Una fallida estrategia de silencio facilitó el avance opositor contra la LUC y obliga al gobierno a sacar la “infantería política”

En febrero, cuando la recolección de firmas para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) era vista por muchos dentro de la agenda política y en la opinión pública como una especie de quimera con poco pronóstico de suceso, desde lo más alto de la Torre Ejecutiva se bajó un mensaje contundente. Incluso hay quienes entienden que más que un mensaje fue un lineazo: silencio. La orden estaba dirigida especialmente a legisladores y dirigentes medios del Partido Nacional. Y fue estrictamente la de no amplificar la campaña de firmas impulsada por el Frente Amplio, el PIT-CNT y otras organizaciones sociales. Había diputados y senadores blancos que estaban dispuestos a dar una discusión pública en defensa de esta ley ómnibus del gobierno. Entendían que era necesaria una contraofensiva. Pero en ese momento, a principios de este año, hubo orden política de no debatir, de hacer silencio, de no alimentar con apariciones mediáticas una movida de la oposición que, además, según algunas encuestas que se manejaban en Presidencia, no iba a prosperar.