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El 14 de setiembre Javier García presentó públicamente una de sus ideas para financiar la renovación de la alicaída flota de la Armada Nacional. Lo hizo de manera formal, ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores, aunque sin brindar detalles. “Quiero señalar que la Armada Nacional tiene un patrimonio muy importante en Carrasco en la primera línea de la costa porque tiene varias hectáreas —me refiero al viejo Hotel Miramar— y es donde funciona la Escuela Naval. Tiene una ubicación geográfica que debe tener un valor inmobiliario muy importante, y nos preguntamos si es lógico seguir manteniendo la Escuela Naval en esa ubicación. ¿No sería lógico pensar en una transformación patrimonial realizando los activos, utilizando el producto de lo que puede significar ese predio inmenso en Carrasco? Entonces, estamos pensando en la posibilidad de ejercer una transformación patrimonial”, dijo el ministro de Defensa.
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Su propuesta de vender el predio de la Escuela Naval y mudar todos los servicios a la base naval de Laguna del Sauce causó una gran sorpresa a nivel militar, tanto en oficiales actuales como retirados. Las discrepancias con la idea se han hecho sentir públicamente mediante un movimiento liderado por exintegrantes de la Armada y apoyado por varias organizaciones marinas, mientras que políticamente ya cuenta con la posición contraria de Cabildo Abierto, uno de los aliados del Partido Nacional en la coalición de gobierno.
“Esperemos se recapacite sobre esta iniciativa”, aseguró el capitán de Navío retirado Miguel De Ocampo, presidente de la Agrupación Pedro Campbell de Cabildo Abierto, en una carta enviada un mes atrás a Búsqueda(Nº 2.098). De Ocampo dijo que los alumnos, docentes y egresados de la Escuela Naval consideran que la edificación actual es “adecuada para su propósito”.
Fuentes militares consultadas por Búsqueda indicaron que no solamente en la interna de la Escuela Naval existen reparos con la decisión de vender el predio de Carrasco, sino que, en mayor o menor medida, también hay desacuerdos en mandos superiores y medios de la Armada, que obedecen la decisión adoptada por García, pero no concuerdan completamente con ella por razones similares a las que esgrimen Cabildo Abierto y los retirados militares: la importancia del valor educativo, moral e histórico del edificio y la incertidumbre sobre si la operación es económicamente redituable.
“La Armada Nacional vive momentos críticos producto de la falta de inversión para la adquisición del material necesario que le permita cumplir con la misión definida por el nivel político. Si además de esta realidad objetiva, el mismo nivel político de la conducción nacional afecta la fuente de sus recursos humanos, el resultado será tan catastrófico como previsible”, aseguró la Asociación CF Ramiro Jouan, que reúne a exalumnos de la Escuela Naval, en un documento al que accedió Búsqueda. Al análisis realizado por esta agrupación adhirieron 15 organizaciones relacionadas con el ámbito marítimo, entre ellas el Club Naval, la Liga Marítima Uruguaya y la Asociación de Reservistas Navales.
El documento sostiene que la Escuela Naval probablemente es el único campus universitario de todo el país, ya que incluye un instituto de enseñanza terciaria naval, uno de terciaria marítima, el Liceo Naval, la Escuela de Guerra Naval, un centro de enseñanza de cursos mercantes, el Complejo Deportivo Naval y laboratorios.
Concretar esta iniciativa “pondrá en riesgo a la Armada Nacional misma ya que se socavará la fuente donde se forma y perfecciona su capital más preciado y el único imprescindible, sus recursos humanos”, concluye al final del análisis. Entre otras críticas, sostiene que la venta del predio “limitará dramáticamente” la capacidad de reclutamiento de la Armada, degradará el nivel y las capacidades de las instalaciones y afectará la formación de marinos mercantes. “Se debe realizar un completo análisis de este proyecto, que seguramente permitirá tomar real conciencia de la magnitud, la trascendencia, la dificultad, el impacto, el perjuicio y la gravedad que conlleva su ejecución”, finaliza.
En la misma línea se expresa el editorial del número de diciembre de la Revista Naval, que define como imprescindible realizar un estudio profesional y transparente del proyecto. “No nos parece sinceramente una buena alternativa de negocio y de administración de los bienes públicos, el empeñarse en transacciones que, para resultar rentables, terminen tomando como factor de ajuste al nivel de capacidades necesarias y hoy disponibles”.
