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El senador del Frente Amplio Ruben Martínez Huelmo tiene pronta una propuesta para agregar al proyecto de ley para combatir el lavado de activos, que consiste en establecer que quienes ocupen los principales cargos en el Estado no podrán tener ningún tipo de vinculación con sociedades comerciales que tengan domicilio en “jurisdicciones de nula o baja tributación”.
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Martínez Huelmo dijo a Búsqueda que con esta idea busca aportar a la “transparencia” que deben tener los dirigentes políticos. La propuesta del legislador, que es apoyada por el ex mandatario y actual senador José Mujica, es que el presidente, vicepresidente de la República, senadores, diputados, ministros, subsecretarios y directores de Secretaría no puedan tener ningún tipo de vinculación con empresas offshore.
En la fundamentación del artículo para agregar en el proyecto de ley de “lavado de activos”, Martínez Huelmo afirmó que “aquellos gobernantes que poseen competencia en la política tributaria no deben tener ningún tipo de vinculación con sociedades comerciales ubicadas en los llamados ‘Paraísos Fiscales’”.
“Es conocido que el lavado de activos proveniente del narcotráfico, trata de personas y financiamiento del terrorismo generalmente se ubica en esas jurisdicciones de nula o baja tributación”. Además, las jurisdicciones donde se instalan esas empresas “tienen la característica de opacidad tributaria”, señaló.
“Por lo tanto, es menester que los gobernantes no tengan ningún tipo de vinculación” con estas empresas, concluyó Martínez Huelmo al fundamentar su propuesta.
El proyecto de ley sobre lavado de activos está a estudio de una comisión especial con fines legislativos que se creó a partir de la publicación de los “Panama Papers”. La comisión es presidida por Martínez Huelmo.
El proyecto del gobierno tipifica como actividades delictivas precedentes del delito de lavado, entre otros: los crímenes de genocidio; terrorismo; contrabando superior a 200.000 unidades indexadas (UI); tráfico de obras de arte, animales, de armas, órganos humanos y personas; extorsión; hurtos, rapiñas, copamiento, abigeato y otros delitos graves cometidos por grupos estructurados de tres o más personas cuando superen determinados montos; proxenetismo; quiebra e insolvencia fraudulenta, y fraude concursal. También incluye la defraudación tributaria cuando sea mayor a 2,5 millones de UI en los ejercicios de 2017 y a un millón a partir de los siguientes.
Como técnica especial de investigación, el articulado prevé el mecanismo de “entrega vigilada” (habilitando la circulación de remesas ilícitas o sospechosas para identificar a los delincuentes) y vigilancias con “todos los medios tecnológicos disponibles”.
Contempla también la figura del “colaborador” y del “agente encubierto”.
En el proyecto se establece que todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar las transacciones que resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente.También se establece una lista de sujetos no financieros que están obligados a reportar. Entre ellos figuran los casinos, las inmobiliarias, los rematadores, los explotadores y usuarios de zonas francas y las asociaciones civiles.
La iniciativa legal también menciona a los escribanos y contadores. En esos casos, aclara que “no estarán alcanzados por la obligación de reportar transacciones inusuales o sospechosas con respecto a la información que reciban de uno de sus clientes, para verificar el estatus legal de su cliente o en el marco del ejercicio del derecho de defensa en asuntos judiciales, administrativos, arbitrales o de mediación”.
“Panama Papers”.
Funcionarios del actual gobierno y políticos uruguayos aparecieron en los registros del bufete panameño Mossack Fonseca (MF) que fueron analizados por Búsqueda en el marco de la investigación conocida como “Panama Papers”, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), y en la que trabajaron más de 100 organizaciones de noticias (Búsqueda Nº 1.861).
El director del Plan Ceibal, Miguel Brechner, tiene el poder general de una offshore en las British Virgin Islands (BVI), y sus hijos y esposa son los accionistas. Brechner explicó que creó la sociedad a mediados de 2002 como un Trust Fund “pensando en el futuro” de sus hijos. El ex senador del Partido Nacional Francisco Gallinal aparece como beneficiario de una sociedad panameña. Gallinal dijo que la compañía “nunca tuvo actividad ni movió fondos” y aclaró que estaba en trámite para su disolución desde “hace meses”.
El líder del Partido de la Concertación, Edgardo Novick, aparece como director de al menos una sociedad anónima, Arko Managment, con sede en Seychelles. Consultado por Búsqueda, Novick se mostró sorprendido por la aparición de su nombre en los documentos y aseguró que “no es cierto” y que la sociedad “nunca existió”.
El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, aparece en los documentos como poseedor de un poder general de la empresa Portmar Invest Group SA, que años atrás fue centro de notas periodísticas que denunciaron irregularidades en la compra de un campo a través de esa sociedad. Luego de que fuera mencionado el vínculo por las publicaciones sobre los “Panama Papers”, Bordaberry emitió un comunicado diciendo que “nunca” fue propietario de “sociedad alguna constituida en Panamá”, ni utilizó una “sociedad de ese tipo”.
