Senado rechazará recursos contra la investigadora por uso “ilegítimo” del hospital policial

Ambos refieren a los resultados de una comisión investigadora en el Senado que indagó la actuación de Carrera en el caso de Víctor Hernández, quien quedó parapléjico tras ser víctima de una bala perdida que presuntamente salió del domicilio de un subcomisario donde se estaba realizando una fiesta, en 2012. Días atrás, la Suprema Corte de Justicia eximió de responsabilidad al Ministerio del Interior por el hecho.

A fines de octubre del año pasado, la Cámara de Senadores decidió remitir las actuaciones de la comisión investigadora a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, en especial “las conductas con apariencia delictiva cometidas” por Carrera, su expareja y Pereyra. Además, se dispuso comunicar las actuaciones a la Cámara de Representantes, “para informarla del uso de documento público falso en forma reiterada” por parte de Pereyra, “con el fin de poder servirse de los servicios de la Dirección Nacional de Sanidad Policial de manera ilícita”.

“Persecución política” y “amenazas”

En los recursos que presentaron contra la decisión, ambos legisladores plantearon argumentos similares. Por ejemplo, objetaron que la resolución del Senado fue votada por 15 miembros, cuando para tener validez debía haber tenido la “mayoría absoluta de sus componentes”, o sea, 16 votos. Además, afirmaron que el objeto de la comisión investigadora era ilegítimo. Estas comisiones deben funcionar para el “control del gobierno” o para investigar la actividad de alguno de sus miembros, indicaron, y los casos que los involucran no encuadran en esos cometidos. Por otra parte, sostuvieron que la investigación estuvo “claramente sesgada como forma de atentar contra la independencia de poderes”, con el “único interés” de “incidir” en la investigación.

En su recurso, Carrera incluso argumentó que se trató de una “persecución política” contra él, y alegó que hubo una “campaña de avasallamiento sobre el Poder Judicial y la Fiscalía”. A su juicio, la resolución de la investigadora constituye una “clara intromisión” sobre la Justicia, con “presiones” a sus magistrados.

Pereyra mantiene una línea argumental similar, aunque en su recurso también da una explicación sobre por qué se atendía en el Hospital Policial: “Eso fue aconsejado por el propio equipo de seguridad del exministro Eduardo Bonomi, en atención a las amenazas recibidas por el mismo y la recurrente, de parte del archiconocido y peligroso Cártel de droga mexicano ‘Los Cuinis’. No creemos necesario recordar que este grupo criminal dedicó públicamente al ministro, su familia y equipo de trabajo, serias amenazas contra la vida y la integridad física de los mismos”.

En junio de 2016, Búsqueda publicó que el narcotraficante vinculado a Los Cuinis, Gerardo González Valencia, había amenazado con colgar a Bonomi del “puente más alto”.

Según Pereyra, “era usual que personas que no revistieran el carácter de funcionarios policiales, en determinadas situaciones pudieran atenderse en ese nosocomio, como por ejemplo algún expresidente, autoridades del gobierno, etc.”. En su caso, “el planteo del equipo del entonces ministro apuntaba además a ofrecer mayores garantías en la prestación del servicio de seguridad, aspecto que no se podía garantizar en un sanatorio privado”.

La legisladora sostuvo además que la comisión no pudo probar el supuesto “delito continuado de uso de documento público o certificado público falso”, y tampoco que ella había sido advertida por personal del hospital que atenderse allí constituía una actividad irregular. “No existe un solo testimonio ni documentación que acredite o respalde las conclusiones de la Comisión”, aseguró la legisladora. También cuestionó que en la investigación se incluyeran documentos con datos de su historia clínica, algo “claramente ilegítimo e ilegal”.

No ha lugar

La División Jurídica de la Comisión Administrativa recomendó no dar lugar a los recursos de revocación. La propuesta de resolución que la Cámara se apresta aprobar recuerda que Carrera y Pereyra tuvieron la posibilidad del “ejercicio de sus derechos” en dicha comisión, pero no asistieron.

A su vez, dos informes de Jurídica señalan que de la “interpretación conjunta y coherente” de los artículos 53, 54 y 108 del Reglamento de la Cámara de Senadores surge que, superado el quórum requerido de 11 legisladores, “la Cámara puede sesionar y tomará sus decisiones por mayoría de presentes”.

Sobre lo cuestionado por Pereyra respecto a su historia clínica, la resolución propuesta sostiene que en la medida en que se trata de una “investigación sobre el uso indebido de prestaciones sanitarias en el Hospital Policial, esa información puede resultar imprescindible”.

Además, el informe señala que la remisión de antecedentes a la Fiscalía de asuntos que “ya están en la órbita del Poder judicial no aparenta generar un perjuicio cuando le corresponde a dicho Poder y a la Fiscalía evaluar la situación”. En tanto, respecto a las afirmaciones sobre la existencia de una “campaña de avasallamiento” a la Justicia, Jurídica consideró que son “afirmaciones de carácter subjetivo y fuera del objeto directo de la resolución”.