Prueba de reconocimiento universitario de títulos docentes desata polémica entre el gobierno y la oposición

El objetivo de que la formación docente tenga un carácter universitario se remonta a años atrás, cuando el Frente Amplio planteó la idea de crear una universidad de la educación. Pero esta propuesta no logró acuerdos parlamentarios suficientes y el proyecto, finalmente, no prosperó.

En la carta pública los docentes expresan que así “se pone de manifiesto el intervencionismo permanente del MEC de forma inconstitucional, así como el menoscabo de los cometidos de la ANEP” definidos por ley en cuanto a los “planes y programas”.

Otro señalamiento del texto, fechado el viernes 1°, es que la acreditación del MEC comprende solo tres de las cinco carreras que brinda el Consejo de Formación en Educación —dejando afuera a egresados de las carreras de maestro y profesor técnico y educador social—, lo que produce “inequidades entre egresados” del CFE.

Además, reivindican “el carácter universitario en el proceso de formación y no como un producto donde el Estado evalúa al Estado”, pagando “onerosos costos” para realizarlo en lugar de invertir en una formación efectivamente universitaria. Y cuestionan que la prueba sea elaborada por el Ineed con el apoyo técnico del instituto colombiano de evaluación.

“Se desinforma a la población señalando que ahora se reconoce el título para acceder a posgrados, omitiendo de manera intencional que desde hace décadas —y dado el prestigio que tiene la formación de maestros y profesores en Uruguay— todos pueden acceder a posgrados”, señalaron.

Réplica

Ante las críticas esgrimidas por los más de 800 docentes y académicos en la carta pública, las autoridades del MEC salieron al cruce.

El director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, dijo a Búsqueda que la prueba es elaborada por el Ineed y negó que se trate de una evaluación internacional o de una iniciativa aplicada por un instituto extranjero. “Simplemente, le pedimos la colaboración al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) porque pretendemos aplicar una tarea que haya tenido éxito en la región”, afirmó.

Y agregó: “Estamos hablando de Colombia, donde en este momento no hay un gobierno de nuestro tinte político. A lo que voy es que ni siquiera buscamos aliados políticos ideológicos para esto. Buscamos excelencia académica. Y nadie puede decir que el gobierno de (Gustavo) Petro es afín o que tenga línea política similar” al de Luis Lacalle Pou.

Sobre la carta pública, Baroni consideró “válido, legítimo y hasta valiente que haya cierto grupo de docentes que esté en desacuerdo con una política pública y lo exprese” por escrito, y enseguida vinculó a esos educadores con las administraciones de izquierda.

“Es cierto grupo que estuvo y que está muy asociado a los anteriores gobiernos del Frente Amplio, que no pudieron ni crear una universidad de la educación ni institucionalizar un cambio en la formación docente en el país”, aseguró. Y señaló que entre los firmantes del texto figuran exintegrantes de equipos de educación frentistas, exconsejeros docentes y también sindicalistas. “Hasta la exdirectora del Ineed (Alex Mazzei), que ya está jubilada, y que está bien que participe porque tiene un título de formación docente… Todos alineados”, añadió.

Baroni valoró la iniciativa del MEC como una política refrendada en la Ley de Urgente Consideración (LUC), primero en votación parlamentaria y luego en consulta popular. “No estamos haciendo nada que no hayamos anunciado”, insistió. “Nosotros entendemos que institucionalmente no están las fortalezas para crear una universidad de la educación”, dijo.

En respuesta a Pablo Martinis, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República (Udelar), que dijo a la diaria que la vía del MEC es “una mala solución” porque con esta titulación no se interviene en el proceso de formación, sino que solo se establece un procedimiento evaluatorio, Baroni replicó: “¿Por qué la Facultad de Humanidades no crea una carrera de formación docente?”.

Concluyó que “evidentemente acá hay un diálogo que no tienen las instituciones universitarias públicas con la formación docente pública; es una discusión entre izquierdas; no es una discusión nuestra”.

Que el Estado evalúe al Estado “no está mal”, valoró Baroni. “No está mal que el público evalúe al público; lo que está mal es que el evaluador sea el evaluado, como pasó durante los gobiernos del Frente Amplio con la ANEP”, indicó, y agregó que “el problema es la falta de cultura de la evaluación”.

“¿Cuál es el problema de querer ser evaluado, y además voluntariamente, para medir datos objetivos del estado de situación docente? Capaz que hay quienes tienen miedo de saber eso. Yo no”.

Por otra parte, indicó que “la transferencia de fondos públicos hacia el sector privado existe desde el día uno con el Frente Amplio”, por lo que concluyó que desde los gremios y los sectores partidarios de izquierda “están agitando unos cucos que no existen por cálculos políticos de algunos”.

A la fecha hay más de 2.000 docentes confirmados en la prueba de reconocimiento universitario para acceder al título de licenciado en Pedagogía y otros 2.000 en proceso, informó Baroni. También indicó que en una próxima convocatoria se incluirá al resto de las carreras docentes. Para esta instancia están habilitados todos los egresados y en ejercicio desde enero de 2022. Hasta el martes 19 tienen tiempo para llenar el formulario. En octubre se comunicará quiénes están habilitados para rendir la evaluación y el 15 y el 16 de diciembre serán las primeras jornadas, sin costo ni límite de cupos.

De aprobar la prueba, el docente recibirá la certificación de licenciado en Pedagogía. Y de no alcanzar el nivel mínimo recibirá un correo electrónico donde se le indicará en qué áreas no cumplió y se le sugerirá cursos de nivelación gratuitos. Pero no le cambiará su situación respecto al ejercicio de su profesión, dijo Baroni, al explicar que no se trata de una prueba habilitante al ejercicio docente, sino “complementaria”.