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Se cerró un capítulo de la saga: el Directorio de Ancap anunció que abandonaba la búsqueda de socios (única salida, a su juicio, para salvar la empresa) y que tampoco la cerrará (desenlace normal, en el mundo real, cuando una empresa es inviable).
Un capítulo se cerró. La saga sigue.
Repasemos los hechos:
—Hace décadas que el negocio del portland estatal viene perdiendo fortunas
—Los intentos por salir del pozo, poniendo más plata encima (muchísima), fracasaron.
—Nadie la quiere. Por algo será.
Llegado a este punto, en cualquier país racional, con responsables que actúan racionalmente, la decisión es cerrar la empresa. Por la sencilla razón de que no hacerlo significará sacrificios económicos sine die.
El Directorio de Ancap, obviamente, sabe eso (como también lo sabe toda persona sensata). Pero igual resuelve seguir. ¿Por qué?
Obviamente, por la presión sindical (que, inmediatamente, es trasvasada a la política vía el FAPIT).
Entonces llegamos al fondo de la realidad: la sociedad uruguaya va a pagar, sin plazo, cientos de millones de dólares para subsidiar a un determinado número de personas. Pero no se trata de una suerte de seguro de paro turbinado. Es algo todavía más disparatado: se trata de mantener una gigantesca estructura industrial para pagar ese subsidio. ¿No es absurdo?
Si hubiera que aceptar la inevitabilidad (no la justicia) de tener que subsidiar a esos funcionarios, es mucho más racional cerrar la planta y pagarles una pensión vitalicia.
Siempre en materia de subsidios lo primero que se debe hacer es transparentar: “Señores, la empresa no da para más, pero no nos animamos a dejar cesantes a los funcionarios (ni siquiera pagándoles despidos generosos e implementando programas de reinserción laboral, etc.). O sea que seguiremos pagándoles los sueldos ad vitam”.
Eso probablemente provoque cierta reacción, al hacerse patente el absurdo: ¿por qué darles a estos tal tratamiento excepcional?
Entonces, siempre en la línea de la transparencia, estaría bueno que el Directorio de Ancap publicara los nombres de los beneficiarios del subsidio vitalicio. ¿Por qué no? Tengo derecho a saber a dónde va mi plata.
Además, no sería extraño que, al conocerse quienes serán los privilegiados con la plata de la gente, aparezcan reacciones de quienes los conocen o pasen a conocer las circunstancias y entonces pregunten: “¿Por qué, si muchos pueden trabajar en otro lado y otros tienen mejor pasar que miles de compatriotas que no reciben tanto o nada del Estado?”.
Ancap claudicó. Intentó taparse con la hoja de parra, anunciando que hará ahorros: ¡ja! ¿Por qué, en vez de eso, no hace algo concreto y publica la lista de funcionarios del portland que vivirán a costa de la sociedad en la que detalle cuánto va a costar cada uno por año, sumando salarios y beneficios?
A falta de valentía, por lo menos honestidad y transparencia.
