Las multinacionales buenas

escribe Fernando Santullo

6 minutos

Nº 2112 - 24 de Febrero al 2 de Marzo de 2021

Hace unas semanas escribí sobre la decisión de Twitter de bajar la cuenta del entonces presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump. Comentaba entonces que ese gesto era una forma de privatizar la discusión sobre los límites de la libertad de expresión y que, más allá del argumentario supuestamente progresista que lo sostenía, era tan antidemocrático como los mensajes que Trump venía publicando desde hacía años en su cuenta, sin que a Twitter se le moviera un pelo por ello. Decía también que cuando tu negocio depende del tráfico (Trump tiene ochenta millones de seguidores), el bocado resulta demasiado tentador como para dejarlo pasar, por más valores que proclames tener como empresa. Y es que en el tema “valores” organizaciones como Twitter, Facebook y Google recuerdan mucho aquella frase que dice “hay que sostener los valores bien altos para poder pasarles por debajo”.

Esa “flexibilidad” ideológica, propia de tiempos en los que se puede discriminar en nombre de la inclusión o prender fuego una ciudad en nombre de la paz, se hizo evidente una vez más en el reciente cruce entre Google, Facebook y el gobierno de Australia. Si en el caso del expresidente de EE.UU. fue una suerte de privatización de los límites de la libertad de expresión, sin el menor aval democrático (ninguna ciudadanía votó a los CEO de Twitter y menos para esa clase de decisiones), en el caso de Australia se revela en el combate explícito de las decisiones legales que intenta tomar un Estado soberano y democrático. Vamos ahí.

Hace algunas semanas se presentó en el Parlamento australiano un proyecto de ley que pretende que Google y Facebook paguen a los creadores de noticias por aquellos contenidos que alimentan sus plataformas y sus motores de búsqueda. La propuesta dice que los gigantes tecnológicos deben negociar con los medios de comunicación un precio por los contenidos enlazados. En un principio, tanto Google como Facebook se negaron en redondo, haciendo predicciones apocalípticas. “El proyecto es inviable. Y si se convirtiera en ley perjudicaría no solo a Google sino a los pequeños editores, a las pequeñas empresas y a los millones de australianos que utilizan nuestros servicios cada día”, dijo al Senado australiano Mel Silva, director de Google Australia. Facebook fue incluso un pasito más allá y, sin previo aviso, a lo gángster, borró de sus servicios todo medio o noticia australiana. Durante varios días el país de los canguros no existió en los medios y redes controladas por Facebook.

Este tipo de batalla no es nuevo. Desde 2014 el servicio de Google News no está disponible en España porque la empresa no accedió a pagar una licencia colectiva obligatoria para publicar titulares y divulgar enlaces a los medios españoles, tal como estipulaba la ley local. En Francia se libró un conflicto similar, pero, ahí sí, Google negoció (individualmente) con los medios franceses. El problema tiene toda la pinta de extenderse a toda Europa ya que desde hace unos meses rige una nueva normativa a nivel de la Unión Europea que obliga a los gigantes tecnológicos a negociar por el uso de contenidos en sus plataformas.

De hecho, este tipo de conflicto muestra hasta qué punto ha crecido el poder de estas empresas. Unas en las que hemos venido delegando, de manera automática, sin pensarlo siquiera, simplemente porque una app “gratuita” lo facilita o porque está a un solo click, decisiones sobre un montón de asuntos clave de nuestra convivencia. Asuntos que, de ninguna manera, pueden ser dejados en manos de empresas que, así es el capitalismo, están dedicadas a maximizar su ganancia por encima de cualquier otra consideración.

El argumento de Google y Facebook para no soltar un mango a quienes crean los contenidos que ellos usan es que el tráfico, esa palabra mágica, genera beneficios suficientes para los creadores de esos contenidos. Sin embargo, el proyecto de ley planteado en el Parlamento australiano surge precisamente de constatar lo contrario. Según un informe de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo que se hizo público en diciembre de 2019, el impacto de los buscadores y las redes sociales en el mercado publicitario y de los medios ha sido esencialmente negativo, complicando la salud económica del sector.

Por otro lado, el hecho de que Google se encuentre en este preciso instante negociando acuerdos individuales con distintos medios españoles (así lo informó Reuters esta semana) dice que el argumento puede resultar reversible: quizá el perjudicado al cortar con la prensa española fue Google y no al revés. Eso sí, los gigantes tecnológicos no van a abandonar su comportamiento de bullies así como así y siempre rechazarán cualquier intento de negociación más o menos colectivo (una ley fuerte hace precisamente eso) que dé algo más de poder a quien tienen enfrente. El viejo comportamiento oligopólico de toda la vida.

Mientras Facebook se dedicaba a bloquear contenidos, Google se apresuró a buscar acuerdos con distintos medios australianos por usar su material, quizá intentando evitar una ley más dura para sus intereses. Finalmente, tras una negociación de 11 horas con el gobierno y tras la notoria desaprobación de los usuarios, Facebook accedió a discutir un pago por los contenidos, con la mediación del gobierno como último recurso. El gobierno australiano por su parte accedió a introducir enmiendas en la ley que implican, entre otras cosas, que no todos los contenidos sean remunerados. Como señala Gustavo Gómez, exdirector nacional de Telecomunicaciones, “lo que se conoce del acuerdo muestra que las grandes plataformas ya habían aceptado que deben pagar a los medios por usar sus contenidos, pero quieren decidir a quién le pagan y a quién no. El gobierno les otorga el poder de decidir eso, lo que deja muy desprotegidos a los medios menos poderosos”.

¿Qué muestran estos tira y afloja? Las dificultades que encuentran los gobiernos para controlar la (pre) potencia de unas empresas muy poderosas que predican una cosa y hacen otra. Porque, y esta es la parte mas sangrante, tanto Facebook como Google presumen de su formidable código deontológico, inclusivo, nada racista, preocupado por todos y cada uno de los derechos más recientes. Tan preocupados están que promueven el “libre” acceso a los bienes culturales en muchas partes del mundo, sin jamás dejar de hacer negocio con ese “libre” acceso. Al mismo tiempo, su comportamiento real es abiertamente filibustero, tratando de pulverizar cualquier intento de defensa democrática de otros derechos no menos esenciales. Como el de recibir una remuneración por el trabajo, por ejemplo.

Por una simple cuestión de edad (peino algunas canas, qué le voy a hacer) la idea de una “multinacional buena” me resulta casi tan risible como la de una “multinacional mala”. Las multinacionales no tienen apellido, son lo que son. Por eso resulta ridículo rebautizarlas con el nombre que ellas mismas se asignan y creer que su bondad o maldad depende de sus bellas declaraciones, sus gestos, sus códigos de conducta, y no de sus crudos y apestosos actos reales.