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Luego de su discusión y aprobación en la Cámara de Representantes, llegó al Senado un proyecto de ley sindical absolutamente inútil, sin contenido normativo capaz de transformar, para bien, la duramente castigada actividad sindical en nuestro país. Una vida sindical de tal modo afectada por la actividad distorsiva de algunas de las organizaciones marxistas y radicales que operan a través de los sindicatos, al amparo de la ausencia casi total de reglamentación tutelar, que han logrado convertirla en una prolongación de las estrategias políticas de la izquierda frenteamplista. Todo ello, claro está, en perjuicio de los legítimos intereses laborales de los trabajadores.
El mal proyecto de ley sindical ahora a estudio del senado, vacío de normas que tutelen realmente los derechos de los trabajadores, debe, desesperadamente, incorporar a los sindicatos el voto secreto, tanto para la elección de sus autoridades legítimas como para la adopción de las grandes decisiones en materia de reclamos laborales y medidas de lucha. Y ello es así por cuanto no existe otro mecanismo más democrático y eficaz que el voto secreto, libre y sin presiones espúreas, controladas por la Corte Electoral, para liberar a los trabajadores de los actuales dirigentes politizados y permitirles recuperar, en un proceso gradual, sus organizaciones sindicales. No hay otro camino.
En definitiva, no es otra cosa que consagrar para los sindicatos la misma garantía que rige para la elección del presidente de la República, los senadores, diputados, intendentes y ediles en todo el territorio nacional. Dada la importancia de los sindicatos en la vida moderna, es obligación de los legisladores darles las mayores garantías para que, sin distorsiones político-partidarias, organicen sus actividades en el marco del derecho colectivo del trabajo, que de eso, precisamente, se trata. Y no de otra cosa.
La ausencia del voto secreto en el proyecto de ley sindical a estudio del Senado sorprende y defrauda. Especialmente cuando se comenta que cuenta con el respaldo del actual ministro de Trabajo.
Pero eso, que es muy importante, no es todo. El proyecto aprobado en Diputados, aunque mueve a asombro, tampoco consagra la obligatoriedad para los sindicatos de obtener la personería jurídica. De lo que mucho se ha hablado.
Y, por si eso fuera poco, tampoco se incluyen disposiciones que permitan otorgar transparencia al manejo de los cuantiosos recursos financieros de los sindicatos, fruto de los aportes de sus asociados, que seguirían sujetos a mecanismos de descuentos automáticos realizados por las empresas en las que trabajan.
Por todo ello, afirmamos que se trata de un proyecto incompleto, vacío e incluso contraproducente.
Una gran decepción cuando se piensa que transcurrieron casi 90 años desde la Constitución de 1934, que ordenó legislar sobre importantes derechos gremiales, como la huelga, sin que el Parlamento se diera por aludido. Lamentable. Es una ley que, con el contenido adecuado, podría transformar la vida sindical nacional. Democratizándola.
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