Violando juntos

La columna de Pau Delgado Iglesias

4 minutos

Nº 2212 - 9 al 15 de Febrero de 2023

Son seis los casos de violación grupal que ocurrieron en Uruguay en el lapso de un año. Seis que se hicieron públicos, porque es probable que haya otros casos en el país que se investigan en reserva. Ninguno tiene condena, los seis siguen abiertos; en algunos hay imputados, en otros nada.

Vale la pena recordarlos.

Hace poco más de dos semanas, el pasado 23 de enero, se cumplió un año de la denuncia de violación contra tres hombres en el barrio Cordón de Montevideo. Quien fuera en un primer momento la fiscal del caso, Sylvia Lovesio, imputó a los denunciados por el delito de abuso sexual especialmente agravado y solicitó prisión preventiva por 180 días mientras avanzaba la investigación. A uno de ellos, además, se lo imputó por difusión de imágenes con contenido pornográfico sin autorización de la víctima. Un programa de radio difundió algunos de los audios, generando una especie de “juicio mediático paralelo” que tuvo consecuencias graves para la víctima (por ejemplo, fue despedida de su trabajo luego de que identificaran su voz en la radio, algo que está prohibido por la Ley 19.580, de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género). Al asumir Raúl Iglesias como fiscal del caso (quien después fue sumariado y separado de su cargo), cambió la prisión preventiva a prisión domiciliaria, medidas que se extendieron hasta el 28 de diciembre. El caso sigue abierto.

El 22 de febrero de 2022, tres policías de la Guardia Republicana abusaron de dos jóvenes de 20 y 23 años, después de haberse ofrecido a llevarlas hasta su casa, en la zona de Nuevo París. Luego de ocurrido el abuso, los agentes estatales las dejaron en la calle, donde las socorrió un trabajador de una estación de servicio, quien llamó al 911. La fiscal del caso, Mariana Alfaro, formalizó a los policías por abuso sexual especialmente agravado y solicitó la prisión preventiva. Una de las víctimas, Lucía Acuña, se suicidó en su casa el sábado 12 de noviembre de 2022, con 21 años de edad. El caso sigue sin resolución.

El viernes 1º de abril del año pasado, una adolescente de 16 años denunció haber sido violada por varios hombres (algunos de aproximadamente 30 años) durante una fiesta organizada por la juventud del Partido Nacional, la que celebraba el triunfo del No en el referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Según informó en aquel momento la diaria, el Ministerio del Interior confirmó que a las 3:45 del sábado ingresó un llamado al 911 solicitando traslado para una adolescente que estaba convulsionando en una fiesta. En diciembre se dio a conocer que el 3 de abril, el excustodio presidencial Alejandro Astesiano le solicitó información sobre el caso al exsubdirector de la Policía Nacional, Jorge Berriel, quien le envió el parte policial, y luego un parte ampliado con información reservada. Hasta hoy, el caso sigue abierto y no hay imputados.

El 18 de diciembre, una enfermera de la Sociedad Médica Universal presentó una denuncia donde acusa a seis compañeros de trabajo (enfermeros y camilleros de la mutualista) de haberla violado durante un asado en la casa de uno de ellos. La mujer sospecha que le pusieron algo en la bebida. Hasta el momento no hay imputados.

El 15 de enero de 2023, una mujer denunció haber sido violada por tres hombres en una fiesta privada en Pinares, Maldonado: dos hermanos y un primo, uno de ellos el dueño de casa. La mujer declaró haber perdido la conciencia después de tomar de un vaso que le convidó el dueño de casa. Hasta el momento no hay imputados. Los denunciados tienen una restricción de acercamiento a la víctima por 180 días. La defensa de la víctima solicitó la colocación de tobilleras, pero no fue aceptado.

También el 15 de enero, una mujer denunció haber sido violada por un grupo de hombres en Ombúes de Lavalle, Colonia. La mujer había ido a encontrarse con un hombre que contrató sus servicios como trabajadora sexual, pero luego fue violentamente sometida por varios hombres. La mujer presume que le dieron alguna sustancia, para haber podido someterla de esa manera. No hay imputados.

La eterna impunidad y la degradación máxima de lo masculino. La sociedad anestesiada, casi sin reacción. Los medios dando pena. El Estado (en el mejor de los casos) ausente. Se hace urgente despertar como colectivo para que esto deje de ser parte del paisaje cotidiano en Uruguay. Mientras tanto, la Dirección de Género de la Intendencia de Maldonado organiza talleres para “Mujeres violentas” inventando todos los datos; y la gente se espanta porque una activista hizo cantar a un grupo de niños canciones feministas tras el asesinato de una mujer y su hijo en Paysandú.