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El Guardián funciona las 24 horas, 7 días por semana durante los 12 meses del año. Pese a las críticas y polémicas que suscitó su compra años atrás, el sistema de interceptaciones telefónicas de la Policía uruguaya está constantemente activo, con el crimen organizado como objetivo en un engranaje que mueve diariamente en conjunto a policías, fiscales y jueces. El Ministerio del Interior proyecta mudar la unidad que lo controla a otro edificio y gastó este año casi US$ 250.000 para actualizarlo. Pero sus operadores y las autoridades coinciden en que el sistema puede mejorarse y que los delincuentes a los que persigue logran eludirlo con facilidad. Por eso, el interés del gobierno es adquirir una tecnología nueva que pueda reemplazarlo o actuar en paralelo.
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El Ministerio del Interior recibió ofrecimientos de empresas públicas y privadas de Italia e Israel, según supo Búsqueda. Las propuestas por ahora están en etapa de análisis. Con el combate al narcotráfico establecido como política de gobierno aún previo al comienzo del período, la posibilidad de adquirir otras herramientas de seguridad ha sido conversada tanto en el ministerio como en la Torre Ejecutiva, dijeron fuentes del oficialismo.
“Es una lucha diaria, permanente. Hacemos un trabajo muy fuerte a través de Fiscalía en cuanto a la interceptación de teléfonos, obviamente, con las limitaciones que el sistema tiene a los efectos del seguimiento de este tipo de operaciones para lograr desbaratarlas”, dijo el jueves 6 el ministro Jorge Larrañaga en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados sobre la actuación policial contra el comercio local e internacional de drogas. En julio, el director de la Secretaría de Inteligenciadel Estado, Álvaro Garcé, había señalado a Búsqueda que ciertos recursos tecnológicos del Estado se habían vuelto obsoletos, en referencia a el Guardián.
El sistema de interceptaciones fue adquirido en 2015 a la empresa brasileña Dígitro Tecnología, que lo diseñó a medida para Uruguay. El Guardián es operado por la Unidad de Apoyo Tecnológico (UNATEC), dependiente de la Dirección de la Policía Nacional. Aunque está disponible para toda la Policía, su uso fundamental se da en la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID). “Un sistema moderno y dotado de las máximas garantías pondrá al Estado uruguayo a la altura de los mejores de la región y el mundo en el combate a una delincuencia que evoluciona permanentemente”, había valorado en 2015 el Ministerio del Interior mediante un comunicado de prensa.
El Guardián es la parte clave del Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (SAIL) de la Policía, una única herramienta de interceptación de llamadas en contraproposición a las más de 20 que existían antes de su compra. Para activarse, el oficial policial que lidera un caso eleva una solicitud de interceptación legal al fiscal, que evalúa si es conveniente solicitar la autorización final al juez, quien decide si la medida corresponde o no. Si la aprueba se da aviso a la operadora de telecomunicaciones para que intervenga la línea telefónica de interés. El protocolo firmado entre el Ministerio del Interior y la Suprema Corte de Justicia establece que trimestralmente la cartera debe remitir a la Corte información sobre la cantidad de interceptaciones aprobadas y rechazadas, entre otros datos.
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
El año pasado el sistema generó controversias porque el ministerio falló en dar esa información. Más allá de la polémica por la garantía a los derechos de privacidad personal, a nivel operacional los policías, fiscales y jueces creen que El Guardián los posiciona en muchos casos un paso atrás del crimen organizado, que utiliza otras plataformas —WhatsApp, Signal, Telegram, entre algunas de las aplicaciones conocidas y de fácil acceso— cuyas comunicaciones no pueden ser interceptadas. “WhatsApp ha venido a destruir lo que era un medio de investigación primordial”, dijo en 2017 a Subrayado el fiscal penal Carlos Negro.
Con este panorama y bajo estricta reserva, el Ministerio del Interior y la Policía estudian cómo avanzar. Por lo pronto en junio se pagó a Dígitro Tecnología US$ 241.548 para el suministro durante un año del soporte técnico y las actualizaciones de El Guardián, un monitoreo que incluye modificaciones de software y ampliación de licencias y permite la detección inmediata y la corrección de sus problemas. Mientras tanto, se están analizando las propuestas que llegan desde el extranjero.
Una es de Leonardo, una empresa global de alta tecnología que opera en los sectores aeroespacial, de defensa y seguridad, propiedad en un 30,2% del Ministerio de Economía y Finanzas de Italia. Entre otros productos y servicios específicos para gobiernos, Leonardo elabora sistemas de investigación y comunicación para enfrentar actividades terroristas y del crimen organizado, con base en la inteligencia artificial y el Big Data, y extracción de información de la Internet profunda.
Otras de las ofertas llegaron desde compañías israelíes, aunque en el ministerio no quisieron dar detalles sobre sus nombres y productos. Semanas atrás en España se descubrió que Pegasus, un software diseñado por la israelí NSO Group para extraer datos de dispositivos celulares, fue supuestamente utilizado por el gobierno español para espiar al presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent. Pegasus es capaz de leer mensajes de texto, rastrear llamadas, recopilar contraseñas, seguir la ubicación del teléfono y recopilar información de las aplicaciones. En mayo NSO Group debió declarar en la Justicia de Estados Unidos ante una demanda de WhatsApp, que la acusó de aprovechar un error en su sistema para robar datos de 1.400 teléfonos. Shalev Hulio, el CEO de la compañía israelí, dijo que siempre operan bajo el control del Ministerio de Defensa de Israel y que si efectivamente hay espionajes ilegales son responsabilidad de sus clientes y no de la empresa.
