El partido ya había terminado y el equipo de básquetbol de Nacional había logrado imponerse ante Welcome en el Palacio Peñarol. El triunfo, sin embargo, no apaciguó los ánimos, y poco después dos miembros de la barra brava de Nacional se desviaron de su camino hacia una pizzería para agredir a hinchas que vestían remeras del equipo rival, frente a la sede de Welcome. Según la versión que darían luego en la Justicia, alguien tiró una piedra al auto.
Fabricio Picardi y Rodrigo Britos, ambos con antecedentes por hechos de violencia en el deporte e integrantes de la “lista negra” de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) —que impide el ingreso de violentos a los espectáculos deportivos—, se bajaron del auto frente a la sede e increparon y agredieron a los presentes. También rompieron los vidrios de la sede. Algunos entraron al edificio para resguardarse. Todo quedó registrado en las cámaras del club. Las imágenes serían más tarde claves para que la Fiscalía los acusara de violencia privada.
Pero, aun con las grabaciones, el proceso penal no fue sencillo. Cuando el fiscal Carlos Negro estaba a punto de celebrar un acuerdo con ellos, asumieron la defensa de Picardi los abogados Gustavo Salle y Enrique Viana rechazaron la propuesta. Ambos indagados decidieron entonces ir a juicio.
Tras varias contramarchas debido a recursos presentados por los abogados defensores y dos sentencias desfavorables del Tribunal de Apelaciones de 4º turno, la Fiscalía consiguió finalmente una condena a prisión para ambos. El 28 de setiembre el juez Marcelo Malvar dispuso 12 meses de prisión para Picardi por un delito de violencia privada agravado.
Britos había logrado una absolución, pero una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 17 de setiembre lo envió a la cárcel. La corporación anuló el fallo del tribunal de apelaciones que lo había absuelto por considerar que ninguna víctima había sido identificada ni se había presentado a declarar en la Justicia. Para la Corte es “irrelevante” que las personas afectadas no quisieran brindar testimonio. Además, tuvo en cuenta las “vehementes imágenes de la filmación” que muestran a los acusados “provocando, asustando y agrediendo de manera francamente deplorable a jóvenes cuyo única ‘falta’ fue estar presentes en la puerta de su club”.
“El negocio de las hinchadas de fútbol”
El proceso judicial contra ambos barras comprometió también al Club Nacional de Football. Es que en el marco de la investigación se comprobó que al menos uno de los acusados recibía pagos de parte del club para hacer tareas de “seguridad” en los partidos de fútbol y básquetbol, aun cuando estaba inhabilitado por la AUF debido a sus antecedentes violentos. Durante una de las audiencias del juicio, Picardi fue interrogado por el fiscal Negro sobre su vínculo con Nacional.
—Usted dijo que fue convocado a asistir de alguna forma a darle seguridad a la hinchada de Nacional.
—No. Al entorno. Puede ser a hinchas de Nacional o de Peñarol.
—¿Usted fue convocado por gente de la barra de Nacional?
—Gente de la barra que son seguridad de Nacional.
—¿Gente de la barra de Nacional o de la seguridad de Nacional?
—Por empleados de Nacional.
—¿Qué empleados?
—El señor Alan Lorenzo.
—¿Qué cargo tiene?
—No sé el cargo preciso, pero trabaja en la seguridad de Nacional.
—¿Es empleado del club?
—Sí.
(…)
—¿Usted cobraba?
—Sí
—¿Le pagaba la barra de Nacional?
—Me pagaba un empleado de Nacional.
El juez Malvar consideró relevante ese testimonio: “Los propios acusados declaran que eran concientes de que no podían ingresar al partido, pero no obstante ello Fabricio Picardi fue convocado por el Club Nacional de Football a través de un empleado que identifica como Alan Lorenzo y que recibió un pago por su tarea. Su función era la de actuar como seguridad de la barra del Club Nacional de Football”, describe la sentencia.
Según el magistrado, los hechos denunciados se encuadraron “en un ámbito de violencia cuyo trasfondo es el negocio de las hinchadas de fútbol y de básquetbol y de las barras bravas”.
“Las circunstancias señaladas —barras bravas, listas negras, encargos de seguridad a título oneroso, concurrencia a la sede del club rival, etc.— permite interpretar la prueba con franqueza y confirma que los hechos acaecidos se adecúan al delito imputado, descartando interpretaciones inocentes de meras rencillas de momento…”.
Pagos por seguridad
Nacional destinó parte de su presupuesto a pagarle a barras bravas para que manejen la seguridad en las tribunas, según se desprende de diversas declaraciones ante la Justicia a lo largo de los últimos años. En 2014 el entonces presidente de Nacional, Eduardo Ache, declaró que su club pagaba entre $ 30.000 y $ 40.000 a dos referentes de la hinchada a pedido del Ministerio del Interior, según informó El País. Los barra bravas eran “Ramón” y “el Sapo”, quienes “se han incluido como funcionarios”, dijo Ache en el marco de una investigación por riñas entre futbolistas.
En mayo de 2017 el abogado Víctor Della Valle, que se desempeñaba como asesor legal de seguridad en el club, admitió al programa radial Tirando paredes que Nacional contrató a 40 hinchas para que “traten de evitar que se canten cosas agravantes y que se tiren cosas a la cancha”. Y en otra instancia judicial, en abril de 2019, vinculada al asesinato de dos hinchas de Nacional ocurrido el 30 de marzo de ese año, dos barra bravas reconocieron que cobraban unos $ 40.000 por partido para organizar la logística de la hinchada.
“Soluciono todos los problemas”
El 23 de mayo de 2017 Nacional perdió 1-0 con el equipo argentino Lanús por la Copa Libertadores. El partido, sin embargo, fue recordado por lo que ocurrió en el momento previo y en los primeros minutos del encuentro cuando hinchas de Nacional —entre ellos Picardi— ubicados en la tribuna Abdón Porte desplegaron una enorme bandera de Peñarol pese a que los protocolos lo impedían.
El presidente del club en ese entonces, José Luis Rodríguez, según declaró al programa radial Tirando paredes unos días después del partido, resolvió que las personas que entraron la bandera fuera expulsadas de Nacional y aclaró que “como la Justicia no se expidió, se separó del cargo a Alan Lorenzo”, además de “la renuncia de Marcelo Sosa por motivos personales”.
Sosa, más conocido como el Sapo, fue quien lideró la barra brava durante varios años. Él fue quien le dio lugar a Alan Lorenzo como uno de sus hombres de mayor confianza. Lorenzo forma parte de la barra brava de Nacional desde que es adolescente y estuvo al menos 17 años vinculado al club como empleado. Famoso por pelear a golpe de puño en la tribuna, Lorenzo se ganó un lugar en el grupo de hinchas que pasaron a ocupar formalmente un rol de seguridad y con ello a recibir un sueldo.
Tal como declaró Picardi en la investigación sobre las agresiones a Welcome, Lorenzo reconoció ante la Justicia que trabajaba en la seguridad de Nacional. En el marco de una investigación vinculada a lavado de activos ante el Juzgado Letrado de Flores de 1er turno el barra brava declaró el 10 de marzo que recibía pagos de Nacional en una cuenta del Banco República —que le abrió la institución deportiva— aún cuando integraba la lista de personas inhabilitadas.
—Yo trabajo en Nacional hace 17 años, mis primeros dos años fueron en negro, después los siguientes cuatro años me pasaron a caja hasta que me pasó que me pusieron en la lista negra y me pasaron a pagar en negro otra vez. Me sacaron de empleado del club y me pasaron a pagar en negro. En Nacional hasta diciembre de 2018 me pagan ellos $ 40.000 por mes de sueldo y a parte el básquetbol, $ 15.000 por partido.
—¿Por qué tarea?
—Yo soy el encargado de evitar que pasen problemas entre la hinchada y el club. Y entre el club y la hinchada. Yo soluciono todos los problemas que haya en el club.
Luego de revisar varios pagos que recibió Lorenzo, la fiscal Serrana Corsino, en la declaración a la que tuvo acceso Búsqueda, le consultó quién podría validar su trabajo en el club.
—El presidente que estaba, José Luis Rodríguez.
Lorenzo actualmente cumple una condena de cinco años y seis meses por un delito de asociación para delinquir, tráfico de armas, rapiña y transporte de sustancias estupefacientes prohibidas.
Información Nacional
2020-10-08T00:59:00
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