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A raíz del acuerdo firmado el 25 de febrero de 2021 por el Poder Ejecutivo con el grupo de empresas belgas Katoen Natie (KNG), se han producido en estos 15 meses de intentos de implementación de este, una serie de acontecimientos conflictivos en el Puerto de Montevideo que han repercutido negativamente en la imagen de nuestra principal terminal a nivel nacional e internacional, debido a su irregular operativa y a las graves derivaciones.
Además, se generó una profunda incertidumbre en la Comunidad Portuaria, que como nunca aconteció, fue mantenida al margen por la Administración Nacional de Puertos, pues no fue consultada durante el proceso de negociación del acuerdo e incluso tampoco previo a la promulgación de un nuevo Reglamento General de Atraque de Buques, tema en el que históricamente siempre se escuchó su opinión.
Pero el tema se fue agudizando con el tiempo, la incertidumbre llegó a las principales navieras con líneas al Río de la Plata y varios buques ante la imposibilidad o espera no programada para operar en el Puerto de Montevideo, debido a falta de garantías por paros portuarios, saltearon nuestra principal terminal rumbo a otras de países del Mercosur.
¿La razón de estos acontecimientos? Ausencia en el acuerdo de un “periodo de transición”, seguramente por no aplicar una metodología que considerara una secuencia lógica y razonable, en función del espacio físico a desarrollar y la infraestructura disponible y la necesaria a incorporar en próximas etapas.
KNG no va a disponer por varios años dentro del área especializada para contenedores de la estructura de muelles imprescindible para recibir más de dos naves de ultramar y cabotaje, como así tampoco las grúas y equipos para operar en esos muelles hoy inexistentes. Tampoco parece que hubo un plan con la estimación del tráfico marítimo esperado.
No obstante, el acuerdo prevé no operar en otros muelles que no sean los de la Terminal de Contenedores, excepto en circunstancias extraordinarias. No era muy difícil discernir que mientras no se desarrollara toda la estructura e infraestructura necesaria las circunstancias serían especiales. Sin embargo, KNG pidió a ANP, que a través de un Protocolo derivara a la Terminal de Contenedores (TCP) servicios de buques que antes operaban con Montecom. Se pudo prever que la otra empresa, Montecom, que opera en muelles públicos, solo trabajaría en circunstancias extraordinarias, por lo tanto, tendría que desprenderse de personal de su plantilla. Por eso el acuerdo también es “incompleto”, y esto cuesta procesarlo, porque estamos hablando de cientos de trabajadores y sus familias, que no fueron considerados en ninguna parte del documento. Es más, los temas laborales no existen en el acuerdo y hoy los trabajadores son rehenes de una situación generada por dos empresas trasnacionales y el Estado uruguayo.
A la fecha, 108 de ellos pasaron a seguro especial de paro, con diversas promesas por parte de KNG y ANP de tomarlos cuando sea oportuno…
Asimismo, Montecom, aprovechando las circunstancias, se desprendió de un número considerable de dirigentes sindicales, personal que estaba certificado, etc., pero dejó en plantilla a las empresas tercerizadas. No es mera casualidad…
Cada empresa trasnacional luchando por sus intereses de lucro descarnadamente y la autoridad portuaria (ANP) con el 20% del paquete accionario de TCP, el restante 80% es de KNG, defendiendo el “Acuerdo Incompleto” en todos los estrados públicos y privados.
Sin embargo, los trabajadores actuales de las plantillas de ambas empresas hacen horas extras, pues trabajo con buques contenedores en el puerto no falta; mientras tanto el Estado está pagando seguros especiales con el dinero de todos los uruguayos. ¿Es justo, cuando los privados podrían incorporarlos?
Finalmente, hay sendos recursos del sindicato y de Montecom presentados ante el TCA y una negociación de esta empresa con el Estado para tratar de evitar una arbitraje internacional ante el Ciadi (International Centre for Settlement of Investment Disputes).
En fin, el articulo 7 de la Ley de Puertos (16.246 de 8 de abril de 1992) dice: “Compete al Poder Ejecutivo el establecimiento de la política portuaria y el control de su ejecución”.
Es evidente que en el Puerto de Montevideo la ejecución de la política portuaria está fuera de control y está afectando de diversas formas la imagen del país, sus trabajadores, el comercio exterior, etc.
Llegó el momento de asumir la situación al más alto nivel gubernamental y con el único espíritu de contribuir, estimamos que una solución bien podría andar por suspender el Protocolo de Atraque de Buques hasta que se expida el TCA o el Ciadi, seguramente a principios del año que viene.
Mientras tanto, también suspender el envío de más trabajadores al seguro especial de paro e incorporar a cargo de Montecom a los 108 que están en esa situación. Simultáneamente, la autoridad portuaria debería confeccionar un plan de transición en el tiempo, serio y creíble, con la participación de ambas empresas, KNG, Montecom y ANP como Autoridad Portuaria.
Las mencionadas empresas trasnacionales deben poner su cuota parte para solucionar esta situación conflictiva, porque si bien están luchando por sus legítimos intereses de lucro, todos los uruguayos también tenemos derecho a que las autoridades responsables en el marco de la Ley de Puertos cumplan con el deber de proteger el “interés general” y el “bien común”.
