Trabas administrativas demoran el arribo de armas no letales

A través del mecanismo de compra directa por excepción, en julio de 2018 el ministerio adquirió armamento no letal por un total aproximado de US$ 1,1 millones. El ministerio fundamentó la compra por excepción en que la publicación de la contratación “podría irrogar graves perjuicios para la seguridad pública, así como de los efectivos, tanto desde el punto de vista técnico como estratégico, resultando desfavorable la divulgación de información que pueda ser utilizada por terceros ajenos a la administración”.

Las armas son usadas por la policía rusa, y el ministerio tenía previsto recibirlas el año pasado, capacitar a los policías en su uso y tenerlas en funcionamiento antes de 2020. Se trata de pistolas de munición no letal diseñadas para neutralizar a un adversario pero sin causar la muerte. Cargan balas de goma con un núcleo de refuerzo de metal, están equipadas con un puntero láser y diseñadas para reducir la posibilidad de riesgo de vida al evitar la penetración de la bala al cuerpo, aunque disparadas a corta distancia pueden causar heridas de gravedad. En Rusia se encuentran en manos de oficiales de aduana y de tránsito.

Su compra fue pensada por el gobierno como una alternativa más sencilla y rápida de ejecutar y menos polémica que implementar cambios al artículo 26 del Código Penal, que regula la legítima defensa. “Resulta eficiente para una diversidad de propósitos, distinguiéndose del resto de las armas no letales, en la combinación de diferentes recursos que le permitiría a un policía adecuarse a diferentes situaciones con una sola arma”, argumentó el ministerio en su informe técnico al Tribunal de Cuentas, que intervino el gasto en febrero de 2019.

“Tenemos que agregar la compra de armas que disparan munición no letal, porque se está dando un fenómeno que antes no era frecuente. Estamos hablando, por ejemplo, de personas que defienden a los delincuentes y tratan de demorar a la policía arrojando piedras, obstaculizando así la realización de los procedimientos. En esos casos los funcionarios no pueden disparar con munición letal, pero tienen que tener una alternativa de respuesta. Son para determinadas situaciones que a veces se dan”, había explicado Bonomi en su momento ante la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores.

El ministro decidió comprar las armas en abril de 2018 durante una misión oficial a Sochi, Rusia, en la cual Uruguay firmó un acuerdo sobre seguridad nacional, regional e internacional con la Oficina Ejecutiva del Consejo de Seguridad de Rusia.

La demora administrativa se da en un contexto de agresiones de delincuentes contra la Policía. En lo que va de enero dos oficiales fueron asesinados y un tercero quedó gravemente herido durante intentos de rapiña. “Tras los ataques que han recibido funcionarios policiales en el corriente mes y los audios viralizados donde se identifica a efectivos, donde viven o por donde circulan, y se manifiesta que se les va a robar el arma y el chaleco para vender por determinado monto, la Policía inició una investigación”, indicó el viernes 24 el Ministerio del Interior. Entre otros se realizaron allanamientos en los barrios capitalinos Tres Ombúes y Nuevo París. “La información que estamos recibiendo y procesando indica que esta situación puede extenderse y que hay un interés de un ofrecimiento de sumas de dinero importante para quien ataque a policías y le saque el arma”, dijo a Canal 4 el director nacional de Policía, Mario Layera.

El lunes 27 el Sindicato Único de Policías del Uruguay organizó concentraciones en todo el país para sensibilizar a las autoridades sobre el problema.