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El avance de las auditorías sobre el anterior gobierno, la preocupación por la pérdida de puestos de trabajo, la caída del poder de compra de las familias y las restricciones generadas por la pandemia concentran la atención de los ciudadanos. Es natural. Lo que ocurre de las fronteras hacia afuera —salvo cataclismos— poco interesa. La información internacional es cada vez menor mientras es desplazada por cholulismos argentinos y algunos locales. Por esas razones y un exitismo primitivo muchos son permeables a engaños como el que acaba de gestar el expresidente José Mujica al expresar su solidaridad con “presos políticos” independentistas catalanes, encarcelados por dar un golpe contra la Constitución además de otros delitos conexos.
Las apreciaciones del expresidente surgieron de un “encuentro” que mantuvo a través de Internet con Oriol Junqueras, líder del partido político Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y exvicepresidente de la Generalitat (la institución mediante la cual se organiza esa comunidad autónoma), y con Raül Romeva, exconsejero de asuntos exteriores. Junqueras está condenado a 13 años de prisión y Romeva a 12 por los delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos y organización criminal. También están condenados a penas de prisión otros seis exgobernantes. El expresidente de la Generalitat, uno de los principales impulsores del golpe, Carles Puigdemont, huyó del país y junto a otros permanece prófugo en Bélgica.
El detonante ocurrió el 1º de octubre de 2017 cuando la Generalitat celebró un referéndum no autorizado por el Tribunal Constitucional de España. La convocatoria pretendió declarar la independencia de Cataluña e instaurar una república. Tras obtener votos favorables declararon la independencia, lo que generó una enérgica reacción del gobierno y motivó la intervención judicial. Derivó en la celebración de un juicio histórico para España. La rebelión es un delito contra la Constitución, en tanto la sedición y la organización criminal son delitos contra el orden público y los de malversación son delitos contra la administración pública.
“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”, dice el artículo 2 de la Carta, citado por el Tribunal Supremo para aplicar las condenas. Los fundamentos jurídicos son terminantes: los jueces dicen que los independentistas impulsaron leyes “para darle cobertura normativa al proceso de separación del Estado Español”. También promovieron actos y proclamas sembrando en la sociedad “la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación” para legitimar cualquier acto de los gobernantes “al margen de las leyes y en contra de la Constitución”.
Añaden que a la “radical falta de competencia” para convocar a un referéndum impulsaron “una insurrección activa” de la población “frente a la autoridad legítima de las instituciones del Estado”. En consecuencia “la Generalitat (la cabeza de la comunidad autónoma) y los diputados independentistas se situaron “en abierta rebeldía al ordenamiento constitucional”.
Mujica les expresó a los golpistas que quienes están en prisión cuentan con su solidaridad y los alentó a negociar con el Estado español para buscar una salida política a un conflicto que no parece tener fin y que se añade a la serie de conflictos que debe enfrentar el gobierno del presidente Pedro Sánchez. Tiene las mayorías sostenidas con alfileres mientras el jefe del Estado, el rey Felipe VI, es golpeado periódicamente por delitos de diverso orden que se le atribuyen a su padre, el rey emérito Juan Carlos, a la sazón refugiado en Abu Dabi.
En la conversación del expresidente con los catalanes, que fue grabada en video por Junqueras y Romeva, y que Mujica habilitó a divulgar, les dijo que es “muy amigo de todos aquellos que están en la cárcel por razones políticas” y les recordó que cuando él estuvo preso durante la dictadura pasó muchas Navidades solo.
Romeva se mostró agradecido por “todo el apoyo que nos has dado siempre” y Junqueras complacido por la “muestra de solidaridad”. Le señaló que su partido (la ERC) siempre ha visto “con simpatía las causas por la justicia y la libertad en América Latina y en todo el mundo”. Esto es, todos los delitos que Mujica y sus guerrilleros cometieron agradaron a los independentistas.
En el intercambio de elogios y gentilezas destinadas por los catalanes a publicitar la opinión del expresidente en el exterior, Mujica les expresó que tiene la “humilde” voluntad de ayudar en una mesa de diálogo entre el gobierno de España y Cataluña.
Seguramente muchos uruguayos ignoran cómo se gestó la prisión de los exgobernantes catalanes y solo con titulares emocionales abrieron sus corazones para acoger los reclamos de libertad de los condenados catalanes.
Lo que ni Mujica ni sus seguidores dicen —porque no les resultaría útil— es que utilizar los vocablos “presos políticos” (allá y acá) es falso y manipulador. Un preso político es aquel condenado a publicitar pensamientos contrarios a los de los gobernantes de turno, pero no es un preso político cuando comete delitos concretos. Más claro: preso político es el encarcelado por expresar sus ideas políticas, pero no cuando comete acciones penadas por la ley y sancionadas por jueces y fiscales como ocurrió en Cataluña con la violación de la Constitución y en Uruguay durante gobiernos constitucionales blancos y colorados en los años sesenta y comienzos de los setenta.
El presidente español Pedro Sánchez está debilitado. Sus respaldos son muy justos y la oposición crece. A esto se añade la efervescencia de Cataluña. Por eso está considerando indultar a los presos independentistas para calmar los ánimos en esa comunidad. El indulto, una acción graciosa del presidente, extingue la responsabilidad penal y supone el perdón de la pena. Es una situación diferente a la amnistía, que supone el perdón del delito. Con el indulto la persona sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena. Los catalanes reclaman ser amnistiados y su aplicación le generaría a Sánchez no solo reproches de la oposición sino también al interior de su gobierno y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), su principal sustento. Sánchez la tiene complicada. Pero bien dicen que en política no hay muertos y que para salvar un sillón cualquiera es capaz de comerse un guiso de hormigas y cucarachas.
