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El proceso nunca es lineal: los derechos alcanzados solo se mantienen si hay personas en el gobierno interesadas en mantenerlos. Es por eso que la lucha por los derechos es un trabajo constante. A eso se refiere precisamente la Marcha por la Diversidad, que tendrá lugar el viernes 25 en Montevideo, con la consigna: “Orgullo es luchar”.
En una decisión que quizás opaca un poco el objetivo histórico de la marcha (básicamente el reconocimiento y la celebración de la diversidad sexual), este año el foco está puesto en la defensa de los derechos desde una perspectiva amplia e interseccional. Así, los motivos abarcan una serie de temas que van desde la exigencia del cumplimiento de la Ley Integral para Personas Trans o el testeo rápido de VIH universal y gratuito en todo el país hasta el derecho a una educación sin exclusiones, el pedido de presupuesto para la Ley Integral Contra la Violencia Basada en Género, el repudio a la trata de personas con fines de explotación sexual y a la desaparición de mujeres en democracia, el repudio a la violencia racista, la defensa del aborto y las maternidades deseadas, los derechos de las personas en situación de discapacidad y otra gran cantidad temas.
Lo que más preocupa a las 19 organizaciones que integran la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad no es que se elimine la agenda de derechos, ya que el gobierno afirmó en varias oportunidades que no estaba en sus planes derogar las leyes aprobadas, lo que preocupa es que sin presupuesto y sin voluntad política de ejecutarlas es como si esas leyes no existieran.
Por supuesto, el riesgo de retroceso por falta de interés no es nuevo ni es exclusivo del actual gobierno. Por ejemplo: durante la última presidencia de Tabaré Vázquez, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), si bien no se derogó, fue por completo desatendida. La falta de voluntad política para impulsar la aplicación de la ley por parte de un presidente que siempre estuvo en contra de la despenalización del aborto hizo que prácticamente no se hablara de IVE dentro del Ministerio de Salud Pública durante todo su gobierno. Las perspectivas no parecen ser mucho mejores para los próximos cinco años, con un gobierno que se declara “provida” y un Ministro de Salud integrante del partido cuyos representantes en el parlamento opinan por ejemplo que el aborto “es una pena de muerte sin juicio de un inocente al que no se le dio posibilidad de defensa” (como expresó la diputada suplente de Cabildo Abierto Sabina Calvo durante el debate por la Ley de Urgente Consideración).
Otro de los temas que probablemente se verá afectado por el desinterés y la falta de voluntad política es el de la lucha contra la violencia de género. Este martes 22 la Intersocial Feminista lanzó un comunicado de prensa para manifestar “su preocupación por la ausencia de perspectiva de género en la elaboración del Presupuesto Nacional”. En particular, el proyecto de Presupuesto que está actualmente en el Parlamento elimina los juzgados multimateria que habían sido creados por la Ley Integral Contra la Violencia Basada en Género con el fin de atender las necesidades específicas de las mujeres. La eliminación de estos juzgados es vista por la Intersocial como un fuerte retroceso en la aplicación de la ley. Otro de los cambios que prevé el proyecto de Presupuesto es la salida del Observatorio Nacional sobre Violencia Basada en Género hacia las Mujeres de la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y su paso al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres); cambio que le quita al observatorio garantías democráticas y en definitiva obliga a Inmujeres a “autoevaluarse”. Quizás la explicación, como expresó al semanario Brecha la directora del Inmujeres, Mónica Bottero, sea simplemente que “a Isaac Alfie no le interesaba en lo más mínimo mantener el observatorio” (Azul Cordo, setiembre de 2020).
Lamentablemente, el avance o la pérdida de derechos suelen estar más asociados a personas específicas de lo que sería deseable. En un ejemplo internacional esto se pudo observar luego de la muerte de la jurista estadounidense Ruth Bader Ginsburg, reconocida por su trabajo en la lucha por la igualdad de género y jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos durante los últimos 27 años. Luego de su muerte el 18 de setiembre varias organizaciones estadounidenses defensoras de derechos de salud sexual y reproductiva expresaron el temor a un retroceso sobre estos temas si el presidente Donald Trump y los republicanos aprueban el reemplazo de Ginsburg en la Corte Suprema.
El mensaje es claro, y se repite en países distintos y a través del tiempo: por los derechos alcanzados y los que falta por alcanzar hay que luchar todos los días. Para quien se quiera unir al “orgullo de luchar”, el encuentro es el viernes a las 19 en la plaza Libertad o a través de la transmisión en vivo por las redes de la marcha.
