Académicos advierten extranjerización ligada a la concentración y el anonimato en propiedad de la tierra

Acompañado por otro integrante de esa casa de estudios, Agustín Juncal, para exponer una visión de la academia respecto al asunto en cuestión, sobre todo con el aporte de informaciones y datos, Oyhantçabal comentó: “Sobre el proyecto de ley que están tratando, de acuerdo con el articulado, la lectura que hacemos es que se trata más de una regulación que de una prohibición porque, si bien se prohíbe, al mismo tiempo se establece un régimen de excepción”. “Nos da la impresión de que es similar al régimen que regula las sociedades anónimas con acciones al portador”, sostuvo.

Consideró a su vez que “no es solo un problema de cédula, de si se es nacional o extranjero, sino que es un criterio más de interés general la gestión sustentable en términos sociales, ambientales y económicos de un recurso que es estratégico” para el país. Además, “es finito y no reproducible”, porque no se puede fabricar el suelo, “y es sostén de la economía uruguaya, no el único, pero sí uno de los más importantes desde hace más de 150 años”, argumentó. Y señaló que “es de interés general que el Estado vele por la preservación de sus recursos y su buen uso”.

En cuanto a estudios e información sobre el tema en discusión, el integrante del Departamento de Ciencias Sociales indicó que en 1956 “las 65 empresas propietarias de tierras más grandes tenían más o menos el 10% de la superficie”. “El dato interesante es que la gran mayoría eran nacionales: eran 61 empresas que tenían casi el 90% o 95% de toda esa tierra en la cúpula de empresas más grandes”, dijo.

Comentó también que en 2020 “esas 65 empresas ahora acumulan un poco más de superficie”, por lo que esto “da una tendencia, indica un proceso de concentración en la cúpula empresarial —ahí viene la discusión de si eso es mucho o poco—: las 65 empresas más grandes pasan de tener el 10% al 15% del territorio”.

Aparecen “25 grupos extranjeros” que controlan “más de la mitad de esa superficie, entonces, como un primer fenómeno”, si se compara “el Uruguay de hoy con el de mitad del siglo XX, se verá que, entre los dueños de tierra más grandes hay un proceso de extranjerización”, destacó.

Durante su comparecencia en la Comisión de Ganadería del Senado, el académico sostuvo: “(Eso) lo podemos decir con relativa certeza; lo podemos fundamentar con números bastante exactos”.

En contra y a favor

En dicha instancia parlamentaria, pero el jueves 15 de octubre, directivos de la Federación Rural (FR) rechazaron la propuesta legal frenteamplista, pues consideraron que “el problema no es la nacionalidad, sino la concentración de la tierra, sea nacional o extranjera”.

“Compartimos la preocupación de fondo. El despoblamiento del interior, la pérdida de productores medianos y familiares, y la dificultad del productor para acceder a tierra son problemas reales”, advirtió esa gremial, en un documento entregado a los legisladores de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Senadores.

Ese mismo día, en entrevista con Agro de Búsqueda el expresidente de la Asociación Rural del Uruguay Gabriel Capurro se manifestó “a favor de regular” la compra de tierras por parte de extranjeros, discrepando de esta manera con la postura de la gremial, que en el Parlamento rechazó el objetivo propuesto en un proyecto de ley del FA.

Capurro planteó establecer un tope en ese sentido e implementar un “modelo escalonado” que fije “un máximo de superficie por titular extranjero, unas 1.000 hectáreas índice Coneat 100, por ejemplo”, y también “un máximo de extranjerización por departamento y a nivel país”. “El proceso de concentración y extranjerización de la tierra acelera el vaciamiento del interior rural”, sostuvo.

Capurro declaró: “No me puedo imaginar un Uruguay donde el 70% o el 80% de los dueños de la tierra sean extranjeros. Si eso sucede, habremos perdido nuestra identidad como nación”.

En tanto, la FR, en el documento en cuestión, advirtió que “restringir quién puede comprar le quita valor al campo del propietario actual, que es en su mayoría productor uruguayo, sin ninguna compensación”. Uruguay “construyó su atractivo sobre la previsibilidad de sus reglas y una señal de cambio en el régimen de propiedad tiene un costo en su reputación, que excede el sector”, señaló la gremial.

La FR propuso algunas medidas como la creación de un “sistema público de registro y trazabilidad de la propiedad de la tierra, que permita identificar claramente a los propietarios finales, y evitar que se oculten detrás de sociedades pantallas o fideicomisos”.

“Resulta imprescindible eliminar el régimen de excepciones y la facultad del Poder Ejecutivo de otorgarlas bajo cualquier argumento, ya que la experiencia demuestra que este mecanismo favorece a los grandes capitales con beneficios fiscales y debilita la posibilidad del acceso (a la tierra) a productores locales”, consideró la gremial de productores.