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El único pasaporte uruguayo que el narcotraficante Sebastián Marset obtuvo en su vida fue el que se le expidió en 2021 mientras estaba preso, y que hoy es base de una investigación penal que tiene a dos ministros de Estado indagados. Previo a ese trámite, Marset intentó sacar el pasaporte uruguayo en 2020 a través del Consulado de Asunción del Paraguay. No lo logró porque se negó a dar su domicilio en Paraguay a las autoridades consulares uruguayas. Entonces volvió a intentarlo en julio de 2021 desde el Consulado de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).
Este proceso quedó suspendido porque Marset tenía una solicitud de averiguación y paradero librada por el Juzgado de Crimen Organizado. Cuando en octubre de ese año Marset inició el tercer trámite para el pasaporte —esta vez ante el Consulado en Emiratos Árabes Unidos—, el pedido realizado en Santa Cruz de la Sierra fue cancelado y el narco pudo así comenzar el procedimiento en Emiratos Árabes Unidos. Para ello resultó clave la actuación de la excónsul de Uruguay en ese país, Fiorella Prado.
Mensajes y audios enviados por Prado a distintas personas demuestran que modificó el trámite de Marset en Bolivia y lo pasó de suspendido a anulado, lo que posibilitó el inicio del nuevo proceso de expedición de pasaporte. La excónsul realizó el movimiento por decisión propia, sin consultar previamente a sus superiores ni a los funcionarios del Consulado en Santa Cruz de la Sierra.
“Él tenía un trámite iniciado en Santa Cruz de la Sierra y nunca había sido anulado. Entonces, como ya había un trámite pendiente, no me dejaba seguir. Lo que hice para ganar tiempo, en vez de esperar a que se despierte Bolivia, hacer la consulta, esperar que ellos lo anulen, yo empezar otro acá de nuevo. Fue tomar ese y a partir de ese cambiar todos los datos, actualizarlos, y me dejó”, dijo Prado en un audio de WhatsApp al que accedió Búsqueda.
El mensaje fue enviado el 24 de noviembre de 2021 a Alejandro Balbi, abogado de Marset, y forma parte de los documentos adjuntos a la investigación administrativa que Cancillería realizó sobre el caso. La investigación, finalizada en diciembre, concluyó que no existieron faltas administrativas en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ya ya ya.
Marset fue detenido el 10 de setiembre de 2021 en el Aeropuerto Internacional de Dubái, al intentar embarcar con destino a Turquía con un pasaporte paraguayo con soporte físico original pero impresión apócrifa. El Consulado de Emiratos Árabes Unidos fue contactado por el narco, su abogado emiratí Ali Al Shamsi y Balbi para tramitar el pasaporte desde la cárcel de Al Wathba en Abu Dhabi. A partir de allí se inició un proceso administrativo en el cual las direcciones nacionales de Interpol, Policía Científica e Identificación Civil del Ministerio del Interior comunicaron que no había reparos para aprobar el documento por cumplir el solicitante con las exigencias del decreto 129, que en aquel momento solo impedía otorgar un pasaporte a quien tuviera causas abiertas en Uruguay.
El 31 de octubre, casi un mes antes de la entrega del pasaporte, el Consulado emitió una nota al Departamento de Justicia de Abu Dhabi para informar que Uruguay había autorizado iniciar el trámite para dar el pasaporte a Marset. Esta nota fue clave en su liberación del 28 de diciembre, según manifestó el propio embajador Álvaro Ceriani en la investigación de Cancillería, ya que la nota se menciona en la sentencia dictada por la Justicia emiratí y los abogados la usaron para intentar demostrar que no se trataba de un preso de relevancia.
La carta fue enviada por el Consulado luego de que recibiera autorización el 29 de octubre de la Dirección de Asuntos Consulares de Cancillería, que consultó a Interpol si Marset tenía requisitoria internacional; se le respondió que podía iniciar la solicitud de pasaporte común.
Desde que Marset fue enviado a prisión, sus abogados insistieron con que Cancillería enviara esta nota a las autoridades emiratíes. El 20 de octubre el Consulado hace referencia al tema en un correo electrónico a la Dirección de Asuntos Consulares y también Prado de manera particular en un mensaje de WhatsApp a Fernando Pereda, integrante del Departamento de Documentación de Viaje de Cancillería: “Lo calmé tanto a la persona que está presa como a su hermano porque lo quieren ya. Ahora me va a llamar otro abogado de ellos en Uruguay porque dice me va a mandar los antecedentes penales”, le explica.
El apuro del narco, su familia y su equipo legal queda patente en otros mensajes de Prado a Pereda, por ejemplo, uno del 18 de noviembre. “Lo vimos con el embajador al caso, porque Balbi nos está escribiendo bastante seguido, poniendo bastante presión para que se le entregue el pasaporte lo antes posible. Pero no veíamos el apuro de que una persona con esos antecedentes lo tuviera ya ya ya, el pasaporte. Le quería dar una respuesta a Balbi, un poco diciéndole si lo íbamos a tramitar ahora o no, porque es lo que pregunta él. Pero quería hablarlo con ustedes primero y aguardar sus instrucciones. Si ustedes nos dicen que lo empecemos a tramitar ya, bueno empezamos”.
Ese mismo día, el Departamento de Documentación de Viaje informa al Consulado en Emiratos Árabes Unidos que no existen impedimentos legales para poder iniciarle a Marset la solicitud de su pasaporte común, por lo tanto ordena tomarle foto, firma y huellas. En la madrugada de Uruguay del 24 de noviembre, la excónsul le manda el mensaje a Balbi en el que le informó que había resuelto el “problemita” que impedía iniciar el procedimiento en el sistema informático.
El 25 de noviembre el pasaporte se imprime. Horas después, Balbi envía un audio de WhatsApp a Prado informándole que el documento no pudo ser enviado por valija diplomática y será llevado a Emiratos Árabes Unidos por un tercero con autorización expresa de Marset. El 30 de noviembre el Consulado recoge la firma del narco en una carta poder y en Montevideo el Departamento de Documentación de Viaje le entrega el pasaporte a Carlos Balbi, hermano del abogado.
La trama derivó en una denuncia penal realizada por el Frente Amplio y en una interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al canciller Francisco Bustillo, quien dijo que “nadie sabía en noviembre del 2021 quién era Marset”. Esa afirmación fue luego puesta en cuestión por Carolina Ache, quien fue forzada a renunciar como vicecanciller por su rol en el caso. Ayer miércoles Alejandro Machado, fiscal de Delitos Complejos de 1er turno a cargo de la causa, citó como indagados a Bustillo, Ache, Heber y Guillermo Maciel, subsecretario de Interior.
