Este déficit es del orden de 3.000 millones de dólares por año, una cifra enorme y de un peso inconvenientemente alto para nuestra economía. Esto queda más claro cuando tomamos conciencia, por ejemplo, de que ese déficit es siete veces el presupuesto anual para que funcione toda la Udelar, o casi la cuarta parte de todo el gasto del presupuesto nacional.
A pesar de esto, todos hemos escuchado a alguna persona jubilada decir que lo que aportó durante 40 años al BPS no se compadece con la miseria que recibe de jubilación. Pues bien, esa afirmación no es cierta en Uruguay desde la reforma de 1995. Actualmente, lo que una persona aportó le alcanzaría para cobrar más o menos la mitad de la jubilación que cobra, mientras que la otra mitad la recibe gracias a los 3.000 millones de dólares por año que todos los uruguayos pagamos a través de impuestos.
Y esto no es que esté mal, porque es cierto que las jubilaciones son muy bajas, así que es muy razonable que, como sociedad, queramos seguir pagando esos impuestos para mejorar las jubilaciones. Pero hay un problema: la cifra del déficit no solo es muy alta, sino que además es creciente, y todo indica que no podremos seguir pagándola en el futuro.
Existe un trabajo realizado en 2017 para Uruguay en conjunto entre la Cepal y el Banco Mundial (Cambio demográfico y desafíos económicos y sociales para Uruguay en el siglo XXI) que proyecta este déficit al año 2080 y dice que, de no hacer cambios, será de siete puntos del PIB adicionales a los actuales, lo que hace imprescindible una reforma del sistema previsional que permita acotar el crecimiento permanente de su déficit.
Otros dos problemas que mencioné son la distribución del gasto en protección social y de la pobreza.
Dicho en pocas palabras, el gasto en protección social es el gasto que realiza el Estado para ayudar a la población dependiente, es decir, la población que no trabaja, que son los niños y jubilados. El mismo trabajo de la Cepal y el Banco Mundial referido antes establece que el 75% del gasto en protección social en Uruguay se destina a los mayores de 65 años, mientras que solo el 5% de ese gasto se destina a menores de 18 años.
Y esto tiene su consecuencia en la distribución de la pobreza, que es del 1,4% entre los adultos mayores y del 17,4% entre los menores de 6 años: es decir, la pobreza entre los niños menores de 6 años es 12 veces mayor que entre los jubilados, configurando un claro ejemplo de injusticia social y distributiva.
Si no se realiza la reforma del sistema previsional, su déficit seguirá creciendo y se profundizará esa distribución injusta en favor de los jubilados y en detrimento de los niños. Y es muy difícil pasar por alto que quienes se perjudican con la distribución anterior son los ciudadanos que no votan, es decir, los niños.
Lo dicho antes pone en evidencia motivaciones que podríamos definir como éticas o de justicia social para realizar la reforma del sistema previsional, pero definitivamente no son esas las únicas motivaciones que están en juego, y esto nos lleva al cuarto problema mencionado al principio: las consecuencias de nuestra realidad demográfica.
El trabajo sobre demografía en Uruguay ya referido reporta que la población dependiente (niños y jubilados) crece en forma sistemática en relación con la población activa (trabajadores), y en los próximos 10 años los niños y jubilados superarán en número a los trabajadores en una brecha que seguirá creciendo y que impone un desafío muy grande para los trabajadores del futuro.
En efecto, para poder financiar las necesidades de un mayor número de niños y jubilados con el trabajo de un número menor de trabajadores, esos trabajadores del futuro deberán ser mucho más productivos que los trabajadores de hoy. Y esa mayor productividad de los trabajadores del futuro solo se puede lograr con una parte mayor del gasto en protección social destinada al incremento del capital humano de los niños y adolescentes de hoy.
Así que no solo por razones de ética y justicia social (que ya serían suficientes) sino también por esta razón que se vincula con la viabilidad futura del país es imprescindible detener el crecimiento del déficit del sistema previsional, y además hacerlo a la mayor brevedad posible. Sin embargo, no hay consenso respecto a esta urgencia.
Existen actores cercanos a este tema que afirman que no es urgente abordar la reforma, porque el colapso del actual sistema previsional no sucederá hasta el año 2040. No comparto esta posición por varias razones.
En primer lugar, la reforma de la que estamos hablando demorará mucho tiempo en mostrar resultados y, por esto, lo más inteligente es realizarla cuanto antes. De hecho, hoy estaríamos en una situación mejor si esta reforma se hubiera procesado hace 10 o 15 años.
Por otra parte, realizar la reforma rápidamente permitirá que los cambios que se introduzcan se puedan procesar con gradualidad y no bruscamente, lo cual también es una ventaja para las personas afectadas por esos cambios.
Además, con la realidad actual del déficit previsional, el gasto en protección social, y los desafíos demográficos, seguir postergando la reforma sería imprudente, por decir lo menos.
Y hay una cuarta razón para no demorar la reforma: Uruguay tiene hoy una economía ordenada; más allá de algunos indicadores que preocupan como son el alto déficit fiscal y la elevada relación deuda-PBI, es claro que la economía uruguaya está bien manejada, como por otra parte se reconoce internacionalmente. Tenemos buena calificación de riesgo como consecuencia un bajo riesgo país, imagen de país cumplidor de sus obligaciones y buena reputación en los mercados financieros. Disponemos, por tanto, de crédito internacional.
Pero ¿alguien podría garantizar en los tiempos que corren que no seremos alcanzados por un contexto de mayor adversidad en el futuro?
Si eso sucediera, enfrentaríamos esa situación con una vulnerabilidad significativamente mayor, sin el sistema previsional ya reformado, así que nuevamente aquí aparece la prudencia como una razón para implementar esta reforma a la fecha más temprana posible.
Es posible que si se mira exclusivamente el sistema previsional no se identifiquen razones de inmediatez para realizar su reforma. Pero esa mirada parcial podría tener sentido si el sistema previsional se financiara totalmente con sus propios recursos, y esto no es así.
Cuando para financiar el sistema previsional se sacan 3.000 millones de dólares del resto de la economía, es imprescindible una mirada global para juzgar si la reforma es urgente, porque destinar esos 3.000 millones de dólares a pagar jubilaciones y pensiones impide realizar con ellos otras actividades que podrían mejorar la calidad de vida de toda la población, y no solo de una parte de ella.
¿Y qué debemos esperar los uruguayos del sistema político en este tema?
El alto y creciente déficit previsional, el gasto en protección social desbalanceado, la pobreza 12 veces mayor en niños menores de seis años que en jubilados y la falta de respuesta presente a los desafíos que nos impone nuestra realidad demográfica es la situación que vive nuestro país después de casi 38 años del retorno a la democracia, con tres gobiernos del Partido Colorado, tres gobiernos del Frente Amplio y un gobierno y medio del Partido Nacional, así que la realidad que venimos de describir interpela a todo el sistema político.
Sin embargo, yo no veo a todo el sistema político manifestando a través de su comportamiento que se sienta responsable de esta situación e interpelado por ella y esto posiblemente sea porque la ciudadanía no dispone de toda la información a este respecto como para exigirle al sistema político que actúe en el sentido correcto. Y permítanme decirles que la ciudadanía informada es un aspecto central, un aspecto crucial en este tema.
La falta de información puede hacer que los problemas expuestos no se perciban porque, si bien son reales, también son silenciosos y sin impacto visible en el presente. En primer lugar, porque Uruguay dispone de crédito internacional para financiar su déficit fiscal, y en segundo lugar porque los niños no realizan paros, ni marchas por 18 de Julio, ni están agremiados en una organización que los represente.
Esa falta de información puede hacer que una parte de los uruguayos esté disconforme con esta reforma porque no va a aumentar todas las jubilaciones sino solo las más chicas, o porque propone que en el futuro la mayoría de los uruguayos trabajemos un par de años más de lo que en promedio trabajamos hoy. Y un inconveniente de esa disconformidad proveniente de la desinformación es que puede ser aprovechada por parte del sistema político como mecanismo para juntar votos; algo que sería muy negativo, pero sobre lo cual tenemos antecedentes.
A quienes defienden a ultranza un aumento de las jubilaciones y la situación de los jubilados se les debe dar información que les permita ver que no son los jubilados los tratados injustamente en la actualidad, sino los niños. Y que, si quieren beneficiar a los jubilados, lo cual está muy bien, esperen para hacerlo al momento en que la pobreza entre ellos sea por lo menos igual a la pobreza entre los niños menores de seis años, esa que hoy es 12 veces mayor.
Esta reforma no es para aumentar todas las jubilaciones ni para trabajar el mismo tiempo que venimos trabajando desde hace casi 100 años, porque no puede serlo. Es una reforma para hacer posible que las jubilaciones se puedan seguir pagando en el futuro; es para acotar el crecimiento del déficit previsional y así poder destinar una parte mayor del gasto en protección social a la educación de los niños y adolescentes de hoy. Es una reforma para que nuestros hijos y nietos tengan un país viable en el que se quieran quedar a vivir, en el que elijan quedarse a vivir, porque ese país les dará oportunidades.
Por todo lo anterior, es mi intención que estas líneas sean de utilidad a un grupo de profesionales que están llamados a jugar un papel esencial en esta reforma: me refiero a periodistas, formadores de opinión y comunicadores. Esto no es más que una modesta contribución para que ellos dispongan de más herramientas que les permitan sensibilizar respecto de estos temas a la población y que esta, entonces, le exija a todo el sistema político que se ponga las pilas y procese esta reforma del sistema previsional a la mayor brevedad.
Conseguiremos con esto dos cosas importantes: por un lado, que se comiencen a solucionar los problemas descritos y, por otro, que tengamos en Uruguay un sistema previsional que, a diferencia del actual, sea capaz de cumplir la promesa que les hace a las generaciones futuras.
Carlos Matyszczyk
