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Un informe jurídico de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft) concluyó que el estudio JP Damiani & Asociados incumplió las normas de prevención de blanqueo de dinero cuando proveía servicios para el ex vicepresidente de la FIFA Eugenio Figueredo, informó el semanario Brecha este viernes.
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Los servicios técnicos y el extitular de la oficina de contralor Daniel Espinosa concluyeron que el estudio debería pagar una multa de unos $ 5 millones por haber cometido infracciones severas a las normas. El bufete del expresidente de Peñarol tiene ahora la oportunidad de presentar sus descargos. La decisión final será tomada por el nuevo secretario Antilavado, Jorge Chediak.
Peñarol, presidido por Damiani, fue uno de los clubes del fútbol que acusó a fines del 2013 a Figueredo en la Justicia uruguaya de ser una de las 'cabezas de la organización criminal' que estaba al frente de la Conmebol. Pese a ello, y a que Figueredo fue citado como indagado, el estudio no dio información a la Senaclaft sobre posibles operaciones sospechosas y siguió trabajando para el expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Recién en junio del 2015, días después de que Figueredo fuera detenido en Suiza a pedido de la Justicia norteamericana, Damiani presentó información sobre su cliente al Banco Central. Aunque en la información no era completa, según detectó Búsqueda al analizar expedientes judiciales y documentos incluidos en los Panama Papers, una investigación internacional liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que se basó en millones de documentos del bufete panameño Mossack & Fonseca filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung.
El rol del bufete uruguayo en los negocios ilegales de Figueredo, quien fue condenado por estafa y lavado de activos, fue analizado por la Justicia local. En mayo del 2018, el fiscal especializado en Crimen Organizado Luis Pacheco solicitó el archivo de la investigación sobre el bufete. Argumentó que ni bien cayó preso Figueredo había presentado a las autoridades la información sobre las sociedades 'en las que el estudio había actuado como mandante, y dejando constancia que dicha actuación no había implicado manejo financiero ni de disposición económica'.
