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El Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Tabaré Vázquez instruyó medidas concretas para que las empresas públicas mejoren su desempeño financiero y colaboren en la reducción del desequilibrio fiscal, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.
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El propio Vázquez, acompañado por el ministro de Economía, Danilo Astori, el jefe de asesores de esa cartera, Andrés Masoller, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, hicieron la comunicación en una reunión mantenida el jueves 14 en la residencia de Suárez y Reyes con los presidentes de Ancap, José Coya; de Antel, Andrés Tolosa, de OSE, Milton Machado; de la Administración Nacional de Puertos, Alberto Díaz, y de UTE, Gonzalo Casaravilla. Este último salió satisfecho del encuentro, ya que fue confirmado en el cargo, luego que el presidente evaluara su reemplazo (ver Búsqueda Nº 1.815).
Allí se les entregó una indicación por escrito de los montos autorizados de inversiones por año, así como de los recortes de gastos esperados. Eso fue acompañado de un instructivo que ordena cortar completamente la publicidad por parte de las empresas que actúan en mercados monopólicos y una reducción a la mitad en el caso de las otras, detallaron los informantes.
Otras medidas instruidas tienen relación con el gasto en recursos humanos. Por un lado, las empresas estatales no podrán cubrir el 25% de las vacantes que se generen en sus plantillas. Por otro deberán recortar el pago de horas extras.
A fin de 2013 —últimos datos publicados por la Oficina Nacional de Servicio Civil— UTE tenía 6.549 vínculos laborales (presupuestados, provisorios, contratos permanentes, eventuales, etc.), Ancap 2.675, OSE 1.805, ANP 1.043 y Antel 5.392.
Las fuentes consultadas hicieron notar que a la reunión en la residencia presidencial de Suárez y Reyes no fue convocada Carolina Cosse, ex presidenta de Antel y actual ministra de Industria, Energía y Minería, cuya cartera tiene injerencia sobre la actividad de algunos entes.
Antel, precisamente, enfrenta una situación financiera desfavorable y algunas licitaciones que estaban previstas para ser lanzadas en mayo fueron detenidas por orden de la Subgerencia General de Operaciones (ver Nº 1.815).
En el Poder Ejecutivo se entiende que el ajuste planteado a las empresas públicas es duro pero necesario, según los informantes.
Astori ha dicho que el gobierno tomó la decisión política de reducir el déficit fiscal —que en los 12 meses terminados en marzo se ubicó en el equivalente a 3,4% del Producto Bruto Interno— y que los entes deberán contribuir a ello.
Otras fuentes oficiales detallaron a Búsqueda que se aspira a que, por la vía de ganancias y otras transferencias, además de un manejo más cauto en las inversiones, aporten a Rentas Generales una cifra aproximada a los U$S 640 millones.
“Es la primera vez que se coordina la acción de las empresas públicas, incluyendo inversión y resultado corriente”, afirmó Astori a la prensa al finalizar la reunión. También destacó que hubo disposición de todos los jerarcas de los entes para alinearse a los planteos realizados desde el Poder Ejecutivo.
