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Recientemente el gobierno de Lacalle Pou ha flexibilizado la Ley N° 18.256 reglamentada por el decreto 284/008, ambos promulgados en el año 2008. Esto ha generado una gran polémica de sectores de la academia y de la oposición política, que ven en esta flexibilización un retroceso en la “exitosa” política antitabaco del gobierno del Dr. T. Vázquez.
En primer lugar quiero dejar establecido que, como médico, no tengo dudas del daño que produce el tabaco sobre diversos órganos y aparatos del cuerpo humano. Sin embargo, no suscribo que esta sea una exitosa política antitabaco, por más que venga auspiciada desde la OMS a través del Convenio Marco para el Control del Tabaco.
Quiero reflexionar sobre el impacto de las acciones que se han tomado sobre el consumo de cigarrillos, incluso desde antes de la entrada en vigor de la Ley 18.256. El impacto sobre la salud se observa de los 20 a 30 años posteriores al comienzo de la adicción. La asociación con el cáncer Bronco-pulmonar (CBP) es el índice más sensible para evaluar el éxito de una campaña de este tipo, ya que se estima que 83%-84% de los CBP son atribuibles al tabaco.
Por lo tanto no podemos aún evaluar si ha tenido verdadero éxito la intervención sobre el diseño de las cajillas de cigarrillos y demás medidas restrictivas y económicas para el fumador tomadas en la primera presidencia de Vázquez. De acuerdo con la biología del cáncer, recién entre 2030 y 2040 vamos a poder evaluar si estas medidas fueron efectivas en bajar la mortalidad por CBP. Este es el verdadero objetivo de la política, bajar el número de fumadores es una medida operacional para llegar a ese fin.
Un estudio longitudinal de una reconocida encuestadora de nuestro país (Cifra), que ha sido dado a conocer públicamente en agosto pasado, muestra algunos hechos interesantes: 1) que entre 2001 y 2007 el consumo de cigarrillos ya venía disminuyendo de 34% a 31% o sea 3 puntos porcentuales, 2) entre 2008 y 2013 hubo un impacto importante en el consumo de tabaco, cayó 8 puntos de 31% a 23% y, 3) entre 2014 y 2022 cayó apenas 2 puntos de 23% a 21%.
Me interesa destacar tres cosas de esta encuesta: primero, el consumo de tabaco ya venía cayendo desde el siglo pasado, en segundo lugar le promulgación de la ley y el impacto comunicacional de la campaña tuvo un efecto innegable sobre el consumo y, en tercer lugar, luego de pasado este impacto inicial, hasta el día de hoy, el efecto de las medidas de Vázquez fue nuevamente del mismo orden que antes de la implementación de la campaña. Por otra parte, la Encuesta Mundial del Tabaquismo en Adultos (GATS), que es parte del Sistema Mundial de Vigilancia del Tabaquismo, incluyó a nuestro país en 2017 e indicó que el número de fumadores en ese momento era de 21,6%. Esto coincide con los guarismos de la encuesta nacional.
Ya han pasado ocho años desde la penúltima medición de la encuestadora Cifra (2014-2022) y si, además, tomamos en cuenta la encuesta GATS (2017), no queda duda de que la tasa de cesación del consumo de cigarrillos se ha frenado.
Veamos ahora la mortalidad por CBP. Esta epidemia ha sido objeto de estudio por expertos y sabemos que en nuestro país la mortalidad en hombres aumentó lentamente desde fines de la II Guerra Mundial hasta la década de los 90 cuando la tendencia revirtió y empezó a disminuir. Esta caída tiene una pendiente constante que atraviesa las dos primeras décadas del siglo XXI. Por otra parte, cuando la epidemia de tabaquismo en hombres llega a su cenit y comienza a disminuir (años 90), la epidemia en mujeres comienza a aumentar y aún hoy sigue aumentando. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud Pública, entre 2008-2018 la frecuencia anual de defunciones por CBP varió entre 987-973 casos para hombres y 265-373 casos para mujeres respectivamente. En el global no hubo variación significativa.
Pero volviendo al hábito de fumar, no todas las medidas tomadas tienen el mismo grado de desestímulo sobre el fumador. Por ejemplo, las medidas de no fumar en ambientes cerrados son bienvenidas para aquellos que no fumamos y no queremos ser fumadores pasivos. Pero, por más que hayan sido estudiados por expertos, las intervenciones en el diseño de la caja y el ocultamiento del producto en los puntos de venta son de dudosa efectividad.
El aumento del precio es una medida muy efectiva, pero no para atacar el tabaquismo, sino para alentar el contrabando. Los fumadores no dejan de fumar, se corren al mercado negro. Esta medida, como todas las demás recomendadas por burócratas que desde sus cómodos escritorios en Washington o Ginebra se creen que pueden manejar la complejidad del tercer mundo, estaba condenada al fracaso. Y como el sentido común lo indicaba, nos hicieron caer en una especie de ley seca del tabaco.
Mi opinión: El gobierno se quedó corto con esas insignificantes medidas cosméticas de la caja blanda y el logo en el cigarrillo. Habría que repensar estas medidas de diseño de la cajilla y recaudatorias, dado que la evidencia indica que han dejado de impactar en el consumo de tabaco e incentivan el contrabando. El Estado debería concentrarse en promover campañas de información para que cada fumador, haciendo uso de su libertad responsable, discuta con su médico sobre los perjuicios de esta adicción. La mejor política antitabaco es la que informa objetiva y racionalmente sobre los riesgos, no la que intenta desalentar una adicción por el terror y el ocultamiento.
