búsqueda, el CEO de Dedicado, Arturo Vargas, afirmó que la legislación uruguaya los avala en participar de esta instancia, apelando al artículo 72 de la ley de Presupuesto del gobierno de Jorge Batlle (la 17.296 de 2001) y el decreto 114 de 2003, que reglamenta la administración del espacio radioeléctrico. “Eso va a pasar siempre y cuando se trate de una subasta abierta”, precisó. También dijo que su empresa ya ha pedido autorización al Poder Ejecutivo para brindar servicio de telefonía celular, algo necesario para interactuar con aparatos de los demás operadores, y que todavía no ha tenido respuesta. “Pero si se adquiere parte del uso del espectro (de 5G), ya en forma simultánea se obtiene esa licencia”, aseguró Vargas.
Condiciones y diálogos
La intención original de las multinacionales es participar del despliegue del 5G, afirmaron por separado Leticia Lago, directora de Asuntos Públicos y Regulación de Telefónica Movistar Uruguay, y Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios de Claro en Argentina, Uruguay y Paraguay. Sin embargo, no ocultaron sus cuestionamientos a cómo se ha venido desarrollando el proceso en Uruguay.
El 9 de febrero y a través de un comunicado, Movistar (que a junio de este año tenía el 31% de la torta, según datos oficiales) había cuestionado que en Uruguay no existiera una “sana competencia” en el mercado de las telecomunicaciones y se avalaran “prácticas monopólicas” por parte de la estatal Antel, que con el 48% de los servicios de telefonía celular es el jugador mayoritario del mercado. “Estructuralmente, las condiciones no se han modificado” desde entonces, señaló Lago. “Por eso entendemos que Uruguay sigue teniendo el desafío de construir un mercado más dinámico e innovador”.
El despliegue de la tecnología 5G —10 veces más velocidad de transmisión que el 4G, una baja latencia que permite más aplicaciones de realidad aumentada, un potencial impacto directo en la productividad a nivel industrial y expansión del uso de la Internet de las cosas— requiere también una inversión en infraestructura entre cinco y seis veces mayor que en la generación anterior; eso se debe a que las antenas tienen un menor alcance y hace falta una mayor coordinación con los municipios para su instalación. Según Lago, Movistar entiende “necesario” que “se asegure que el operador dominante” brinde “una oferta mayorista de la misma forma que se hace en otros mercados más desarrollados”. Esto se traduce en la posibilidad de arrendar tecnología (red de fibra óptica) ya existente a Antel, alternativa a la elaboración de una red propia u otras alianzas con otras empresas. “Todas las opciones son posibles”, agregó.
La incertidumbre juega en esa disyuntiva. “Nuestro interés es ser protagonista del despliegue del 5G de Uruguay. Pero la decisión de participar (en la subasta) está supeditada a las condiciones que se establezcan para ello”, afirmó Lago. Para definirlo, agregó que son “elementos centrales” el “precio del espectro” o tener acceso a esa “oferta mayorista” para el despliegue.
A fines de noviembre, Antel homologó la adquisición de un software que permitiría compartir fibra óptica mediante una técnica denominada slicing. Desde la empresa estatal se dijo, empero, que esto aún no representa adquisición alguna ni equivale a una decisión de compartir fibra óptica. En más de una ocasión, Telefónica ha afirmado su preferencia por la coparticipación en infraestructura.
En Claro (que tiene el 21% de los servicios de telefonía móvil de Uruguay) también dicen querer participar del despliegue. Incluso sostienen que pueden invertir en una red propia, ya que, según dijo Quiroga López, quieren evitar ser parte de “la discusión política respecto a la compartición de infraestructura” que, entienden, hay en el país. Sin embargo, sus cuestionamientos al proceso pasan por otro lado.
“A nosotros nos preocupa enormemente que en todos los países que se despliega el 5G, antes de que eso se concrete existen diálogos técnicos entre el gobierno y los operadores. Esto no es algo que se haga entre cuatro paredes, los gobiernos no son quienes hacen los despliegues de ninguna tecnología sino que esto corresponde a los operadores. Es necesario dialogar sobre experiencias en otros países y adaptarlos a la realidad propia, con su geografía y su demografía. Acá todos hemos pedido diálogo, pero más allá de que (el gobierno) respondió afirmativamente, han pasado las semanas y los meses y eso no ha ocurrido. Eso no se entiende y sorprende en un gobierno que supuestamente está abierto al diálogo”, señaló Quiroga López.
Según habían dicho a Búsqueda fuentes del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), se esperaba que el decreto que anunciara la subasta de espectro 5G estuviera pronto este mes. “En ningún país esto (el decreto) pasa antes de que haya un diálogo con las empresas”, afirmó el director regional de Claro.
Como en el caso de Movistar, esa incertidumbre los hace dudar de participar de la demorada subasta. “No lo podemos saber. A lo mejor se establecen condiciones que están bien y se puede, pero es una lástima que no se pueda tener un diálogo de carácter técnico. Hay intención de participar e invertir. Pero si las condiciones no son las adecuadas, eso se revisará”, concluyó Quiroga López.
Pedido uruguayo
“Queremos participar de la subasta. Pretendemos que haya libre competencia. Pedimos un trato igualitario”, señaló el CEO de Dedicado. Afirmó que la empresa está dispuesta a trabajar con Antel y, eventualmente, cooperar con la estatal. “Nosotros somos una empresa uruguaya que está dispuesta a trabajar con Antel, que es la principal referencia en el país. Si llegamos a un acuerdo con ella, podemos montar la red 5G más potente de América Latina”, agregó Vargas.
A caballo de su condición de local, el ejecutivo no tiene las mismas palabras amables hacia Movistar y Claro: “La disposición a invertir de las grandes empresas multinacionales depende de los humores de su casa matriz”.
Con ese fin, la semana pasada Dedicado anunció haber suscrito alianzas tecnológicas con Ciena y Nokia. La empresa indicó que usará una red 5G NSA (Non-stand alone). Esta se apoya en tecnología 4G, pero permite una velocidad de transmisión de datos entre 5 y 10 veces más grande; y es una suerte de paso previo el despliegue de la quinta generación. A junio pasado, esta tenía 9.301 servicios de banda ancha fija inalámbrica en Uruguay, según el último Informe del Mercado de Telecomunicaciones elaborado por la Ursec. Eso es el 11% del total en ese rubro (Antel tiene el 88%).
Esas alianzas son parte de un plan de inversión de 60 millones de dólares a 10 años, en el que ya llevan en dos años ejecutados el 30%, indicó Vargas. “Si podemos participar en la subasta, y si la subasta es abierta, podemos ampliar ese plan a cien millones de dólares. Eso no es poco para el país”, afirmó.
De parte del Poder Ejecutivo no hubo una respuesta oficial. Según dijeron a Búsqueda desde el gobierno, no se quiere salir a contestarle “a un privado” que “puede hacer la movida que quiera” y que “está presionando” sin que tenga habilitación en telefonía móvil. Paralelamente, también se apunta a las multinacionales a la hora de hablar de “presiones”, de acuerdo con varios actores consultados.
“El hecho de que Antel no decidiera lanzar servicios 5G pese a ya tener las posibilidades de hacerlo, y que Movistar y Claro permanezcan a la espera, hace que surjan nuevos participantes. Esto es un efecto colateral de esta demora (en subastar el espectro), absolutamente”, dijo a Búsqueda el representante del Frente Amplio en el directorio de la Ursec, Pablo Siris. Sobre esta irrupción, López Quiroga señaló que Claro desconoce en qué condiciones lo hace. Lago, de Movistar, se limitó a decir que “corresponde a la autoridad regulatoria (Ursec) tomar medidas ante cualquier incumplimiento” referido a “ofrecer servicios para los que no se cuenta con el permiso”.
Según pudo saber Búsqueda, desde la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) se pidió días atrás a la Ursec información sobre los valores internacionales de espectro de 100 Mhz en los segmentos 3.300-3.400 y 3.600-3.800, discriminando según país y región. Esto va en sintonía con informaciones previas que hablaban de que se iban a subastar tres bloques de 100 Mhz, lo que dejaría por fuera a la tecnología NSA, que también requiere bandas más bajas. Esto último, según Dedicado, hace que la instancia sea “cerrada” y les imposibilite participar. “Eso sería ir en contra de lo que se hace en el mundo”, afirmó Vargas.