Trabajo, ahorro, comercio. Las palabras acompañan los relieves del escultor Edmundo Prati que visten la impresionante fachada del edificio. “El ahorro base del bienestar de la familia”, dice un mural del pintor José María Pagani. Las huellas del extinto banco La Caja Obrera están presentes en todo el edificio. A la entrada, sobre una pared de mármol, está tallado el capital inicial con que se fundó el banco en 1903. Eran $8.600. En el primer piso, se exhibe la puerta de hierro y bronce original por la que se ingresaba a la institución. Se conservan también las enormes columnas de mármol, el inmenso mapamundi en el espacio central, el reloj y la cinematográfica bóveda en el subsuelo, que atrajo la atención de productoras televisivas como Netflix y HBO.
No se trata de un museo, aunque bien podría serlo. En los 6.000 metros cuadrados de la vieja sede del banco sobre la calle 25 de mayo, comenzaron a apilarse expedientes. Se instalaron hileras de sillas en el hall de entrada, mostradores para atender al público, una pantalla para indicar cuál es el próximo número, baños accesibles, estacionamiento para bicicletas. Se transformó una claraboya en un jardín interior que ilumina la planta baja. Se renovó la instalación eléctrica, se instaló mobiliario nuevo, se construyeron oficinas y salas de audiencias.
Tras un ambicioso reciclaje que procuró conjugar la conservación del valor patrimonial con el diseño de una oficina judicial de “primer mundo”, el Poder Judicial transformó el emblemático edificio de la Ciudad Vieja en su nuevo Centro de Justicia de Paz.
El centro, que se inaugurará el miércoles 2 de febrero, casi 10 años después de que el Poder Judicial comprara el edificio, va a albergar 29 juzgados. Se concentraron en un solo centro todos los Juzgados de Paz departamentales de Montevideo, y todos los Juzgados de Conciliación, que hasta ahora estaban repartidos en tres oficinas. En total estas sedes ocupan a unos 140 funcionarios y tramitan aproximadamente 30.000 expedientes al año, que tratan sobre los asuntos no contenciosos, los arrendamientos urbanos, o los asuntos civiles y comerciales que no excedan ciertos montos.
El proyecto, a cargo de la División de Arquitectura del Poder Judicial, insumió dos años de obras y una inversión de $ 252 millones (unos US$ 5 millones). La empresa Ciemsa estuvo a cargo de las obras, tras ganar una licitación pública. El edificio costó al Poder Judicial $ 115 millones (US$ 5,6 millones al valor del dólar en 2013).
“Esto pone a los juzgados al nivel del siglo XXI”, dijo a Búsqueda el futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez. “Es un edificio estupendo que se modernizó con una estructura funcional al servicio. No tiene nada que envidiarle al primer mundo”, valoró.
La mudanza a la nueva sede no implicó solo una mejora en la infraestructura. También significó un cambio “importantísimo” en la organización del trabajo, destacó Pérez. Es que las oficinas comenzarán a funcionar en doble turno: de mañana y de tarde. Eso permitirá aprovechar mejor las instalaciones, ya que algunas sedes trabajarán en el turno matutino y otras en el vespertino, usando las mismas oficinas y salas de audiencias. Pero sobre todo, permitirá ampliar el horario de atención al público, subrayó el ministro. Mientras hasta ahora recibían usuarios entre las 13:00 y las 18:00 horas, las oficinas pasarán a estar abiertas al público a partir de las 9:00.
Este modelo de organización edilicia y de trabajo buscará replicarse en el futuro Centro de Justicia de Familia y Género que se instalará en un inmueble de 4.000 metros cuadrados adquirido por el Poder Judicial en la esquina de Venezuela y Francisco Acuña de Figueroa. El plan es instalar allí todos los juzgados, la Defensoría y los equipos técnicos que trabajan en esas materias.
Eficiencia y ahorro
“Como Poder Judicial nos sentimos sumamente orgullosos”, dijo el director general de los Servicios Administrativos, Marcelo Pesce. “No solo por lo que significa desde el punto de vista arquitectónico sino por lo que significa para la prestación de los servicios de Justicia”, afirmó. Pesce destacó la “eficiencia” que significa replicar el modelo de funcionamiento de la educación pública, que usa las mismas instalaciones para que funcione una escuela en la mañana y otra en la tarde.
“Hoy el edificio de una sede judicial se usa 6 horas al día. Y desde el punto de vista de nuestra gestión financiera, en un contexto de recursos escasos, necesitamos sacarle más rédito al metro cuadrado construido”, explicó. “Es un concepto que ya conocen todos los uruguayos porque lo tenemos en la escuela pública. No necesitás construir dos salones de clase sino que el mismo lo usas en diferentes franjas horarias. Aquí ocurre lo mismo, tenemos 16 salas de audiencia donde van a funcionar 29 juzgados. Eso es posible por el funcionamiento en doble turno”, describió.
Así, la sede estará en funcionamiento desde las 8:30 a las 18:45 y habrá audiencias a lo largo de todo el día (lo que requerirá una adaptación por parte de los abogados, habituados a ser convocados solo en la tarde).
Pesce también destacó que esto significa una mayor eficiencia de los costos, ya que al unificar varias oficinas en un solo edificio, el mantenimiento, limpieza, conexión a Internet y demás gastos se reducen. Por otra parte, se ahorrará unos $ 24 millones anuales en alquiler, ya que las viejas oficinas eran rentadas.
Una única oficina administrativa se ocupará de organizar el funcionamiento de todas las sedes de Paz y Conciliación, replicando en cierta medida el modelo de trabajo de la Oficina Penal Centralizada que se inauguró en 2017.
“Tenemos un edificio más eficiente, que nos permite prestar un mejor servicio, que cumple con las últimas normas de seguridad y accesibilidad, gastando menos”, destacó el ingeniero.
Valor patrimonial
Diseñar el proyecto para reciclar el edificio implicó un “triple desafío”, contó el director de la División Arquitectura del Poder Judicial, Álvaro Mas. “Teníamos que intervenir un edificio ya existente, respetando la protección patrimonial que tiene, y adaptarlo a las necesidades de una oficina judicial moderna, según los lineamientos de la Suprema Corte”, explicó.
Mas relató que además de los elementos que estrictamente debían conservarse, como el mapamundi, los murales y relieves, se decidió ampliar la protección y mantener, por ejemplo, el uso de los materiales nobles originiales, como el marmol y la madera. Además, la renovación se diseñó manteniendo la misma estética de la construcción original. “Fue una decisión de Arquitectura para resaltar el valor del edificio, que veíamos como un plus a lo que es una oficina estándar”, explicó. Incluso, en el llamado a licitación se previó como requisito que la empresa constructora presentara restauradores especializados en los distintos bienes a conservar.
La distribución del trabajo al interior del edificio se organizó de tal modo que la mayor afluencia de público sea en la planta baja, donde se hará la recepción de asuntos y consultas. El objetivo es que la circulación de público y funcionarios vaya disminuyendo a medida que se sube de nivel. En el primer piso se ubicaron las 16 salas de audiencias, que tienen diferentes tamaños. La más grande tiene capacidad para más de 100 personas, y podrá usarse en audiencias especiales que convoquen una gran presencia de público, o para otro tipo de eventos como cursos de capacitación y congresos. En el segundo piso están ubicadas las oficinas de los jueces.
“Se dio una gran alineación de la estructura original del edificio respecto del proyecto arquitectónico que queríamos llevar adelante”, valoró Mas.
Uno de los obstáculos a sortear fue cómo lograr que el edificio tenga accesibilidad universal, cuando no era posible modificar la fachada por su valor patrimonial. La solución que encontraron fue aprovechar un terreno baldío donde antiguamente había un cine, que también fue adquirido por el Poder Judicial, para crear un espacio abierto y construir una entrada lateral al edificio. Además, en ese espacio se creó una pequeña plaza con bancos, verde y bicicleteros que estará abierta para uso del público.
Los juzgados ya empezaron a funcionar en el nuevo edificio el pasado 26 de diciembre, aunque en la modalidad de feria, ya que el Poder Judicial detiene buena parte de sus servicios durante fines de diciembre y enero. La menor intensidad del trabajo facilitó la adaptación a las nuevas instalaciones, destacaron Pesce y Mas. Apenas se reanude la actividad judicial, la exsede del banco comenzará a trabajar a pleno y abrirá, nuevamente, sus puertas al público.
