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La gestión de Germán Cardoso en el Ministerio de Turismo ya es objeto de análisis en la Justicia. La Fiscalía Penal de Delitos Económicos y Complejos comienza a interrogar a los involucrados en la causa que investiga la gestión del exministro al frente de la cartera a raíz de una denuncia hecha por el Frente Amplio.
El fiscal Gilberto Rodríguez dispuso las primeras citaciones que incluyen para este martes al exdirector de Turismo, Martín Pérez Banchero, el denunciante de las presuntas compras irregulares, informó El Observador.
Cardoso respondió que la empresa fue elegida y propuesta por Young & Rubicam, la agencia que trabaja para el ministerio. Pero la agencia aclaró que la presentación y selección de Kirma correspondió a allegados del ministro. En un comunicado de prensa la agencia dijo no conocer a la empresa de Estonia e incluso que, en caso de conocerla, no la hubieran propuesto al ministerio por competir directamente con algunos de los servicios que ellos mismos ofrecen.
Quienes acercaron la propuesta de Kirma fueron Elbio Rodríguez y Daniel Reta, asesor honorario y adscripto al ministro, respectivamente. La propuesta de la empresa planteaba “lograr la visibilidad e interacción con la campaña de promoción de turismo interno en la República Oriental del Uruguay, para potenciar puntos turísticos locales”. Cardoso finalmente decidió la contratación de Kirma por US$ 280.000 como parte de la campaña promocional digital de la temporada de turismo 2020-2021, pese a que el Tribunal de Cuentas objetó que la adjudicación se hubiese realizado sin que la empresa estuviera inscripta en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), como estipula la normativa de compras públicas. Además, la empresa promocionaba su trabajo con clientes internacionales, pero estos negaron conocerla.
El caso investigado por Búsquedageneró la renuncia de Cardoso en agosto y la instalación de una comisión investigadora en el Parlamento para conocer los gastos y las compras del Ministerio de Turismo.
Tras este polémico episodio el Poder Ejecutivo decidió derogar el decreto que regulaba el régimen especial para la contratación de servicios de agencias de publicidad (Nº 351/007).
