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Una evaluación señala fallas en la implementación por Uruguay de un compromiso con la OCDE
El Punto Nacional de Contacto creado en 2021 como adherente a la Declaración sobre Inversiones de la organización cuenta con recursos insuficientes y falta designar representantes
Uruguay adhirió en 2021 a la Declaración sobre Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En ese marco, un decreto del mismo año instaló un Punto Nacional de Contacto (PNC) para la Conducta Empresarial Responsable, requerido a los países firmantes para promover las Líneas Directrices emanadas de la declaración como recomendaciones de los gobiernos a las empresas multinacionales que operan en sus jurisdicciones.
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Un “examen entre pares” de la OCDE hizo una evaluación del PNC en Uruguay y formuló varias observaciones.
Este PNC cuenta con una estructura interinstitucional compuesta por una comisión interministerial y una secretaría ubicada en la Dirección de Política Comercial del Ministerio de Economía (MEF). Entre otras cosas, el informe señala que el PNC se reunió en 2022, pero no lo hizo entre 2023 y 2025, y no todas las instituciones integrantes habían designado representantes tras el cambio de administración de marzo de ese último año.
Además, el PNC cuenta con el apoyo de un órgano consultivo integrado por representantes de otros ministerios, así como por delegados del sector empresarial, los sindicatos y la sociedad civil. Sin embargo, este “no se ha reunido hasta la fecha y, según las opiniones de las partes interesadas, existe falta de claridad sobre su funcionamiento y sobre cómo se utiliza para interactuar con los distintos actores”, indica el examen de la OCDE.
Asimismo, las opiniones de las partes interesadas advirtieron una “falta de claridad y visibilidad respecto a la estructura del PNC, especialmente en lo relativo a su composición”.
El informe observa que los recursos de personal se redujeron en los últimos años y que, actualmente, el PNC cuenta con una persona que dedica el 25% de su tiempo a esas funciones, frente a una dotación de 0,45 equivalentes a tiempo completo en los dos años anteriores. En ese sentido, señala que el PNC “ha indicado que los recursos son insuficientes para atender todas sus responsabilidades. Según las opiniones de las partes interesadas de la sociedad civil, resulta esencial” que la entidad “cuente con personal a tiempo completo para poder desempeñar sus responsabilidades de manera eficaz”. Sobre este punto, el examen hace una recomendación concreta: “Como primera prioridad, Uruguay debería aumentar los recursos disponibles para el PNC” y tendría que contar con al menos una persona a tiempo completo.
En cuanto a las actividades, el examen recoge que en los últimos años el PNC organizó y participó “en un número limitado de actividades de promoción” de las Líneas Directrices y de la propia entidad.
El PNC “cuenta con presencia en línea gracias a su sitio web y ha informado anteriormente sobre el uso de redes sociales para su promoción, aunque esto no ha ocurrido desde 2022”.
Por otro lado, el examen señala que la entidad identifica como su “principal desafío” dar a conocer su función como mecanismo de reclamación.
Como síntesis, el informe consigna que “se han identificado oportunidades para que el PNC mejore sus esfuerzos de promoción, tales como una mayor interacción con sectores con experiencia o el aprovechamiento de su órgano consultivo”.
Otra recomendación es que el PNC relance sus operaciones y elabore un plan —que incluya también a su órgano consultivo— que permita evaluar en el futuro sus operaciones en la práctica. Propone realizar una primera evaluación un año después del relanzamiento, así como “revisiones internas periódicas para garantizar que el PNC siga siendo adecuado para su cometido”.
Líneas directrices
La “Declaración sobre Inversiones Internacionales y Empresas Multinacionales” y su anexo, las “Líneas Directrices de OCDE para Empresas Multinacionales”, fueron adoptadas por esa organización en 1976.
Contienen recomendaciones dirigidas a las empresas multinacionales para minimizar y resolver conflictos que puedan surgir a partir de sus operaciones, a la vez promover un efecto positivo en la economía social y ambiental en el país en el que desarrollan sus actividades. Ofrecen lineamientos para asegurar que esas actividades se desarrollen en armonía con las políticas públicas, se fortalezca la transparencia y la confianza mutua entre las empresas y las sociedades en las que actúan, contribuyan a mejorar el clima para la inversión extranjera y potencien la contribución de las empresas multinacionales al desarrollo sostenible.
Según la síntesis publicada por el Punto Nacional de Contacto en la web del MEF, estas líneas son “el único instrumento de Conducta Empresarial Responsable acordado multilateralmente que los gobiernos se han comprometido a promover”.
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