En todo caso, quince años después, los beneficios han sido más notorios para la mitad del título de esa norma. “La realidad es que se enfocó y se notaron las mejoras en la salud reproductiva, los embarazos, la reproducción asistida, los métodos anticonceptivos. En eso defiendo la ley a muerte”, señala a Búsqueda Vivian Dufau, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Sexología. Con la salud sexual, en cambio, la situación es bien diferente. “Como política de Estado, no se le ha dado bola, nada, cero”, añade.
En los diez primeros años de implementada esta norma, el embarazo no deseado en adolescentes se redujo del 16,4% a 11,3%. En estos casos, en la franja de entre 15 y 19 años se pasó de 61,1 embarazos cada mil adolescentes en 2007 a 31,56 en 2019. La mayor información y el acceso a mecanismos anticonceptivos fueron fundamentales.
“Lo primero y principal fue entender que los requerimientos de salud de las mujeres no se referían solo a la maternidad, que el ejercicio de la sexualidad y las decisiones reproductivas requerían una norma. Este país venía de una larga tradición de médicos enfocados en lo materno infantil, concentrados en el acto de la reproducción”, dice a Búsqueda Lilian Abracinskas, directora de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU).
Anteriormente dependía de la institución sanitaria tener un servicio de planificación familiar. “En el Hospital Pereira Rossell había uno y estaba a cargo de un privado”, recuerda. Había otros temas que en ese momento difícilmente salían de lo privado, como la violencia intrafamiliar, doméstica y de género. Hoy todas estas están presentes en el debate público.
Es que no solo los indicadores cambiaron. “Lo que hay hoy a 15 años es una incorporación absoluta de las prestaciones de salud sexual y reproductiva en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Los métodos anticonceptivos están absolutamente regulados en el sector público y hay una presencia importante en el privado. También cambió la manera de atención, se vio la humanización de los cuidados, la participación de las parejas en el parto. Eso era impensable hace 20 años y hoy está completamente incorporado. Cambió la cultura”, resalta Gorgoroso. La violencia obstétrica, que antes siquiera se consideraba, también se convirtió en un tema de debate.
Desde un enfoque estrictamente técnico, Briozzo resalta a Búsqueda que esta ley permitió un mejoramiento integral del SNIS para afrontar las nuevas legislaciones posteriores. “Todos los prestadores debían tener equipos multidisciplinarios de salud sexual y reproductiva para atender toda la demanda específica. Eso resultó ser estratégico, porque se pudieron implementar en tiempo récord todos los servicios, como la fertilización asistida y la interrupción voluntaria del embarazo”, dice.
La despenalización del aborto finalmente fue aprobada en 2012. A Abracinskas, que fue parte de la sociedad civil que estuvo detrás de estos procesos, aún le duele el veto de Vázquez que impidió que esto fuera parte de la norma original: “Fue uno de los actos más autoritarios en términos de imposición de valores personales que se hizo, aún en contra de su fuerza política (Frente Amplio) y de la opinión pública: el 63% de la gente estaba de acuerdo con la integralidad de la ley”. En poco más de una década aproximadamente, 10 cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años se practicaron un aborto de forma que Briozzo calificó de “segura, accesible e infrecuente” en Uruguay (Búsqueda Nº 2.244).
En 2013, a su vez, se regularon por ley las técnicas de reproducción humana asistida.
Brechas y retrocesos
Pero quince años después, el acceso a estas prestaciones establecidas por ley no es todo lo democrático que debería. Solo un 15% de los tratamientos de reproducción subvencionados por el Fondo Nacional de Recursos son del sector público, señala Gorgoroso. Las mujeres y varones trans, que requirieron una normativa específica aprobada en 2018, aún están muy lejos de acceder en igualdad de condiciones a estos beneficios, reconoce la referente de ASSE.
Desde sectores médicos y sociales se ha señalado que en la actual administración hubo un retroceso en el acceso a algunas de estas prestaciones. La llegada de un gobierno con una agenda “provida” y la pandemia del Covid-19 repercutieron en demoras, falta de información y una mayor objeción de conciencia a la hora de una interrupción voluntaria del embarazo, según denunció MYSU (Búsqueda Nº 2.123).
Si bien Gorgoroso resaltó que en ASSE “las directivas fueron muy claras en que las normas estaban vigentes y se debían cumplir” y que “los números (de aborto) no se han modificado”, Abracinskas señaló que aunque esta situación no se tradujo en modificaciones legales “sí cambió el ‘clima’ imperante en los servicios de salud”.
La pandemia sí profundizó las brechas socioeconómicas. Esta ley había generado un impacto notorio en indicadores como la mortalidad materna, que había descendido de 27,4 cada 100.00 nacidos vivos en 2007 a 13,3 en 2019, con un piso de 8,6 en 2011. Sin embargo, con todo el sistema de salud concentrado en la atención a la emergencia sanitaria, en 2021 ese número llegó a 52, siendo cinco veces más grave en el subsector público que el privado.
“En los sectores sociales más vulnerables se incrementaron situaciones de injusticia reproductiva, el parto pretérmino, los fetos de menor crecimiento y la sífilis congénita debido a las medidas de mitigación implementadas (por el gobierno)”, afirma Briozzo. En este último caso la brecha fue aún más pronunciada, solo el 11% de los bebés afectados nacieron en el sector público en 2020.
Para este balance, Búsqueda buscó la palabra de algún referente del Ministerio de Salud Pública (MSP) en el tema, pero no se obtuvo respuesta.
La pata renga
La pata de la salud sexual que la ley incluye, entendida como el bienestar biopsicoemocional y espiritual ligado al ejercicio de la sexualidad, con fines afectivos o recreativos, aún cojea. “En casi ningún prestador se puede consultar disfunciones sexuales, cuestiones placenteras. Puedo no tener ningún problema reproductivo y no tener salud sexual, no tener orgasmos, no poder penetrar”, dice Dufau.
La presidenta de la Sociedad Uruguaya de Sexología también es jefa del Servicio de Salud Sexual del Hospital Pasteur, primera policlínica de ASSE relacionada a ese campo. La única, puntualiza. En el sector privado, agrega, hay muy pocas instituciones que atienden este tema, mencionando a la Médica Uruguaya, la Asociación Española y el Casmu. “No hay una política de Estado que protocolice la atención, no es un tema que se trabaja. Solo a demanda de los propios prestadores”, afirma.
Gorgoroso coincide con este punto de vista: “La atención al disfrute sexual es uno de los grandes debes que tiene el sistema de salud, por ahora muy enfocado a la prevención de las enfermedades transmisibles, la violencia sexual y la diversidad. Todas son muy importantes, pero la sexualidad es más que eso, también es el disfrute de una vida sexual plena, que tampoco está universalizada”.
Tampoco la salud reproductiva de los varones ha sido todo lo contemplada que debería, agrega esta médica.
Briozzo señala que falta recorrer caminos para nacimientos más humanizados, con atención obligatoria de parteras y salas de nacer en todos los prestadores. “Eso sería clave para el control de las cesáreas innecesarias”, apunta. En 30 años, estas se duplicaron en Montevideo y se triplicaron en el interior, muy por encima de los guarismos recomendados por la Organización Panamericana de la Salud.
A nivel educativo además haría falta una necesaria profundización de estas leyes y derechos, precisan por separado Briozzo y Abracinskas. “Lamentablemente, cada vez hay más acólitos de ideas transnacionales, fundamentalistas desde el punto de vista religioso, que dicen que el Estado no debe interferir en la educación sexual, lo que termina poniendo barreras a la salud sexual”, sostiene el primero.
“No entender que la educación sexual es un derecho es un retroceso enorme. El sistema de valores de cada familia es un cuento aparte, pero tener información es un derecho que no debe ser puesto en duda”, agrega la directora de MYSU, y subraya que “los niños que están informados son justamente aquellos que pueden denunciar casos de abuso”.
Pese a esto, destaca Abracinskas, los cambios culturales y las leyes que los respaldan, sin importar qué emergió primero, tienen que estar prácticamente en el inconsciente colectivo de la sociedad. “Es importante que la gente sepa que estas normas existen y que estos servicios son de prestación obligatoria. Es importante que tengan acceso a ellas, porque si las usan, si se las apropian, ya será imposible un retroceso”, concluye.
Ciencia, Salud y Ambiente
2024-01-24T20:21:00
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