Blancos disputan bandera de derechos humanos al Frente Amplio
Lacalle pasó de “dar vuelta la página” a apoyar búsqueda de los desaparecidos
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Era un bebé a punto de nacer cuando comenzó la dictadura. Cuando logró comprender algo de su entorno, se enteró, entre otras cosas, de que su padre era un blanco opositor al régimen, que por eso un día los militares lo habían llevado preso y que también le habían enviado una botella de vino envenenado.
Al lanzarse por primera vez a la presidencia en 2014, Luis Lacalle Pou declaró que, en caso de ser electo, no continuaría con las excavaciones para encontrar los restos de los desaparecidos durante la dictadura, porque “hay que cerrar un capítulo.”
Así se expresó entonces durante una entrevista en el programa Primera vuelta de TV Ciudad y unos días más tarde, a la salida de un acto de su agrupación en el Club Sporting, insistió en esa idea.
Sin embargo, después de perder las elecciones con Tabaré Vázquez, en la siguiente campaña que sí lo condujo a la Torre Ejecutiva, admitió que esa postura fue “el error políticamente más grande” que tuvo y declaró: “Si bien (…) hay que dar vuelta la página, no soy quién para ponerme en los zapatos de esos uruguayos que buscan saber lo que pasó”.
La tentación de “dar vuelta la página” también había rondado por la cabeza de Vázquez ya durante su presidencia inicial y a pesar de ser el primer presidente en disponer el ingreso a los batallones en busca de restos enterrados de forma clandestina, su gestión en este tema en el segundo período se empantanó y recibió fuertes críticas también desde propias filas.
Jorge Batlle —el primero en reconocer el drama de los familiares—, Vázquez, José Mujica y ahora Lacalle Pou, como presidentes, se enfrentaron al mismo problema con diferentes niveles de intensidad: la autonomía de las Fuerzas Armadas.
Pero no son solo los mandos militares. A pesar de que decenas de miles marchan cada 20 de mayo (o adhieren de diferentes formas por la epidemia), los uruguayos no tienen el tema de las violaciones a los derechos humanos del pasado ni la búsqueda de los desaparecidos entre sus prioridades.
El director de Factum, Eduardo Botinelli, explicó a Búsqueda que, si bien no existe un estudio sistemático, las apreciaciones y datos disponibles indican que la sociedad está dividida en dos mitades, con “núcleos duros de ambas partes”, pero que, si bien la situación “vuelve cada mes de mayo a estar arriba de la mesa” y capta la atención de los medios, “se instala, queda por un tiempo y luego se desvanece y vuelve al lugar”, porque no figura en la lista de las preocupaciones prioritarias. Botinelli explicó que aparece de forma “muy residual y nunca arriba del 5%” entre los asuntos que más preocupan a la opinión.
Marcha del Silencio. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFotos
Derechos humanos multicolores
Al llegar al gobierno, Lacalle Pou cumplió con su promesa de campaña y, a pesar de los recortes por la crisis sanitaria, no escamoteó los recursos para que la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) pudiera cumplir con la nueva ley, aprobada por todos los partidos en 2019, que le asigna la misión de asumir la búsqueda de los desaparecidos, antes en la órbita de Presidencia.
La exjueza Mariana Mota, que, junto con Wilder Tayler, está a cargo de la tarea, dijo a Búsqueda que recibió apoyo directo del Poder Ejecutivo hasta que la institución obtuvo un presupuesto propio para cumplir con los trabajos de investigación y excavaciones y que mantiene un “buen diálogo” y recibe colaboración del Ministerio de Defensa y de la secretaría a cargo de Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz.
“No hay grandes diferencias, salvo que no existe el equipo de historiadores”, explicó el abogado Pablo Chargonia.
Algo parecido ocurre con el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe. Si bien las declaraciones del ministro de Defensa, Javier García, a propósito del procesamiento de un soldado que, cumpliendo una orden, mató por la espalda a un tupamaro esposado que quiso fugarse, pareció anunciar un relacionamiento crispado, la colaboración ha sido muy buena.
Según Botinelli, Lacalle Pou se retractó de su idea de “dar vuelta la página” porque comprendió que, más allá de sus deseos, “este es un tema muy delicado que genera reacciones y despierta pasiones fuertes.”
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Bandera en disputa
Otra forma de analizar la atención que presta el gobierno al tratamiento de las violaciones a los derechos humanos en el llamado pasado reciente, es que, además de cumplir con la ley y las promesas de campaña, también pesa la intención de disputar con el Frente Amplio un terreno que este considera propio y arrebatarle una de sus banderas históricas.
Los blancos cargan con este hándicap al menos desde el pacto del Club Naval, que habilitó la salida de la dictadura, y con el peso histórico de haber pergeñado la Ley de Caducidad, un asunto traumático que dividió a la sociedad y al partido.
Y no solo tienen una disputa histórica con el Frente Amplio acerca de la salida de la dictadura. Igual que los colorados, los blancos reprochan al Partido Comunista haber apoyado un golpe de Estado en febrero de 1973, cuando el Ejército y la Fuerza Aérea emitieron los comunicados 4 y 7, luego interpretados como una operación de inteligencia que despertó ilusiones en ese y otros sectores de izquierda, entre ellos democristianos, socialistas y tupamaros.
El miércoles 5, cuando el diputado comunista Gerardo Núñez objetó en comisión algunas definiciones de defensa del gobierno, porque, según él, se parecen a la doctrina de la seguridad nacional llevada adelante por la dictadura, el ministro García retrucó con dureza y lo descalificó con el argumento de que los comunistas habían apoyado un golpe y recordó un polémico editorial de esa época del órgano oficial de prensa El Popular.
Aunque García eligió ese momento de febrero y no el conjunto, donde los comunistas enfrentaron a la dictadura más que ningún otro partido y Núñez lo calificó de “atrevido” antes de que los frenteamplistas se retiraran ese día de la comisión, la polémica denota que, como es habitual, el pasado siempre está en discusión.
La competencia entre los blancos, ahora en el gobierno, y el Frente, reaprendiendo a ser oposición, se expresó también a propósito de la publicación del contenido de los tribunales de honor dispuestos por el anterior gobierno a militares procesados por violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo de Estado.
El año pasado, Defensa encontró en horas y puso en manos de Familiares de Detenidos Desaparecidos las actuaciones de los tribunales que los gobiernos del Frente Amplio habían ignorado, en especial los de los coroneles Gilberto Vázquez y Jorge Silveira y del capitán de fragata Juan Carlos Larcebeau, que contenían revelaciones fuertes que ellos no habían admitido ante la Justicia.
Hace unos días, justo en mayo, a pesar de que Lacalle Pou y García han insistido en trabajar en el tema de los desaparecidos de forma discreta y “sin alharaca”, no resistieron la tentación de convocar a los medios para difundir unos documentos de Inteligencia militar que aparecieron en el Grupo de Artillería 5 en el Cerrito.
El ministro recibió los documentos de manos del comandante en jefe del Ejército, general Gerardo Fregossi, y luego de una primera lectura decidió, junto con el presidente, entregarlo al fiscal de Corte, Jorge Díaz, a Familiares y horas después colgarlo en la página del ministerio.
Al ser consultada por Búsqueda, la vicepresidenta Beatriz Argimón justificó esa medida. “Todo documento que aparece puede contener indicios que permitan avanzar en las investigaciones, por eso entiendo que son muy importantes. Asimismo es importante que tengamos todos el conocimiento de su existencia y contenido”, dijo. Por eso resaltó el proceso de transparencia que decidió llevar adelante el Poder Ejecutivo.
La intervención directa de Lacalle Pou y García fue interpretada como una intención de dar la señal de que se está avanzando. El fiscal Díaz se mostró optimista respecto al contenido y el propio Fregossi, en su discurso del 18 de mayo, incluyó una mención a estos documentos y en general a la revisión histórica “objetiva” emprendida por la principal institución armada.
El ministro García elogió públicamente el discurso del comandante y declaró que representa “un antes y un después”, aunque ante la pregunta de los periodistas insistió en que “esto no es una competencia”.
Sin embargo, la lectura hecha por actores relacionados con la materia es que las palabras de Fregossi no representan un gran cambio y que los documentos entregados, si bien contienen información de la época que podría servir a historiadores, tampoco aportan elementos relevantes por su novedad, no son un verdadero archivo y parecen haber sido “plantados” con fines tácticos.
Lacalle Pou y Javier García entregaron a Jorge Díaz y la INDDHH documentos encontrados en Artillería, en Torre Ejecutiva. Foto: Daniel Rodriguez /adhocFOTOS
Margaritas y abejas
Para el integrante de Madres y Familiares Ignacio Errandonea, la búsqueda de los desaparecidos continúa con la escasa información disponible y si bien no espera que los principales involucrados colaboren, tiene expectativas respecto a subalternos y a que aparezca la parte que falta de los archivos de Inteligencia. Consultado por Búsqueda, Errandonea insistió en que los gobernantes no deberían pedir sino ordenar su entrega, porque lo que apareció hasta ahora es parcial y, aunque no es lógico que se hayan registrado las desapariciones, podrían estar las operaciones relacionadas que hasta ahora no se conocen.
Mientras Familiares colocaba margaritas y fotos para no aglomerar, el excomandante y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos (la diaria, martes 25) tomó distancia del terrorismo de Estado y citó de nuevo al general Pablo Galarza: “En una guerra lo más sagrado son los prisioneros”.
El jueves 20, el senador de Cabildo Abierto fue uno de los pocos legisladores que asistió al homenaje a Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini en el Salón de los Pasos Perdidos, aunque su único tuit del día estuvo dedicado a las abejas, algo que fue interpretado, al menos, como “una falta de sensibilidad”.
En estos días, Manini Ríos también aprovechó para recordar que el líder blanco Wilson Ferreira votó el estado de guerra interno el 14 de abril de 1972, según su lectura, el momento de entrada del Ejército en el conflicto, aunque en realidad las Fuerzas Conjuntas venían actuando y aplicando torturas, al menos desde el año anterior, cuando se produjo la famosa fuga de 105 tupamaros del Penal de Punta Carretas.
karen@magnolio.uy
Pablo de María 1015
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