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    Lejos del paraíso

    Director Periodístico de Búsqueda

    Nº 2144 - 14 al 20 de Octubre de 2021

    La carga impositiva en Uruguay es como una mochila llena de piedras. No se hace fácil avanzar cargando con ella. Castiga directamente a la columna vertebral, que es la que sostiene a una persona en pie. Nadie termina de estar conforme con ver mes a mes cómo pierde un porcentaje muy elevado de su sueldo o de sus ganancias en manos del Estado. Especialmente porque lo que da el Estado a cambio no logra colmar las expectativas.

    Entonces, como pagar hay que pagar porque de lo contrario las penas pueden terminar saliendo mucho más caras, parecen ser solo dos caminos los que se abren. El primero es hacerlo en base a todas las reglas y retenciones previstas a nivel local, que surgen de leyes y similares. Eso es lo que hace la inmensa mayoría de los uruguayos. El segundo es buscar una alternativa, también legal, como para que una parte del dinero obtenido pueda pagar un poco menos de impuestos, siendo declarado y tributando en el exterior, especialmente en países conocidos como “paraísos fiscales”.

    Lo que ocurrió hace cinco años con los Panama Papers y ahora con los Pandora Papers dejó en evidencia que esa segunda opción es la elegida por miles de personas pertenecientes a los sectores más pudientes, en Uruguay y en casi todos los países. La filtración de archivos provenientes de estudios contables dedicados a abrir sociedades offshore en “paraísos fiscales” y el intenso trabajo realizado luego por cientos de periodistas y medios de todo el mundo, entre los que se incluye Búsqueda y su editor de Política, Guillermo Draper, puso sobre la mesa lo que hacen algunos políticos, empresarios, artistas y deportistas con su dinero, algo que hace años era un secreto a voces.

    El sacudón fue grande y no era para menos. No porque fuera algo totalmente desconocido. El debate se generó más desde un plano ético. También hay casos de posibles irregularidades o delitos, como evasión o blanqueo de capitales, algunos de los cuales ya se encuentran en investigación de la Justicia. Los periodistas son los que brindan la información para que los ciudadanos la conozcan y las instituciones actúan si les parece necesario. Es exactamente lo que está pasando en este caso.

    Pero más allá de todo eso, hay algo en lo que vale la pena detenerse al analizar el caso uruguayo en comparación con otros países. Los Pandora Papers revelaron movimientos millonarios y poco claros de varios políticos de primer nivel en distintos continentes. Entre esas decenas de miles de archivos, están mencionados 35 jefes y exjefes de Estado y más de 330 jerarcas públicos en más de 91 países.

    De América Latina están involucrados, entre otros, los actuales presidentes Sebastián Piñera (Chile) y Guillermo Lasso (Ecuador), el expresidente de Paraguay Horacio Cartes, el exsecretario de los Kirchner Daniel Muñoz y el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes. Todos esos casos ya produjeron reacciones políticas y pueden derivar en juicios y hasta destituciones o condenas.

    Fuera del continente también quedaron en evidencia los negocios offshore del rey de Jordania, de los presidentes de Ucrania y Kenia, del primer ministro de República Checa, del ex primer ministro británico Tony Blair y del “ministro oficioso de propaganda” del presidente ruso, Vladimir Putin. A esa ya larga lista se agregan una cantidad importante de artistas famosos internacionalmente, como Shakira o Julio Iglesias, o futbolistas de élite.

    En Uruguay hay algunos empresarios, deportistas y personas vinculadas al sistema político mencionados en los Pandora Papers, en mayor o menor medida. Búsqueda informó en su última edición sobre los casos del futbolista de la selección Diego Godín, del presidente de Cutcsa y exasesor del mandatario Tabaré Vázquez, Juan Salgado, y de algunos de los integrantes de la familia Peirano, entre otros. Pero, a diferencia de lo ocurrido en algunos de los países vecinos, no hay políticos de primera línea involucrados. Ni el presidente, ni expresidentes, ni ministros, ni legisladores aparecen abriendo una sociedad en “paraísos fiscales”.

    Tampoco ocurrió en 2016 cuando los que se desplegaron sobre la mesa de la opinión pública fueron los Panama Papers. En esa investigación, que meses después mereció un premio Pulitzer, había referencias a movimientos realizados por el empresario informático Javier Vázquez, uno de los hijos del expresidente Vázquez, y por algunos jerarcas públicos del momento, pero no de primera línea. Los políticos con más poder en Uruguay no estaban entonces ni están ahora. No es un dato menor porque, a diferencia de los empresarios, son ellos los que deciden y votan las leyes tributarias.

    Los motivos por los cuales los principales líderes políticos uruguayos, sean del partido político que sean, hayan quedado en principio fuera de las filtraciones de miles de documentos sobre actividades en los “paraísos fiscales” pueden ser al menos dos y ambos son destacables.

    El primero es que ninguno de ellos haya optado por recurrir a esos mecanismos, legales y válidos para muchos, por cuestiones éticas. Que hayan preferido dejar su dinero dentro de fronteras o elegir otras opciones, que no incluyan eventuales “paraísos fiscales”. Eso les daría más autoridad para reclamar a sus gobernados que paguen los impuestos.

    El segundo es que ninguno de ellos tiene el dinero suficiente como para pensar en la posibilidad de ocupar una parte de él en el tipo de negocios incluidos en los Pandora Papers. Esto sería entendible porque la política no produce grandes ingresos ni sirve, en principio, para acumular fortuna. Hay millonarios, pero suelen ser empresarios con una riqueza previa que deciden dar el paso hacia la actividad pública. Los que lograron sumar mucho dinero solo con la política son sospechosos. Y al menos en este caso, no parecen estar en Uruguay y sí en países vecinos.

    No hay ninguna duda de que Uruguay está lejos de ser un paraíso. Y mucho menos uno fiscal, aunque su tributación está siendo cuestionada a nivel internacional. Entre otras cosas, gracias a todos los presidentes que ha tenido desde la restauración democrática en 1985 y sus principales colaboradores. Esos mismos que han creado decenas de impuestos pero que, según los Panama y los Pandora Papers, también los pagan en su país. Al menos así parece y es bueno que así sea.