Lo político por encima de lo jurídico

La columna de Andrés Danza

6 minutos

Nº 2088 - 9 al 15 de Setiembre de 2020

Hay palabras o expresiones que se utilizan como si fueran faros de sus tiempos, cuya función es mostrar con su haz de luz el buen camino, dejando al resto del paisaje en penumbras. Son monumentos al deber ser, que de tan gigantescos terminamos incorporando como ciertos. Funcionan como una guía práctica de cómo desempeñarse, lejos del piso y de lo mundano, igual que los destellos lumínicos del faro.

En Uruguay esas palabras y expresiones tienen mucho resultado. Nos hacen vivir en una ilusión perpetua, y las repetimos una y otra vez como si fueran reglas inviolables, de esas que si se tuercen generan el principio del fin o un desastre imposible de corregir. A los uruguayos nos encanta destacarlas como si fueran sellos de nuestro valor agregado, aunque formen parte de una mentira.

Una de ellas, puesta más de una vez sobre la mesa en los últimos tiempos, es que lo jurídico está por encima de lo político, que al sistema político lo regula la ley, ubicada en un escalón superior a los intereses puntuales de los gobernantes de turno, más allá de las mayorías que tengan. En otras palabras, que las principales decisiones se toman contemplando solo las normas jurídicas vigentes y que si ocurre al revés, está mal, es como si se cometiera uno de los siete pecados capitales.

Pues lo político le ganó, le gana y le ganará a los jurídico, siempre. No importa cuál sea el partido que esté a cargo del gobierno ni la opinión que manifiesten públicamente sus principales líderes. El verdadero poder es de las personas y de las mayorías que tengan atrás, que son las que pautan las normas. El problema es cómo se use ese poder. Lo que está mal es el abuso de la política menor o partidaria, pisoteando lo jurídico.

Lo mejor para fundamentar la idea es recurrir a ejemplos concretos, sin alejarse demasiado en el tiempo. Por eso, teniendo en cuenta lo ocurrido desde la restauración democrática de 1985 hasta la fecha, período en el que gobernaron todos los partidos políticos mayoritarios, es interesante detenerse en cuatro casos en donde lo político se puso muy por encima de lo jurídico, con resultados distintos.

El primero tiene consecuencias hasta el día de hoy, por más que fue en el primer gobierno del colorado Julio María Sanguinetti, más precisamente en 1986. Ese año fue aprobada por el Parlamento la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, un punto de quiebre en la historia uruguaya. Para algunos sirvió como para reforzar la democracia y dejar atrás de una vez por todas el pasado. Para otros fue una forma de acentuar las heridas y no poder dar vuelta la página. Pero nadie pone en duda que el camino elegido fue estrictamente político. La lógica jurídica hubiera implicado que tanto militares como exguerrilleros y algunos expresos políticos fueran juzgados en los tribunales comunes y eso nunca ocurrió.

Más de 30 años pasaron desde que fue aprobada esa ley y todavía se sigue discutiendo su validez jurídica y sus consecuencias concretas. Los temas del pasado vuelven una y otra vez. ¿Habría cambiado algo si se hubiera seguido otro camino? Difícil saberlo. Capaz que sí, pero eso fue lo que votaron las mayorías de ese momento, priorizando lo político sobre lo jurídico.

Diez años después, en 1997, el Parlamento aprobó una reforma constitucional que luego fue confirmada por la mayoría de la ciudadanía. Muchos de sus artículos no eran necesarios desde el punto de vista jurídico, aunque sí político. Uruguay podría haber seguido funcionando sin ningún problema importante con la anterior Constitución de 1967, pero una mayoría política evaluó que era necesario cambiar las reglas de juego electorales.

La instalación de una segunda vuelta, junto con las elecciones internas en los distintos partidos políticos para elegir a un solo candidato presidencial y la separación de las elecciones nacionales de las departamentales tuvieron su efecto, positivo para algunos y negativo para otros. El Frente Amplio demoró un período más en acceder al poder, pero luego se mantuvo 15 años. A su vez, desde que fue aprobada esa reforma, ya gobernaron frentistas, colorados y blancos, al son de una nueva Carta Magna que surgió de priorizar lo político sobre lo jurídico.

En julio de 2012 el presidente uruguayo era José Mujica y también estaba a cargo de la presidencia pro tempore del Mercosur. Apelando a “lo político por encima de lo jurídico” y con una alianza con sus colegas, la brasileña Dilma Rousseff y la argentina Cristina Fernández de Kirchner, permitió el ingreso de Venezuela al bloque regional como miembro pleno. La movida fue resistida por Paraguay, que fue dejado de lado.

A partir de ese momento, la frase “lo político por encima de lo jurídico” se asocia con Mujica, porque fue quien la pronunció y la defendió en ese polémico caso. Pero es un error que el concepto quede ligado a un episodio puntual, en el que se procedió de forma atropellada. La idea de fondo es mucho más abarcativa, trasciende a ese caso, a Hugo Chávez, a Mujica y a cualquier líder político circunstancial.

Porque también está por encima lo político en el debate sobre el desafuero del senador de Cabildo Abierto y excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. La evaluación que hizo el Partido Nacional para no votarlo es política, no jurídica. También decidieron políticamente el Frente Amplio y el sector colorado Ciudadanos. El resultado en este caso, una vez más, depende del momento político actual y no exclusivamente de la Constitución o de las normas.

Y esos son solo cuatro ejemplos. La lista es mucho más larga y abarca a todos los gobiernos desde 1985 hasta la fecha. Es posible mencionar al menos un caso en cada uno de ellos en donde se impuso la política y las leyes quedaron relegadas o fueron modificadas según los intereses del momento. Por eso, resulta una utopía seguir insistiendo en que en Uruguay lo jurídico está por encima de todo. Quizá lo mejor sería procurar un camino un poco más realista y pedirles a los gobernantes de turno que al menos lo político siempre esté por encima de lo partidario. Con eso ya se lograría un avance muy significativo.