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La “gobernanza”. En el actual directorio gobierna la minoría de dos directores activos (electos con el 43% de los votos) con el apoyo de los directores designados por el Poder Ejecutivo, haciendo mayoría ante los otros dos directores activos (que en conjunto obtuvieron el 57% de los votos) y el director electo por los pasivos.
En el directorio anterior los directores por el Poder Ejecutivo formaron mayoría con tres directores electos por los activos.
Todas las resoluciones del directorio anterior y del actual han sido tomadas con el voto favorable de los representantes del Poder Ejecutivo.
No cabe duda de que existe responsabilidad del Estado por la situación actual de la caja, tanto desde el punto de vista moral, como jurídico.
Durante casi ocho años los directores designados por el Poder Ejecutivo fueron la Ec. Adriana Vernengo, quien no aportaba a la caja por declarar “no ejercicio”, pero que junto con el Dr. Ariel Nicoliello (el otro director, delegado por el PE) definieron con su voto resoluciones de directorio que afectaron a los afiliados activos y pasivos, quienes sí contribuyeron o contribuyen con sus aportes al instituto.
El actual Poder Ejecutivo nombró en el 2020 al Dr. (médico) Gerardo López Secchi, quien actuó como director suplente entre 2017 y 2020 y fue presidente entre 2018 y 2019.
Más aún, los abogados Elzeario Boix y Alfredo Cabrera (actual presidente del BPS) fueron los dos primeros profesionales que solicitaron a la Corte Electoral la inscripción de la Lista 54, encabezada por el Dr. Ariel Nicoliello, seguido por la Cra. Virginia Romero, actual presidente de la caja, ya que Nicoliello participó en las elecciones como primer candidato, pero ante nuestra denuncia no fue proclamado por no poder ser elegible de acuerdo a la normativa vigente.
Desde el año 2014 los sucesivos directores designados por el Poder Ejecutivo de turno, ¿no advirtieron el notorio deterioro de la caja cuando el número de afiliados no cotizantes superaron a los afiliados cotizantes?, algo que se ha profundizado ininterrumpidamente hasta la actualidad.
¿Tampoco advirtieron la concentración de afiliados que cotizan en las categorías más bajas de la escala ficta?
Ambos fenómenos fueron consecuencia de las transformaciones que afectaron a los profesionales, principalmente a quienes ejercen liberalmente sus profesiones, a partir de la implementación de las reformas tributaria y de salud, que se sumaron al Fondo de Solidaridad y su adicional.
El IASS. Los afiliados pasivos y pensionistas de la Caja Profesional han transferido a las arcas del BPS una cifra cercana a 500 millones de dólares desde la vigencia de este impuesto.
El importe surge de sumar los aportes mensuales que la caja retiene a sus jubilados y pensionistas más el aporte adicional que aquellos que tienen más de una pasividad deben pagar a la DGI entre los meses de agosto y diciembre de cada año (tomando la cuota parte correspondiente a la pasividad como profesional).
Los jubilados y pensionistas de la Caja Profesional han subsidiado al BPS con esa cifra.
El Tribunal de Cuentas y las auditorías externas. El Tribunal de Cuentas en las auditorías anuales que realiza a la Caja de Profesionales, ¿no advirtió su situación y su futuro próximo?
Las Auditorías Externas de los Estados Financieros sobre la Caja de Profesionales, ¿no advirtieron que el principio de empresa en marcha estaba severamente cuestionado?
Los deudores morosos. ¿Por qué el Tribunal de Cuentas y las auditorías externas no cuestionaron la gestión de la cartera de deudores del instituto, totalmente deficiente y cuyo número es creciente en el tiempo?
Un informe remitido desde el MTSS a la presidencia de la Cámara de Representantes de fecha 2 de junio de 2017 daba cuenta de un total general de 4.872 deudores morosos con un monto total adeudado de $ 23.410 millones al 31/12/2015 (US$ 800 millones).
Al 31/12/2021 el número de deudores morosos por aportes se ha incrementado ubicándose en más de 6.000 afiliados, con un monto total de $ 46.657 millones (US$ 1.100 millones) y los deudores morosos por tributos recaudados por la caja ascienden a $ 2.878 millones (US$ 68 millones).
En los últimos seis años la cartera de morosos se incrementó en 400 millones de dólares.
El último directorio tuvo el triste mérito de no cobrar US$ 67 millones por año, US$ 5,5 millones mensuales.
Los sucesivos directorios han dejado de cobrar casi $ 50.000 millones, equivalentes a US$ 1.200 millones.
Reiteramos: todas las resoluciones del directorio anterior y del actual han sido tomadas con el voto favorable de los representantes del Poder Ejecutivo.
Lemas Cambio Total y Asociación Civil Orden Profesional
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