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Empecé a conocer al fiscal Raúl Iglesias cuando supe de su determinación de solicitar el cambio de la medida de prisión preventiva efectiva a prisión domiciliaria para los tres jóvenes imputados por la presunta violación grupal del Cordón. Me dije: “Este hombre comprendió de un solo golpe la situación que tenía planteada en el expediente y actuó con suma eficiencia”. Después me enteré de que cuando llegó a la Fiscalía se encontró con unos 900 expedientes en trámite por lo cual y para mejor proveer decidió archivar más de 200 de ellos (sin perjuicio) porque vio que se encontraban inmovilizados desde hacía al menos dos años por falta de pruebas y porque los fiscales que le precedieron habían abandonado esas actuaciones, sabiéndose en materia penal que el paso del tiempo torna casi imposible llegar a conseguir resultados tangibles que pudieran dar satisfacción a las denuncias de las víctimas. Eso lo sabe bien la policía. Increíblemente la desidia y negligencia de aquellos fiscales nunca fue observada, investigada o sancionada y sí llegaron masivamente a los medios las actuaciones del fiscal Raúl Iglesias, el que fue sometido a un escarnio público deleznable. Verán más adelante cómo esta presión social hizo que el fiscal Raúl Iglesias pasara a ser el malo mientras que los fiscales que le precedieron, que fueron los verdaderos culpables de que esas causas no progresaran, nunca fueron observados. El fiscal Raúl Iglesias fue muy claro: “Dediquémonos entonces a las causas que sí estamos en condiciones de investigar y resolver”.
Vean ustedes: después del archivo de los expedientes, el fiscal de Corte recibe a una delegación de la Intersocial Feminista, que denuncia, sin conocimiento de causa, al fiscal Raúl Iglesias por el archivo de que se trata; y, o sorpresa, el fiscal de Corte en vez de defender a su fiscal, pasando por alto su derecho a ser oído y a presentar su defensa (sobre todo su independencia técnica), lo soslaya, no se comunica con él, tampoco decreta una investigación administrativa, como lo establece el régimen disciplinario para los funcionarios públicos (la investigación administrativa tiene la ventaja de que ofrece la posibilidad cierta de profundizar en forma más técnica sobre la calidad de aquella denuncia donde el inculpado puede declarar, articular su defensa e informar en profundidad los motivos que lo llevaron a tomar cada una de las decisiones que motivaron el entredicho), recurre en cambio, dando de hecho por cometida una falta administrativa, al Departamento de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación para que lo informe (un organismo del que desconozco su competencia, pero sí su incompetencia cuando informa sobre el tiempo que requirió el examen de cada expediente cuando se sabe que eso varía según el número de fojas que tenga cada expediente y según su complejidad). Como abogado examiné cientos de expedientes y como sumariante que lo fui en un organismo del Estado también lo hice, y el que sabe puede examinar un expediente en total 30 minutos, o hasta una hora; siempre según la complejidad del caso y el número de fojas del expediente.
Según mi información, aquel análisis habría pasado al Departamento Jurídico de la Fiscalía General de la Nación, quien, para mi asombro por su desconocimiento sobre derecho administrativo, habría aconsejado un decreto de sumario al fiscal Raúl Iglesias al que el fiscal de Corte, así, mal asesorado, dio andamiento, cuando, como dije, de acuerdo al régimen disciplinario para los funcionarios públicos correspondía una investigación administrativa previa que determinara si había o no responsabilidades. Sumario aquel cuya gravedad (porque el inculpado ya parte como imputado de una causa de la que se le impidió defenderse) es terrible. Como no podemos suponer que el fiscal de Corte y sus asesores desconocen el ordenamiento jurídico que rige nuestro país, sobre todo en el caso el derecho administrativo, entonces tenemos que concluir que incurrió o en desviación o abuso o exceso de poder, lo que, en tal caso, si el fiscal Raúl Iglesias le inicia una acción a la Fiscalía de Corte por esos motivos seguramente la ganará.
Mientras tanto, desconocemos la competencia de quien se encargará de la causa y enjuiciamiento de esos tres jóvenes que se encuentran imputados de violación grupal en un caso que se presenta como muy dudoso.
Es todo muy raro, porque la Asociación de Fiscales en vez de defenderlo se alineó con el fiscal de Corte y además lo sometió a un Tribunal de Conducta interna. Pero cuando la anterior fiscal de la causa del Cordón y la jueza ordenaron el allanamiento de un medio de prensa realizando un desbarajuste total en este, exigiendo, entre otras cosas, al periodista le dieran el nombre de quien proporcionó una prueba y le exigió la entrega de su celular violando el derecho de reserva de fuente del periodista aquella Asociación no se pronunció. Aquella fiscal y aquella jueza violaron la Constitución de la República, porque violaron la libertad de prensa y el derecho de reserva de fuente del periodista y hasta este mismo fiscal de Corte tan riguroso ahora entonces la encubrió, siendo que consultada después la policía ellos dijeron que actuaron tal y como les ordenó aquella fiscal, y ofrecieron pruebas. Ellas, por lo menos, cometieron un delito de abuso de funciones y raramente no fueron procesadas.
