¿Quién pidió el desalojo de los estudiantes de enseñanza media que ocupaban el edificio del Codicen? La pregunta rondó durante toda la jornada de ayer miércoles y pareció encontrar finalmente una respuesta sobre el final del día con un comunicado emitido por el propio Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
“Dadas las características del edificio donde coexisten oficinas de diferentes organismos públicos (ANEP, BSE, MEF, MI y Pluna), considerando que las medidas adoptadas imposibilitaban el acceso a los funcionarios de las instituciones ajenas a la ANEP, el martes 22 cada uno de ellos solicitó ante el Ministerio de Trabajo ‘libre acceso de los funcionarios que se desempeñan en el inmueble’”, indicó el comunicado.
Sin embargo, integrantes del Codicen aseguraron que esa solicitud al Ministerio de Trabajo no exigía el desalojo de los estudiantes, que terminó en la noche del martes 22 con varios heridos y detenidos, y volvió a paralizar las clases ayer.
“Eso no era lo que pedíamos. Nos sorprendimos cuando desalojaron el edificio. Nos vimos sorprendidos por una acción que se salió completamente de los márgenes. Nosotros no sabíamos nada lo que iban a hacer”, admitió a Búsqueda Néstor Pereira, consejero del organismo.
Según Pereira, el Banco de Seguros del Estado (BSE), el Ministerio de Economía (MEF), el Ministerio del Interior (MI) y Pluna le hicieron saber al Codicen que el edificio estaba obstruido y los trabajadores de esas dependencias no podían ingresar. “Nosotros solicitamos entonces que se asegurara el libre acceso a los funcionarios, pero jamás el desalojo”, explicó el jerarca. “No tengo idea por qué actuaron así. No sé lo que interpretaron el Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Interior, por qué fue que actuaron de esa forma”, añadió.
La misma interrogante planteó el presidente del Codicen, Wilson Netto, cuando fue consultado por medios de prensa sobre quién había solicitado el desalojo: “Formalmente nosotros no conocemos eso”.
Resguardar los bienes.
El viernes 18 a la tarde los graffitis del 6% del PBI para la educación sobre la vereda de Avenida del Libertador Lavalleja marcaron el inicio de días ajetreados.
La Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media (CEEM), junto a los gremios de los liceos Miranda y Bauzá, decidió ocupar las oficinas donde funciona el Codicen por tiempo indeterminado, “indignados por el poco interés” del gobierno en cumplir con sus reclamos de más presupuesto para la educación.
Esa mañana los estudiantes habían acudido a la sede del MEF para exigir a las autoridades una mesa de negociación donde solicitar un mensaje complementario que permitiera destinar más recursos para la educación a los ya incluidos en el proyecto de Presupuesto a estudio del Parlamento. Según los estudiantes, ese ámbito fue negado con amenazas de desalojo por la fuerza a la delegación que los representaba.
Se dirigieron entonces al Codicen para buscar una instancia de negociación alternativa. Allí reclamaron que la mesa se fijara para el sábado 19, pero se les propuso establecerla para el martes 22, fecha que interpretaron como fuera del plazo constitucional para que el Poder Ejecutivo pudiera enviar un mensaje complementario del Poder Ejecutivo.
Sin solución a su exigencia, resolvieron ocupar el Codicen bajo la premisa de que las autoridades del Poder Ejecutivo destinen como mínimo el 6% del Producto Bruto Interno para la ANEP y la Universidad de la República, “a conciencia de que los recursos económicos están”.
Una vez establecida la ocupación, el Codicen dio cuenta a la Justicia preocupado porque no todos los participantes eran mayores de edad. “Es de presumir que muchos de ellos sean menores de 18 años, lo que impone dar intervención a la Justicia Letrada de Adolescentes a los efectos no solo de resguardar los bienes públicos, sino la propia suerte de los menores involucrados en el hecho”, señaló mediante una nota.
Luego de esa presentación, el Codicen comenzó nuevas negociaciones con los estudiantes y se realizaron diversas gestiones durante el fin de semana.
La solución que obtuvo más respaldo desde ambas partes fue definir para el lunes 21 a la mañana una reunión entre estudiantes, autoridades del Codicen y los legisladores oficialistas Constanza Moreira, Ivonne Passada, Gonzalo Civila y Sebastián Sabini. Sin embargo, la propuesta de los parlamentarios tampoco contentó a los estudiantes, al punto que Moreira, Passada, Civila y Sabini emitieron ayer una declaración para desligarse de posibles responsabilidades por lo sucedido durante el desalojo, donde hace constar “que los asistentes a la reunión no manifestaron interés alguno” por su propuesta y “por esa razón ello no quedó establecido en el compromiso firmado”.
Sitiar el edificio.
Según los estudiantes, la primera aparición de parte de la Policía durante la ocupación se dio el domingo 20 a la madrugada. En su cuenta de Facebook, el CEEM aseguró que alrededor de la 1:00 efectivos policiales cumplieron con la orden de sitiar el edificio, medida que “fue resistida por madres, padres, sindicatos y diferentes organizaciones sociales que se encontraban en el exterior apoyando la ocupación”. Sobre el final de esa misma declaración convocaron “a todos los gremios estudiantiles, sindicatos y población en general a sumarse y apoyar la medida de lucha” que estaban llevando adelante.
Así fue como durante el lunes 21 y martes 22 fueron haciéndose presentes en el lugar más integrantes de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) Montevideo, el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt), la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y la organización radical Plenaria de Memoria y Justicia.
El martes a la noche, luego del pedido al Ministerio de Trabajo para el “libre acceso de los funcionarios que se desempeñan en el inmueble”, la Policía ingresó al edificio para desalojarlo, acción que culminó con corridas, agresiones, heridos y doce manifestantes detenidos. Pereira señaló que “si de la movilización hubieran participado solamente los estudiantes seguramente no pasaba nada”.
“No estamos de acuerdo con la intención detrás de estas personas que distorsionaron el accionar de los estudiantes”, sostuvo el consejero.
La jueza penal a cargo del caso, Ana de Salterain (subrogante de la jueza de 6º turno Fanny Canessa), informó a Búsqueda que ya cuenta con los informes forenses sobre todos los lesionados, y mañana viernes 25 se tomará declaración a los 12 manifestantes detenidos y a 24 efectivos de la Republicana.
También dijo que se analizaron las imágenes de la cámara del centro de monitoreo. “Se van a observar qué conductas se desplegaron dentro del operativo, tanto de los ocupantes como de quienes fueron a reprimir”, indicó de Salterain. “Si hay conductas delictivas se van a tipificar como tales, más allá de qué lado sean”.
Participación y seguridad.
Los cinco días de ocupación generaron “molestia” en el gobierno por la actitud del Codicen, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo. En el gobierno critican la “pasividad” de la cúpula de la ANEP, que “con su silencio de alguna manera estimuló” que los estudiantes mantuvieran la medida por varias jornadas.
El lunes 20 Netto remarcó a diversos medios de prensa que el Codicen podía funcionar normalmente pese a la ocupación, ya que funcionarios y autoridades trabajaban en una sede vieja del organismo ubicada a pocas cuadras de la actual. Ayer señaló que su objetivo no era el desalojo sino que quería “seguir dialogando y negociando”.
Consultado sobre la molestia del Ejecutivo, Pereira indicó que oficialmente al organismo no se le mencionó nada, pero están al tanto de la posición. “Sabemos que es así, pero nuestra preocupación es, fue y será la participación y la seguridad de los estudiantes”.
Información Nacional
2015-09-24T00:00:00
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