Ley de aborto “cumplió” sus cometidos y Uruguay tiene la menor tasa de la región

Este es uno de los datos que se pusieron sobre la mesa el viernes 29 en la jornada académica organizada por la Clínica Ginecotocológica A de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar). En ella se presentaron los resultados de la investigación “10 años de la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”.

El segundo ítem, la accesibilidad, que las mujeres que decidían abortar pudieran hacerlo, también fue valorado positivamente. Eso había sido un temor a la hora del debate tanto por quienes lo promovían como por quienes se oponían. Para Briozzo, lo ocurrido en la pandemia del Covid-19 fue una “prueba de fuego” salvada. Según números que maneja la investigación, las tasas de IVE cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años fueron 11,8 en 2019, 11,5 en 2020, 11,7 en 2021 y 12,2 en 2022 (mismo número que en 2018). Se mantuvieron estables.

“En 2020 gran parte de los servicios de salud tuvieron un impacto muy importante. Pero viendo los resultados de la IVE vimos que estos se mantuvieron constantes. Eso es muy importante porque confirmó que la práctica es accesible”, destacó.

Infrecuente

Briozzo era subsecretario de Salud Pública cuando el Senado aprobó la Ley 18.987, el 17 de octubre de 2012, y su posterior reglamentación por el Poder Ejecutivo, el 22 de noviembre de ese año. Eso permitió a Uruguay ser entonces el segundo país en América Latina, luego de Cuba, en legalizar esta práctica, luego de varios años de debate que se remontaban al primer gobierno de Julio María Sanguinetti.

Aquella votación parlamentaria dejó inconformes a tirios y troyanos. Quienes estaban a favor, el Frente Amplio todo y el nacionalista Jorge Saravia, lamentaban la inclusión de un “equipo interdisciplinario” para “informar a la mujer” sobre las “características” y “riesgos” del aborto, algo que fue necesario para que el proyecto no naufragase en Diputados. “No es la solución que pretendíamos, pero es un avance”, dijo entonces el senador Luis Gallo. Sin embargo, destacó que así se bajaría la morbimortalidad de mujeres por abortos inseguros y clandestinos.

El senador colorado Pedro Bordaberry defendió el “derecho a la vida” y alegó que “en los países donde se legalizó, estos (los abortos) han aumentado”. Quien en junio de 2013 sería una de los caras visibles de la consulta popular para dar marcha atrás con esta medida, lo que no prosperó, puntualizó que en Estados Unidos ese número “se triplicó” y que “lo mismo sucedió en España”. El Partido Colorado había definido por disciplina partidaria oponerse a la iniciativa, lo que dio lugar a que legisladores como Ope Pasquet hablaran a favor de la despenalización en la cámara, pero luego votaran por la negativa.

Los números actuales le permiten jactarse a Briozzo: “Lo tercero que podemos concluir es que en Uruguay el aborto es una práctica infrecuente, cuando se llegó a decir que en este país poco menos que las mujeres iban a salir corriendo a hacerse uno”.

Según datos de la investigación, Uruguay es el país de menor tasa de abortos con distancia de América Latina y el Caribe, donde el promedio regional se ubica entre 32 y 33 cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años. En 2022, en Uruguay esa tasa se ubicó en 12,2. Solo Nicaragua (donde está prohibido) y Guatemala (donde solo se permite en caso de riesgo de vida de la mujer) reportaron guarismos inferiores a 20.

Esta es una región con elevados índices de embarazos no deseados, altos de aborto en condiciones riesgosas y donde la “marea verde” es muy incipiente: recién entre 2020 y 2023 Argentina, Colombia y México se sumaron al bando de la despenalización. Aún es muy pronto para determinar su incidencia, aunque Colombia está por debajo del promedio y Argentina apenas por encima. En Cuba, donde el aborto es legal desde 1961, y que al igual que Uruguay fija el límite para esta práctica en las 12 semanas de gestación, está la tasa más alta, en el entorno de los 55 cada 1.000 mujeres.

Los números de Uruguay se asemejan más a los de los países europeos, donde la tasa promedio es de 12 cada 1.000 mujeres en esa franja, y la despenalización del aborto comenzó a extenderse desde la URSS a occidente en la década de 1970.

Paridades

Briozzo señaló que también hay una gran paridad entre las interrupciones practicadas en el sector público y el privado, lo que relativiza la idea de que son las mujeres de menos recursos las que apelan más a la IVE. Esto ya lo había señalado este mismo profesional, siendo viceministro de Salud, durante el primer mes de implementación de la ley. En ese momento, la mayoría de los primeros 200 abortos legales realizados en Uruguay tuvieron lugar en mutualistas y seguros privados. “Tampoco hay diferencias sustantivas entre Montevideo e interior”, agregó.

Más allá de estos datos, considerados los más relevantes, en el evento del viernes se hará un desarrollo más extenso sobre departamentos, edad, causas por los que decide abortar y métodos. Este médico señala que quienes “menos interrumpen un embarazo” son las adolescentes, que el método “absolutamente hegemónico, cercano al 90%”, combina los fármacos misoprostol y mifepristona, que todo lo relacionado con un “proyecto de vida” (incluyendo embarazo inoportuno o problemas de pareja) influye en esa decisión y que el 85% de las que consultan luego de una IVE apelan luego a anticonceptivos.

Esta investigación no maneja los números de los médicos objetores de conciencia, algo también previsto en la ley, señalando que eso es privativo del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, Briozzo aseguró que el número de profesionales que se señalan como tales “ha disminuido significativamente” en estos 10 años. “Las nuevas generaciones de ginecólogos objetan mucho menos. Hemos promovido cambios en la currícula de la facultad para promover un mayor compromiso con la ley”, concluyó.