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    miércoles 12 de junio de 2024

    Uruguay “deberá analizar” si adopta la recomendación de hacer pública información sobre beneficiarios finales de sociedades

    En marzo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió una nueva guía que incorpora modificaciones a una de sus recomendaciones —la número 24— sobre transparencia y conocimiento de los beneficiarios finales de personas jurídicas, entre otras cosas promoviendo una flexibilización al acceso a esa información para abrirla al público en general. En Uruguay la propuesta empieza a ser analizada por los organismos gubernamentales involucrados, mientras algunos consultores la ven como un paso positivo.

    “Por supuesto que hay que hacer el esfuerzo para dar el mayor cumplimiento que sea compatible con la realidad concreta del país con el ordenamiento jurídico interno. Es un tema que Uruguay deberá analizar y sobre el que ya ha habido pasos en el sentido de abatir esa reserva” a esa información, declaró a Búsqueda Jorge Chediak, titular de la Secretaría Nacional para el Combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), quien además es presidente pro tempore de Gafilat.

    La nueva guía del GAFI establece que, a efectos de que los sujetos obligados en el sector financiero y no financiero puedan llevar adelante de manera más eficiente los procesos de conocimiento de sus clientes, los países miembros de esta organización deberían incorporar medidas para facilitar el acceso a información de registros no públicos que permitan identificar a los titulares de las entidades y sus beneficiarios finales.

    En un análisis sobre los ajustes a la recomendación 24, Carla Arellano y Diego Castagno, del estudio Ferrere, recuerdan que en Uruguay no hay información pública sobre los accionistas de sociedades anónimas ni sus beneficiarios finales. Si bien hoy se puede acceder a ciertos datos básicos sobre las personas jurídicas a través del Registro de Comercio u otras entidades privadas, a lo inscripto en el Registro de Beneficiarios Finales que lleva el Banco Central (BCU) solo tienen acceso la Justicia penal, ciertos organismos estatales taxativamente definidos por ley o el propio sujeto cuyos datos están consignados en esa base si lo solicita mediante autorización expresa y escrita. Una reciente modificación —a través de la Ley 20.018, de 2022— permitió que la reserva también pueda ser levantada con autorización de los representantes de la entidad obligada, pudiendo dar acceso a la información a personas debidamente individualizadas con relación tanto a un caso específico como con carácter general.

    Para los abogados de Ferrere, el “no acceso a información pública sobre beneficiarios finales repercute directamente en la obligación de debido conocimiento de clientes de los sujetos obligados del sistema financiero y no financiero. Por tanto, sería positivo que los sujetos obligados bajo la ley de prevención de lavado de activos” puedan conocerla a través de su consulta al BCU.

    Agregan, por otro lado, que la guía del GAFI también menciona las ventajas de regular mecanismos de notificación de discrepancias a ser presentadas por los sujetos obligados, en caso de que la información recibida de fuentes públicas difiera de la recabada en el proceso de debida diligencia. Esta última recomendación permitiría cruzar información con otras fuentes de manera más efectiva para verificar la veracidad y la actualización de los datos declarados, lo que contribuiría en los procesos de debida diligencia que deben ser realizados antes del establecimiento de la relación comercial, sostienen.

    Para Arellano y Castagno, la nueva guía del GAFI supone dar “un paso más” en el camino de la transparencia, recomendando no solo el acceso a información sobre beneficiarios finales a los sujetos obligados en materia de lavado de activos, sino al público en general a efectos de promover la transparencia en la sociedad civil.

    “Soberanía”

    Patricia Laburu, asesora de Chediak en la Senaclaft, señaló a Búsqueda que, con la modificación que introdujo la Ley 20.018, hoy la información sobre beneficiarios finales en Uruguay “no está solo” accesible a ciertos organismos públicos.

    Sobre la nueva recomendación del GAFI, afirmó que “habrá que estudiar” su alcance. “También se sugieren modificaciones a la recomendación 4 y hay cosas pendientes sobre la 15. Se trabajará con el Ministerio de Economía, la Auditoría Interna y el Banco Central para ver cuál es la posición del país al respecto y a qué modificaciones se puede llegar”, recalcó.

    “Las recomendaciones siguen siendo recomendaciones, más allá de que obviamente, como decimos, no terminan siendo del todo recomendaciones por las consecuencias negativas por no adoptarlas. Pero los países siguen teniendo la soberanía y la autonomía cuando hay determinados cambios que el GAFI propone. Si no se puede adaptar a esas recomendaciones por cuestiones de acceso de datos o reserva de la información, Uruguay va a tener que explicar los motivos” y “lo puede hacer con una explicación razonable”, complementó Gustavo Misa, otro asesor del secretario antilavado. “En este caso, aquella reserva absoluta que existía en algunos casos ya se dio un paso importante para levantarla”, dijo a Búsqueda, aludiendo a la modificación introducida con la norma del 2022.

    Sociedades

    El Registro de Titulares de Participaciones Patrimoniales que lleva el BCU fue creado por una ley de 2012 y reglamentado al año siguiente. Cuando venció el plazo inicial para la presentación de los datos —a fin de abril de 2013— se habían anotado unas 21.200 entidades, aunque la cifra siguió aumentando en años posteriores.

    En el marco de la misma norma se procesó una transformación de entidades con acciones al portador en sociedades con acciones nominativas.

    Los especialistas de Ferrere entienden que, en lo que refiere a entidades emisoras de participaciones al portador, en los años recientes Uruguay hizo “grandes avances que han desestimulado su uso en el mercado local, aunque ha sido cauto procurando no prohibir las existentes o la creación de nuevas”.

    Señalan que la nueva guía del GAFI determina que los países cooperantes que no han logrado establecer estímulos suficientes para reducir el uso de entidades emisoras de títulos al portador deberán tomar medidas adicionales para incorporar un régimen legal de nominativización obligatoria o, de lo contrario, restringir su libre circulación y controlar de manera más eficiente su transferencia. En este último caso, los países cooperantes del GAFI deberían adecuar su marco normativo a efectos de incorporar un régimen de custodia legal obligatoria de participaciones al portador a través de instituciones financieras o depositarios profesionales sujetos a supervisión. Conforme a los lineamientos de la nueva guía, esos custodios deberían ser responsables de identificar los beneficiarios finales y la cadena de control de las participaciones que custodian en todo momento.

    Economía
    2023-05-31T18:46:00