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Desde 1995 la Universidad Católica elabora mes a mes un índice de conflictividad laboral. El último informe sostiene que en el semestre enero-junio de 2020 se registró uno de los niveles más bajos de conflictos, superado únicamente por el mismo período del año 2005. Lo atribuyen al aislamiento obligado por el coronavirus y al cambio de gobierno, que suele acarrear un período de tregua.
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Más allá de los motivos, esa quietud parece haber quedado atrás. Lo advierte el informe de la Universidad Católica, que pronostica un aumento de los conflictos para el segundo semestre, pero más aún se ve en la calle. El miércoles 29, la Mesa Sindical Coordinadora de Entes realizó una masiva movilización que llegó hasta la puerta del edificio de Presidencia, y uno de los oradores lo puso en palabras.
“Sin los trabajadores el país no anda. Y cuando paramos los trabajadores se para el país. Eso es lo que tienen que entender. Y vamos a venir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez”, gritó el vicepresidente del sindicato de UTE, Gonzalo Castelgrande, en una actividad “contra el ajuste y la rebaja salarial”, por una renta básica de emergencia, y contra los desalojos en medio del invierno y la pandemia.
En efecto, un día antes, el lunes 28 también habían llegado hasta la puerta del edificio de Presidencia los trabajadores del Frigorífico Canelones para reclamar la reapertura de la planta, luego de caminar desde su departamento. El jueves 30, de nuevo llegó una movilización organizada por la Intersocial, una alianza de organizaciones encabezada por el PIT-CNT, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) y la Federación de Estudiantes Universitarios. En este caso, la actividad tiene como eje el rechazo a la Ley de Urgente Consideración (LUC), un tema que estará en el centro de las discusiones sindicales en las próximas semanas.
Entre los dirigentes del PIT-CNT hay consenso respecto a que la ley de urgente consideración aprobada hace algunas semanas en el Parlamento implica un “verdadero retroceso democrático”. Así quedó plasmado en un informe que aprobaron en la última Mesa Representativa en el que cuestionaron particularmente aspectos negativos en las “garantías individuales”, los recortes a la inversión estatal mediante una regla fiscal, el debilitamiento de las empresas públicas, los cambios “regresivos” en educación, los “recortes” al derecho de huelga, entre otros elementos.
En la interna sindical, sin embargo, no existe consenso respecto a qué camino tomar para intentar cambiar ese escenario y cómo hacerlo. El debate está sobre la mesa porque el sindicato de Ancap (Fancap) ya definió que promoverá un referéndum contra algunos de sus artículos y empezó el intercambio para intentar obtener el apoyo del PIT-CNT.
Los integrantes del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT empezaron a discutir el tema el pasado miércoles 22. El jueves 30, retomaon el intercambio. El escenario inicial muestra una interna “casi partida al medio”, según describieron varios dirigentes consultados, y esta vez la división va más allá de las corrientes ideológicas que suelen marcar diferentes posiciones.
En una nota de El País del viernes 17, algunos dirigentes adelantaron sus opiniones. Esas visiones se confirmaron en el Secretariado Ejecutivo. El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, se mostró abierto a recorrer el camino del referéndum para algunos artículos específicos aunque con ciertos recaudos. El secretario general, Marcelo Abdala, fue más ambiguo, expresó intenciones de apertura pero también reparos.
El secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Jorge Bermúdez, fue uno de los que manifestó su posición contraria con mayor énfasis. En una línea similar se expresó el secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, José Lorenzo López.
Los argumentos contrarios son varios. Uno de ellos es el escaso conocimiento que ven los dirigentes sindicales en la población de los contenidos de la LUC. Los temas que tenían mayor visibilidad, como el monopolio de importación de combustibles de Ancap, fueron modificados en el transcurso del trámite parlamentario y, sin ese “gancho”, piensan que no será sencillo reunir las 700.000 firmas que necesitan. Además, ven en la realidad nacional temas que requieren mayor urgencia, como el empleo y la crisis económica que empieza a afectar a los sectores más vulnerables.
Por otro lado, evalúan que embarcarse en la campaña y fracasar los llevaría a “fortalecer” al gobierno. Tampoco pierden de vista la alta aprobación que le adjudican las encuestas de opinión pública a la gestión de Luis Lacalle Pou.
Hay todavía un elemento más. Impulsar una campaña de ese estilo implica un despliegue y una inversión económica importante. Con el creciente nivel de desempleo y los salarios en caída, analizaron que también será difícil conseguir los recursos necesarios.
El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT pretende encaminar un consenso antes de que el tema baje a la Mesa Representativa para su definición. Una confrontación en ese órgano es vista como un desenlace inconveniente para saldar la discusión. “Pagaríamos un costo político muy alto”, dijo un dirigente.
Varios de los consultados indicaron que será clave para inclinar la balanza para uno u otro lado la posición que adopten los sindicatos en los que predomina el Partido Comunista. Entre ellos aún no hay una tendencia definida. A diferencia de la postura expresada por el secretario general de la FUS, el secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, Daniel Diverio, se mostró bastante más favorable al referéndum.
“Estamos de acuerdo en trabajar hacia un referéndum, pero primero hay que trabajar en una red de alianzas para que el referéndum cumpla el objetivo, que no sea una expresión de deseo”, dijo a Búsqueda.
La última vez que el PIT-CNT se enfrentó a una situación similar fue en 2018. Ese año la Federación de Funcionarios de OSE impulsó un referéndum contra la ley de riego y también llevó el tema a la Mesa Representativa para buscar el apoyo de todo el movimiento sindical. La discusión previa, igual que ahora, mostraba opiniones diversas. El propio secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, consideraba que embarcarse en la campaña podía ser “una macana”. Luego de un debate “arduo”, la Mesa Representativa apoyó la iniciativa con solo tres abstenciones. Pero en los hechos, el respaldo en militancia fue escaso.
Terminó siendo un “apoyo simbólico”, reconocieron a la distancia los dirigentes consultados. La campaña no alcanzó las 700.000 firmas necesarias para llegar al referéndum.
El presidente de Fancap, Gerardo Rodríguez, es consciente de que tienen posibilidades de fracasar, pero aun así afirma que será una instancia de acumulación política con la sociedad. “Todo implica un riesgo, pero la única derrota posible es no hacer nada. Si no hacemos nada, ya estaríamos derrotados ante la LUC y nos van a pasar la aplanadora con el presupuesto, con los Consejos de Salarios y vamos a vivir retrocediendo”, dijo a Búsqueda.
