El ministerio contrató a una empresa con sede en Estonia, a la que es difícil pagarle por temas de lavado
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Mientras ocupó el cargo de director de Turismo, Martín Pérez Banchero vio varios expedientes con compras directas de publicidad que le llamaron la atención, según dijo a Búsqueda. Uno de ellos estaba vinculado a la compra de publicidad en la web.
“No estábamos de acuerdo porque al Ministerio de Economía le habíamos dicho que el Ministerio de Turismo iba a tener un sobrante importante, porque estábamos en pandemia”, recuerda el entonces director nacional, echado del cargo por diferencias con el ministro Germán Cardoso. “De todas maneras se hace la compra digital por US$ 700.000”.
El expediente fue abierto en diciembre con las propuestas de tres empresas. Dos ya habían trabajado con la secretaría de Estado, Cisneros Interactive (Facebook) y Digital Media Technology, mientras que Kirma Services, de Estonia, era una novedad.
Cardoso dijo a Búsqueda que las empresas fueron elegidas y propuestas por Young & Rubicam, la agencia que trabaja para el ministerio.
No obstante, otras fuentes aseguraron que los nombres de las compañías no surgieron de la agencia, la que no trabaja con Kirma Services.
La propuesta de Kirma Services planteaba “lograr la visibilidad e interacción con la campaña de promoción de turismo interno en la República Oriental del Uruguay, para potenciar puntos turísticos locales”, dice el documento incluido en el expediente. “La campaña se desarrollará exclusivamente en el territorio de la República Oriental del Uruguay”, agrega. El costo de ese plan era de US$ 280.000.
La empresa vinculada a Facebook presupuestó US$ 140.000 y Digital Media Technology US$ 280.000.
El Mintur fundamentó ante el TCR que la contratación directa para la campaña promocional de la temporada 2020-2021 se amparaba en el artículo del Tocaf que habilita “contratos que deban celebrarse necesariamente en países extranjeros, siempre que no sea posible realizar en ellos un procedimiento de carácter competitivo”.
“La contratación de medios digitales, dado el carácter internacional de sus proveedores y la especificidad de estas proveedurías, en función del tiempo restante para el desarrollo de la campaña promocional que se menciona, estableció la incapacidad logística de realizar llamados internacionales de tal dimensión, debiendo recurrir al sistema de compra indicado en la resolución”, justificó el ministerio ante el tribunal.
El 19 de febrero, el TCR encomendó a su delegada que interviniera el gasto, previo “control de su imputación en el grupo adecuado con disponibilidad suficiente, de la verificación de la inscripción de las firmas adjudicatarias en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) en el estado correspondiente y de que las actuaciones remitidas no cuenten con principio de ejecución”.
La delegada del TCR observó el gasto “por no ajustarse” a la Constitución ni a lo indicado en la resolución del tribunal.
Cardoso decidió el 25 de febrero reiterar el gasto pese a esa observación.
La transacción a Cisneros Interactive tuvo problemas en el Banco República (BROU) porque es una empresa que opera con un banco en Panamá, un país que integra una lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por lo que en primera instancia la transferencia fue rechazada.
En el caso de Kirma Services, el BROU tampoco pudo completar el giro a la empresa con sede en Tallin, la capital de Estonia, por decisión de su Unidad de Prevención al Lavado de Activos (UPLA).
El 14 de mayo, el ministerio consultó por correo al banco cuál fue el motivo que impedía la transacción. “En consulta realizada a la UPLA les comunican que en aplicación del artículo 234 del Toplaft (Texto Ordenado de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo) no se debe realizar la transferencia a este beneficiario”, dice el mail de respuesta. Y agrega: “Deberían cambiar el beneficiario”.
Cardoso dijo que pidió un informe a su asesoría jurídica para definir los pasos a seguir.
karen@magnolio.uy
Pablo de María 1015
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