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Las lluvias intensas y de corta duración que en enero causaron la inundación en algunas manzanas de la capital, la turbonada que a mediados de julio ocurrió en Paysandú y, luego, la explosión de un edificio en Villa Biarritz y el incendio de Punta Shopping fueron cuatro eventos con pérdidas —en algunos casos catastróficas— que tendrán impacto este año en el resultado de las compañías que ofrecen coberturas pero, en especial, en la conciencia aseguradora, señalaron a Búsqueda ejecutivos del sector.
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La mayor siniestralidad deja “lecciones aprendidas” —para los clientes y para aquellos que sufrieron daños pero no tenían cobertura— y abre nuevas “oportunidades” de desarrollo del mercado con nuevos productos complementarios, dijo una fuente de las aseguradoras.
En la primera mitad del año la venta de seguros creció 11% en términos reales en relación con igual lapso de 2021, según datos publicados por el Banco Central y analizados por Búsqueda.
Para el Banco de Seguros del Estado (BSE) fue un “buen crecimiento”, con una “muy buena” utilidad —de US$ 32 millones— para la coyuntura y la siniestralidad “atípica” que se registró en el semestre y que continuó de julio en adelante. Tanto la empresa estatal como la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea) indicaron que si bien habrá un impacto en los resultados de las compañías por esa mayor accidentalidad, será limitado por los reaseguros que contratan las compañías en el exterior para gestionar los grandes riesgos.
Desde el punto de vista de los clientes, hubo una repercusión positiva en el nivel de ventas y consultas en algunas ramas. “La gente se empezó a interesar, hubo muchas consultas y algunas ventas más”, comentó el presidente del BSE, José Amorín.
“Los uruguayos, en general, no miramos que por muy poco dinero se puede estar cubierto de cosas que pueden llegar a pasar”, señaló el director ejecutivo de la Audea, Alejandro Veiroj. Y apuntó que la ocurrencia de siniestros poco comunes pero relevantes, como algunos de los que se dieron en la primera mitad del año, también demuestra que las compañías están preparadas para cubrirlos y responder por montos elevados. Para Veiroj, el hecho de que en ese tipo de eventos no todos los bienes o propiedades afectados estuvieran cubiertos total o parcialmente por un seguro deja “lecciones aprendidas” para las personas y “oportunidades” para las compañías.
Según datos de la Audea, en el caso del incendio en Punta Shopping las compañías privadas respondieron por unas 110 pólizas que involucraron pagos a los asegurados de unos US$ 50 millones en total. En la inundación de enero cubrieron más de 500 siniestros y pagaron aproximadamente US$ 2,5 millones, principalmente vinculados a pólizas de automóviles. Y unas 600 pólizas fueron las coberturas de la turbonada en Paysandú, por US$ 2,3 millones, detalló Veiroj.
Si bien hubo un incremento global de las ventas de 11% real en el semestre, no todas las ramas crecieron. Hubo subas principalmente en seguros previsionales (30%), de automóviles (7%), por robos (73%), rurales (34%) y accidentes de trabajo (3%). En contrapartida, disminuyó la facturación de pólizas de incendio (68%) y transporte (10%), entre otras.
Nuevos productos
Según los ejecutivos del sector, otra oportunidad para profundizar la penetración de los seguros en el país son las pólizas de vida. Observan que a partir de la reforma de la seguridad social que el gobierno está delineando surgiría espacio para diseñar nuevos productos de ahorro voluntario para las personas que deseen complementar su futura jubilación.
“Estamos preparándonos y viendo distintas posibilidades, más allá de los productos que el BSE tiene, para desarrollar un mercado más dinámico de coberturas con ahorro a largo plazo. Hay espacio para eso, porque los jóvenes empiezan a averiguar y se preocupan por lo que va a pasar en el futuro con sus ingresos”, afirmó Amorín.
La Audea, en tanto, está avanzando en el diseño de un seguro colectivo de vida para trabajadores que cubriría unos US$ 9.000 en caso de fallecimiento, por un costo de $ 120 mensuales para el empleado, informó Veiroj. Si bien sería voluntario, la gremial busca que el gobierno apoye la iniciativa aprobando algunos incentivos fiscales por un tiempo acotado, agregó. La Audea estima que si esta cobertura se difundiera ampliamente, llegando por ejemplo a abarcar 660.000 trabajadores, redundaría en un “beneficio social alto” para el país.
Otra propuesta que elabora la Audea refiere a mejorar aspectos de la “ley del seguro obligatorio de automotores (SOA)”, que rige hace 13 años. Verioj dijo que, tras evaluar la evolución de esa póliza, se podrían realizar algunos ajustes al alcance de las coberturas y su indemnización, que se alinearían mejor con el “espíritu” para el que fue creado.
Tanto las autoridades del BSE como la Audea destacaron que se está “encaminando” la ejecución de la fiscalización por medios electrónicos del SOA (a través de radares, cámaras e incluso cruzamiento de información entre registros), que si bien quedó reglamentada en la anterior Rendición de Cuentas todavía no se puso en práctica. Informaron que eso se viene instrumentando en una mesa de trabajo donde participa la gremial de aseguradoras privadas, la compañía estatal, los ministerios del Interior y de Transporte, el Congreso de Intendentes y la Unasev.
Las compañías siempre han señalado la falta de fiscalización de esa póliza obligatoria como una de las fallas para resolver la relativa alta evasión que existe en el mercado, que está principalmente concentrada en las motos pero que “no es despreciable” en el caso de los autos. Es que la evasión les produce a las aseguradoras un costo adicional, ya que deben cubrir la indemnización a las víctimas de accidentes de tránsito, aunque el vehículo no cuente con SOA, o en caso de que sea hurtado o no logre ser identificado.
