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    jueves 06 de junio de 2024

    Parlamento, partidos políticos y democracia

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    Sr. Director:

    Hace más de 25 años, bajo la presidencia del Poder Legislativo de Hugo Batalla, tuve el honor de dirigir un grupo de expertos con el que realizamos un estudio de la organización parlamentaria en el Uruguay. Es de rigor aclarar que el estudio se refirió exclusivamente al Parlamento como organización y no al Parlamento como institución de la democracia.

    Entiendo por el Parlamento a la institución de la democracia, la manera en que los representantes del pueblo cumplen sus funciones de representación, legislación y control según lo establece la Sección V de la Constitución de la República. Cada representante interpreta y ejerce estas funciones libremente y solo el pueblo podrá juzgar su desempeño. No correspondía a nuestro estudio emitir juicios sobre este tema.

    Conforma el Parlamento organización el conjunto de servicios que son prestados para que los legisladores electos por el pueblo puedan ejercer sus funciones. Ese fue precisamente el tema de nuestro estudio.

    El Parlamento contaba entonces con unos 1.600 funcionarios y costaba 73 millones de dólares anuales según nuestra mejor estimación en 1996. El costo directo de los legisladores (incluidas las suplencias) no llegaba al 20% del total presupuestado. En el año 2021, última cifra oficial de la que dispongo, el costo anual total había subido a 122 millones de dólares. Deduzco que la proporción del costo de los legisladores sobre el total no ha cambiado.

    En la época en que se realizó el estudio, la totalidad de los funcionarios del Poder Legislativo, con excepción de los taquígrafos y algún personal técnico de unos incipientes servicios de informática, había sido contratado por designación y no por concurso. Es decir, eran nombramientos políticos.

    El Parlamento uruguayo funcionaba bien. Ello, por mérito de la dedicación de funcionarios responsables que cubrían las necesidades y compensaban por aquellos otros contratados que poco o nada aportaban. No se necesitaba ser un experto para llegar a la conclusión de que se registraba un desmedido exceso de cargos y de funcionarios sin cometido.

    El proyecto enfrentó una fuertísima resistencia tanto de legisladores como de funcionarios. Solo pudimos realizar estudios en la Cámara de Senadores y la Comisión Administrativa que dependían directamente de Hugo Batalla. Las autoridades de la Cámara de Representantes se negaron a colaborar con el estudio o brindar información.

    El estudio fue ejecutado igualmente en profundidad y se realizaron propuestas de cambios radicales en la administración de la Cámara de Senadores y de la Comisión Administrativa (un cuerpo que tenía más funcionarios que cualquiera de las dos Cámaras). Cuando la propuesta de eliminación de más de 300 cargos superfluos y vacantes (por retiro incentivado) fue desestimada por el Senado, el equipo entero del proyecto decidió presentar su renuncia en una carta abierta al presidente Hugo Batalla.

    En aquella época, me estaba yo reintegrando al Uruguay con mi familia luego de haber estudiado, vivido y trabajado treinta años en el exterior (1963-1993). Esta singular experiencia en el Parlamento me ayudó a entender cómo funcionaba mi país. Había reflexionado mucho sobre este tema durante todos mis años en el extranjero y nunca había logrado una explicación convincente sobre, por ejemplo, por qué Australia (donde viví 6 años) y Nueva Zelandia habían progresado sin cesar durante el siglo XX mientras Argentina y Uruguay se habían convertido en países del Tercer Mundo. Ahora, pensé entonces, comenzaba a entenderlo.

    Dicho esto, y con el beneficio de haber residido muchos años en Uruguay, tengo una interpretación distinta. Mi país tiene, entre muchas otras distinciones que aprecio, una democracia ejemplar. Es la envidia de toda nuestra región latinoamericana y no solo de ella. Es un dato importante e innegable.

    Recuerdo que cuando comenzamos el estudio del Parlamento, junto con el equipo de expertos, nos hacíamos las preguntas de rigor para quien emprende cualquier proceso de modernización de gestión: ¿Con qué propósito se justifica reformar el Parlamento uruguayo? ¿Qué debería funcionar mejor? ¿Qué “produce” un Parlamento? La respuesta es que el propósito del Parlamento es “producir” democracia. Y evidentemente nuestro Parlamento lo hace, a un altísimo costo pero lo hace.

    La gran mayoría de legisladores que entrevisté durante los dos años que duró nuestro proyecto me previnieron, algunos amigablemente, acerca de que el proyecto no iba a prosperar. Que no se iba a cambiar nada de lo que constituía la “cultura” de la casa porque el statu quo conviene a todos, más allá de su pertenencia partidaria. El Parlamento es una forma indirecta de financiar la política y los partidos políticos. Los puestos y los cargos se repartían, entonces, entre blancos y colorados y ahora, supongo, con los frenteamplistas.

    El financiamiento de los partidos políticos, en cualquier país democrático, es un tema complejo porque muy poca gente acepta de buen grado “pagarles a los políticos”. Pero el buen funcionamiento de los partidos es imprescindible. La democracia exige que haya ámbitos de encuentro, de diálogo, de convergencia y acaso de “complicidad” entre los representantes de los distintos partidos. Ámbitos donde todos concuerdan que mantener el sistema (la “cultura”) es de primordial importancia para que la convivencia democrática sea posible. El Parlamento uruguayo cumple esa función.

    Naturalmente no es exclusivamente el Parlamento quien “produce” democracia en el Uruguay, también están los otros poderes del Estado, los entes públicos, la enseñanza, los sindicatos, las ONG, etc. En efecto, la misma “cultura” se extiende a buena parte de la administración pública del Poder Ejecutivo o Judicial, a nivel nacional y departamental. Lo poco que he podido estudiar de estos otros repartos me indican que se verifica el mismo fenómeno y que, mutatis mutandis, es igualmente aceptado.

    Concluyo que esta es la forma en que se articula el poder en una democracia como la de mi país y que es eficaz, porque logra su objetivo, pero es ineficiente porque resulta demasiado costosa… ¿O no? No tengo una respuesta sobre cuánto vale mantener la democracia que tenemos. Sí puedo afirmar que he trabajado en otros países de América Latina donde el Estado gasta mucho, la corrupción es mayor y la democracia es más débil. También he vivido en países en que la democracia funciona y el nombramiento, o las promociones, en la administración pública tienen menos influencia política.

    Debe existir un mecanismo para financiar la subsistencia de los partidos políticos que sea más transparente y que distorsione menos el desempeño de los servicios del Estado. Es evidente que la orientación política de la conducción de un gobierno debe responder al partido vencedor en los comicios y eso se traduce en nombramientos legítimos en cargos clave. Sin embargo, la interferencia política en el nombramiento de cargos técnicos y profesionales es indeseable y restringe las posibilidades de un ascenso profesional exclusivamente por mérito en el servicio civil. Ello puede resultar en desánimo, desapego al trabajo, falta de compromiso con la calidad del servicio que debe brindarse, trato inadecuado al cliente y en el peor de los casos, en abuso y corrupción.

    Cualquier proyecto de modernización parlamentaria debería tener la osadía de atacar conjuntamente el tema del Parlamento institución de la democracia con el de Parlamento organización. Es decir, abarcar el problema en su totalidad y a fondo. Claramente se trata de un asunto de altísima sensibilidad política, por lo que no puede ser conducido por un grupo de expertos. Debe ser asumido y conducido por altas autoridades de los partidos políticos para llegar a un nuevo entendimiento de cómo se puede “producir” en forma menos disruptiva y costosa, esta ejemplar democracia que tenemos.

    Gonzalo Pérez del Castillo

    CI 1.041.004-3

    Cartas al director
    2023-05-24T22:59:00