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    Uruguay pide a EE.UU. que la DEA reabra su oficina en el país

    Durante al menos dos reuniones bilaterales mantenidas este mes, los gobiernos de Uruguay y Estados Unidos (EE.UU.) discutieron oficialmente la posibilidad de que la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA) establezca una oficina en el país para colaborar más de cerca con el Ministerio del Interior en sus acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.

    La posibilidad de que la DEA reabra su oficina cerrada en el gobierno pasado fue planteada el jueves 8 por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que recibió ese día en Montevideo a Ulrich Brechbuhl, consejero del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

    Brechbuhl había viajado a Uruguay, entre otras cosas, para discutir sobre la posible ampliación de la “cooperación” en temas de seguridad y para preparar el terreno de la visita oficial que días más tarde haría el canciller Francisco Bustillo a Washington D.C.

    Una semana después Bustillo conversó con el secretario de Estado norteamericano, Michael Pompeo, sobre “expandir la cooperación en seguridad” entre ambos países, informó el Departamento de Estado de EE.UU. el jueves 15 en un comunicado de prensa.

    Acerca de la posibilidad de que la DEA reabra su oficina en Montevideo, el gobierno estadounidense respondió que, culminadas las elecciones presidenciales del país en noviembre, la propuesta será puesta a análisis más allá del candidato que resulte ganador.

    La DEA, que tiene como principal objetivo enfrentar a las organizaciones involucradas en el cultivo, fabricación o distribución de sustancias destinadas al tráfico ilícito en EE.UU., está presente con distintas oficinas en América del Sur para realizar investigaciones bilaterales, entrenamientos, intercambio de pruebas, actividades de inteligencia y asistencia en regulaciones de control de drogas.

    En 2012 la agencia instaló una dependencia en la embajada estadounidense en Montevideo para apoyar de forma más directa a la Policía Nacional. Esa oficina fue cerrada el año pasado. “Una cosa es combatir al narcotráfico con la DEA y otra sin ellos”, dijo una fuente de primera línea del Ministerio del Interior sobre el cambio que supuso para la nueva administración no contar con el respaldo inmediato del organismo norteamericano.

    En mayo el embajador de EE.UU. en Uruguay, Kenneth George, visitó la sede del Ministerio del Interior para entregar una donación dirigida a policías del interior que estaban al frente del control de la pandemia por Covid-19. El ministro Jorge Larrañaga aprovechó la oportunidad para consultarlo sobre cómo la DEA podía profundizar su presencia en el país. “Nosotros tenemos información no oficial de que la DEA se fue porque no encontró en el gobierno anterior las respuestas que la institución requería en Uruguay. No se fue porque estaba solucionado el tema del narcotráfico”, dijo días después Larrañaga al programa Así nos va de Radio Carve.

    La relación en materia de seguridad entre Uruguay y Estados Unidos se da actualmente a través de la Oficina de Seguridad Regional de la embajada norteamericana. El último contacto directo público del gobierno con la DEA fue durante la extradición de Gerardo González Valencia, un poderoso líder criminal mexicano arrestado en 2016 en Uruguay, a partir de los Panama Papers, y extraditado en mayo a Estados Unidos.